La relación entre Uber y Reino Unido pasa, todavía, por momentos muy complejos. Desde que en septiembre de 2017, el regulador del transporte en el Londres decidiese retirar la licencia de operaciones a la compañía norteamericana, la situación ha sido cuanto tensa La relación con el gobernador, la seguridad de la compañía en lo que a pasajeros y conductores se refiere y, muy especialmente, el uso de Greyball –el sistema de localización de empleados de la administración pública con el objetivo de evitar los controles– fueron determinantes para el devenir de Uber en el país. Casi 50.000 conductores quedaban a expensas de saber si su actividad, bajo el dominio de la multinacional, seguiría adelante.

Fue en junio de este mismo año cuando el regulador y Uber volvían a verse las caras en los Tribunales. Bajo un acuerdo de vigilancia por parte de Transports for London, Uber volvía a recuperar su licencia durante 15 meses más. Un desliz en las condiciones del contrato pondría en alto riesgo la permanencia de la entidad. Meses después, la cuestión de los conductores solicitando ser dados de alta como empleados ponía a Uber de nuevo, en jaque.

Ahora, otro dolor de cabeza asoma en Reino Unido. Este mismo martes, la tecnológica ha recibido el anuncio de que debe pagar casi 400.000 euros (385.000 libras) en concepto de multa por haber comprometido los datos de 2,7 millones de clientes y 82.000 conductores tras un ataque cibernético. Direcciones, correo electrónicos, números de teléfono a los que el hackeo, efectuado en 2016, tuvo acceso; según la compañía, los datos de cuentas bancarias, tarjetas y Seguridad Social no fueron perturbados. Igualmente, el problema de la cuestión es que Uber confirmó que no informó del hackeo hasta un año después y que, además, pagó 100.000 dólares para destruir los datos robados a los autores del ataque. Desde el punto de vista de la Oficina del Comisionado de Información, ha recogido Bloomberg "esto no solo fue un grave fallo de la seguridad de los datos por parte de Uber, sino también un completo desprecio por los clientes y conductores cuya información personal fue robada".

Esta no es la primera multa que recibe la tecnológica a causa de una filtración de datos y la negación de los mismos. Holanda también ha condenado a Uber por la filtración de 2016. En este contexto, la filtración ya se ha cobrado la primera dimisión: la del hasta ahora máximo responsable de seguridad Joe Sullivan. Este ha sido despedido no solo por el error, sino por haber mantenido oculto un fallo durante un año.