La cuestión empezó en Barcelona, siguió por Madrid y Valencia, pero tomó su peor cariz en Baleares. La normativa de la comunidad insular era una de las más restrictivas en lo que a la actividad de Airbnb se refiere. Ahora, a la lista se une Canarias. De forma similar a las otras islas, el Gobierno de Canarias está a punto de aprobar un texto en el que se prohibirá el uso de viviendas de particulares, en zonas residenciales, como vivienda turística; con la salvedad de que los cabildos y ayuntamientos puedan añadir excepciones en función de las diferentes zonas afectadas.

A la espera de que se presenten alegaciones bajo el texto preliminar publicado por el Gobierno de Canarias, está previsto que el texto definitivo quede aprobado a finales de este año. Más o menos igual que lo que se espera en Madrid con la normativa impulsada por Carmena.

El objetivo del Gobierno de Canarias se posiciona en la misma línea que el resto de regiones: defender la vivienda y a los ciudadanos por encima de los intereses turísticos y el crecimiento desordenado de las poblaciones.

En términos generales, Canarias prohibe el alquiler vacacional en las zonas más turísticas de las islas. Es decir, de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Quedan fuera de la ecuación las islas verdes: La Palma, La Gomera o El Hierro.

En este momento, existen en Canarias unas 31.975 viviendas turísticas, de las cuales solo unas 7.000 cumplen la normativa de la manera que exige el gobierno de la región. Se solicitará un permiso de actividad y número de registro, con un máximo de 6 meses para ponerlo en vigor; además, aquellos que cuenten con más de tres viviendas entrarán en la categoría de profesionales.

Menos restrictiva que la Balear, en cualquier caso, la imposición de ciertas especificaciones ponen las cosas algo más complicadas a la tecnológica: números de teléfono de atención 24 horas para los usuarios o prohibición de alquileres en viviendas plurinacionales.