El conflicto de los taxistas contra Uber y Cabify, de estos contra los taxistas y de todos contra el mundo ha alcanzado un nuevo matiz: el de Cabify contra Podemos.

De sobra es conocido el poco amor que siente Podemos por compañías del estilo de Uber y Cabify, aunque más con los primeros. De hecho, una parte fundamental de su campaña política en la carrera por conquistar el liderado de la presidencia del Gobierno se centró en la lucha contra las compañías que se acogían a los tratados TTIP. La promesa central, que intentaba beneficiarse de alguno de los votos del gran número de taxistas que circulan por España, se basaba en la prohibición taxativa de este tipo de compañías por considerar que su tributación emigra a otras costas. Y lo cierto es que esto tampoco gustó en exceso al sector del taxi, que más propenso a la derecha política, vio el movimiento como oportunista. Tanto Alberto Garzón, como Pablo Iglesias, además de otros miembros del partido, mostraron su apoyo a través de tuits:

https://twitter.com/agarzon/status/869444859014283264

En cualquier caso, ayer y con motivo de la manifestación multitudinaria de taxistas en la capital, Pablo Iglesias, respaldado por Unidos Podemos-En Comú-En Marea, hizo acto de presencia a las puerta del Congreso de los Diputados para ponerse de parte de los taxistas. El resultado fue un huevazo de alguien que no estaba demasiado de su parte.

Y ahora, las consecuencias

La cuestión de toda esta sucesión de hechos es que ha traído consecuencias para el partido de Iglesias. Uno de los lemas del discurso de la enseña es que tanto Uber como Cabify ejercen su tributación fuera de España. En Holanda en el caso de los primeros y en Delaware en los segundos. Y esto no ha gustado a la compañía española que, según ha podido saber Eldiario.es, tomará acciones legales contra el partido político por acusarles en la red social de no tributar en España.

Por su parte, Podemos ya ha respondido que no piensa retractarse del tuit y que no piensa retirarlo porque, según sus investigaciones, ambas empresas de transporte hacen un intensivo ejercicio de ingeniería fiscal para mantener esa estructura.

Lo cierto de todo esto es que el tema de la fiscalización es una cuestión muy sensible para Cabify, que ha reiterado su posición fiscal. Desde el primer momento se ha posicionado en una dimensión diferente a la de su principal competidor, asegurando que su sede fiscal en Delaware es motivo de una decisión de los primeros momentos de la compañía. Recordando, además, que la ciudad norteamericana no está considerada un paraíso fiscal y que suele ser lugar de residencia principal por la facilidad a la hora de gestionar rondas de financiación. Insisten, además, que "con independencia de la matriz original, en España Cabify opera a través de Maxi Mobility Spain SL, con la que cumple con todos los requisitos fiscales pertinentes, pagando el 100% de los impuestos correspondientes en España, a través de la facturación del 100% de los trayecto.

Añaden que no sólo se tributa por la comisión del servicio, un modelo de negocio que se extiende a compañías como Airbnb que se basan en esa estructura para el éxito.

Sea como fuere, en todo este embrollo Uber no se ha pronunciado contra Podemos, y estos no piensan retractarse de sus afirmaciones. Por lo que si todo sigue como hasta ahora, veremos quién se lleva el gato al agua ante un juez.