Los asaltos en el transporte público de lugares como el Estado de México no son una novedad. En los dos primeros meses de 2017 se reportaron diez robos diarios en un contexto en el que el 80% de los habitantes del estado piensa que el transporte público es inseguro y malo. Estos casos se repiten en otras partes del país y se amplían a otras formas de transporte como los taxis. En la Ciudad de México, las unidades piratas, los vehículos sin matrícula o con la placa "en trámite" también son los más peligrosos y donde se han reportado más casos de asaltos.

Los servicios de transporte privado llegaron al país con la intención de llenar ese hueco en el transporte, y ofrecen un servicio eficiente, con buenas condiciones y, sobre todo, seguro. Desde que Uber y Cabify llegaron al país, la competencia se ha basado en los precios por trayecto y la calidad del servicio.

Sin embargo, en los últimos meses, la seguridad ha estado en el punto de mira por un aspecto que no han sido capaces de asegurar, el de la seguridad. Uber estuvo en el centro de la polémica después de que un chofer de la compañía violara a una usuaria y fuera condenado a 19 años de cárcel. Desde el pasado viernes 15 de septiembre, Cabify está afrontando la muerte de la joven de 19 años Mara Fernanda Castilla, asesinada presuntamente por su conductor del servicio de transporte privado después de estar ocho días desaparecida.

La joven salió de un bar en Puebla y pidió un taxi de Cabify para ir hasta su domicilio. El automóvil llegó a su destino, según grabaron las cámaras de seguridad, pero no se bajó del coche. Esa fue la última información que se supo de ella hasta que las autoridades encontraron su cuerpo el pasado viernes.

Desde que se reportó la desaparición de Castilla, la compañía emitió varios comunicados en los que explicaron que estaban colaborando con las autoridades para esclarecer el caso y que habían compartido información como los detalles del viaje, aunque afirmaron que no podían compartir con los medios y con el público los datos ya que podía "interferir y afectar la investigación".

A pesar de la colaboración de Cabify con las autoridades, el suceso ha puesto en duda su verdadera implicación en el caso. Antes de que se reportara la muerte de Castilla, la compañía afirmó que la usuaria había bajado del vehículo y que un supuesto secuestro no tenía nada que ver con el servicio de transporte privado. Una vez que se ha demostrado que la joven nunca se bajó del vehículo y que el chofer se perfila como el presunto culpable, Cabify sigue sin afrontar las consecuencias y, legalmente, tampoco tiene la obligación de hacerlo.

En sus políticas de privacidad, la compañía de transporte afirma que es el intermediario entre el usuario de la aplicación y el conductor, y todos los problemas que puedan surgir en los viajes se convierten en responsabilidad de las dos partes.

Cabify no evaluará la idoneidad, legalidad o capacidad de dicho servicio de transportes, renunciado al Usuario expresamente y exoneran a Cabify, de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación entre usted y la tercera parte, en virtud del uso del software o sus servicios.

Alejandro Sisniega, General Manager de Cabify en México, confirmó en entrevista con Hipertextual que la compañía es una plataforma que funciona como intermediaria y que los conductores no son empleados de la compañía ni los vehículos son propiedad de Cabify. La responsabilidad no recae, por lo tanto, en la empresa, aunque "nos estamos enfocando en dos medidas para el desarrollo tecnológico" y así mejorar la seguridad.

Nuevas medidas de seguridad

En un comunicado enviado este lunes 18 de septiembre, Cabify anunció que desarrollarán un botón de pánico para que los usuarios puedan alertar sobre situaciones de riesgo ante las autoridades. La medida es una "prioridad para Cabify en este momento", aunque Alejandro Sisniega no especificó cuando podría ponerse en práctica. Hasta el momento, tampoco está claro si todos los posibles incidentes durante un viaje podrán ser respondidos por las autoridades. "Los detalles de operación los estamos viendo con el equipo de producto", explicó.

La segunda medida anunciada este lunes incluye la opción de aportar datos de contactos de emergencia en el perfil del usuario, además de implementar nuevas maneras de garantizar la calidad de los conductores de la plataforma. El General Manager en México destacó para Hipertextual que la compañía está en plena disposición de mejorar los controles, aunque afirmó que ya son los más estrictos del mercado. "Pedimos más documentos que muchas empresas para contratar a conductores y eso que no son nuestros empleados. Los documentos están avalados y solicitamos información como la identificación oficial, comprobante de constancia de no antecedentes penales, en este caso los datos de la Fiscalía del Estado de Puebla e información sobre el domicilio". Sin embargo, la seguridad, según Sisniega, nunca puede garantizarse totalmente:

Por muchos exámenes que le hagas al conductor, hay algo en el ser humano que no se puede controlar. Podemos meter muchos más candados de seguridad para jamás garantizar completamente la seguridad.

Después de que fuera encontrado el cuerpo de Mara Fernanda Castilla después de ser abusada sexualmente y estrangulada por su agresor, el titular de la Secretaría General del Gobierno (SSG), Diódoro Carrasco, subrayó que pretendía tomar acciones legales en contra de Cabify. Al respecto, Alejandro Sisniega respondió que la compañía cumple "al cien por cien con los requisitos que nos solicita el Estado de Puebla para trabajar. Estamos bien establecidos en los estados donde operamos con las normas que ellos mismos nos piden".

Este pasado domingo 17 de septiembre, otro feminicidio conmocionó de nuevo a un país que no supera la lacra de los asesinatos. Miles de mujeres salieron a las calles de estados como Puebla, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México para reclamar de nuevo por las que ya no están y por las que fueron privadas de sus vidas. Las medidas de seguridad de los servicios de transporte privado tienen como objetivo garantizar una seguridad por la que la compañía no acabará respondiendo a causa de sus políticas. Las autoridades, por lo tanto, se perfilan como la única esperanza para exigir justicia en uno de los países con más impunidad del mundo, según el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI).