La Procuraduría General de la República (PGR) no podrá dar más largas y tendrá que responder a todas las preguntas y solicitudes de información sobre el software espía Pegasus. En 2017, una investigación puso de relieve la compra de un malware de la empresa israelí NSO Group que fue utilizado por el Gobierno mexicano para espiar a periodistas, activistas de los derechos humanos y académicos.

Un juez ha ordenado a la PGR que admita las pruebas que se presentaron desde que el escándalo de ciberespionaje salió a la luz. Hasta el momento, se han entregado 70 evidencias, de las cuales solamente se han tenido en cuenta 9 y otras 49 han sido negadas por la autoridad.

"La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía", señalaron las organizaciones Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en un comunicado.

Las víctimas de Pegasus impugnaron esta decisión hasta que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México ha obligado a que siga la línea de investigación centrada en la adquisición del malware y su utilización ilegal por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

Asimismo, los denunciantes se han marcado otro tanto por la decisión de la justicia mexicana de rechazar la solicitud de la PGR para reservar información importante dentro del caso. Las víctimas, confirmó el juez, tienen el derecho a participar en la investigación y las autoridades denunciadas deben responder a las denuncias presentadas el año pasado.

La resolución obligará a la Procuraduría a pedir información a las instancias gubernamentales que tienen o tuvieron una vinculación con Pegasus, así como dar más detalles sobre la contratación del malware a NSO Group y sus implicados.

En el comunicado, las organizaciones afirmaron que la decisión tomada por el juez "es relevante pues demuestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una Procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad".

No obstante, destacaron la importancia de que se nombre a un panel de expertos y expertas independientes para dotar de imparcialidad a la investigación que podría probar la implicación del Gobierno mexicano en el software dedicado a espiar a periodistas o activistas.