Comisiones Obreras ha denunciado la desigualdad salarial que sufren actualmente casi un millar de investigadores predoctorales de toda España. El sindicato ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por la situación en la que se encuentran los científicos beneficiarios de las convocatorias de Formación de Profesorado Universitario (FPU) de 2013 y 2014, pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras reclama que se declare el derecho de los jóvenes investigadores a "percibir la cuantía de 1.173 euros por catorce pagas durante el segundo año de actividad laboral formativa en lugar de los 1.025 euros que están percibiendo durante este curso", explica el sindicato en un comunicado. En la actualidad, todos los beneficiarios de las ayudas FPU 2014 y algunos de la convocatoria FPU 2013, los que se incorporaron unos meses más tarde, reciben mensualmente 148 euros menos de lo que deberían.
La discriminación salarial se produce porque el Ministerio de Educación, a la hora de publicar las convocatorias FPU 2013 y FPU 2014, procedió a actualizar sus condiciones laborales, estipulando los contratos predoctorales, pero olvidó actualizar el salario de dos generaciones enteras de investigadores. Como consecuencia, cuando se incorporaron a sus centros de trabajo los científicos beneficiarios de la siguiente convocatoria (FPU 2015), se da una discriminación efectiva en el sueldo que reciben, ya que la tercera generación de investigadores cobra desde el comienzo de la tesis doctoral 1.173 euros brutos en catorce pagas.
.@feccoo denuncia discriminación salarial del personal contratado predoctoral de 2º año. https://t.co/k8ErbSeGXG pic.twitter.com/qYQHZUdq71
— CCOO Enseñanza (@feccoo) 22 de marzo de 2017
"Para CCOO, las diferencias retributivas entre los contratados predoctorales vinculados a la convocatoria de 2015 y anteriores con los contratados de segundo año vinculados a la convocatoria de 2014 no están justificadas y constituyen una discriminación salarial ilícita, que vulnera el principio de igualdad", señalan en el comunicado. La diferencial salarial es "cuestionable", de acuerdo con las opiniones de los expertos consultados por Hipertextual, si se prueba que se realizan "los mismos trabajos, funciones o tareas".
El Gobierno defiende que se trata de "convocatorias distintas" y que no aumentó su salario por el problema del déficit, a pesar de que la propia normativa reconoce que se puede realizar dicho incremento para garantizar la equidad. La previsión fue incluida también en un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre, aunque nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado. La situación llega ahora a la Audiencia Nacional "ante la desidia del Ministerio de Educación", según la versión de Comisiones Obreras, ya que de momento el Gobierno no ha atendido las peticiones de los afectados.