El hallazgo de proyectiles en las inmediaciones del Instituto de Física Teórica (IFT) y del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), que han causado diversos daños materiales en el edificio que ambos centros ocupan, sigue sin resolverse aunque las primeras denuncias datan del año 2012. Los investigadores del campus madrileño de Cantoblanco lamentan que sus quejas hayan caído en saco roto, a pesar de que las balas, que proceden supuestamente del club de tiro cercano, hayan provocado mellas en las paredes, cristales rotos y el sonido constante de los disparos. "Hasta que pase una desgracia", comentaba un estudiante del IFT consultado por este medio.
La semana pasada, Manuel de León denunció haber recogido 18 balas en cinco minutos en los alrededores del edificio donde trabaja. El antiguo director del centro de Matemáticas, que fue cesado por el CSIC tras un episodio de acusaciones cruzadas de irregularidades que ha sido judicializado, lamentaba que en los últimos cuatro años no se hubiera hecho nada. Los proyectiles parecen proceder del Club de Tiro Cantoblanco, gestionado por la Federación Madrileña de Tiro Olímpico y el Restaurante Club de Tiro Cantoblanco, lugar donde impulsó su "imperio" el empresario Arturo Fernández.
En declaraciones realizadas a Hipertextual, tanto la Universidad Autónoma de Madrid como el CSIC señalaron que tomarían medidas para solucionar el problema lo antes posible. Los científicos de Cantoblanco, que trabajan bajo la amenaza constante de los disparos, denuncian la dejadez en resolver el problema durante los últimos cuatro años. Hace unas horas, Ainhoa Goñi, directora del Gabinete de Prensa del CSIC, explicaba a este medio que la Guardia Civil se personó la semana pasada en el edificio para iniciar una nueva investigación, con el fin de determinar el origen de los proyectiles encontrados y "tomar las medidas oportunas". El tema lo gestionan ahora desde Asuntos jurídicos del Consejo, junto con los responsables de la UAM, con el fin de "garantizar la seguridad de los trabajadores".
El riesgo de dos centros de excelencia
Pero, ¿quién es el responsable del grave riesgo por las "balas perdidas" de Cantoblanco? El abogado penalista José María de Pablo explica a Hipertextual que "primero habrá que averiguar de dónde proceden esos disparos y quién es el autor de los mismos". A su juicio, el IFT-ICMAT "podría pedir una indemnización por el importe de la reparación de los daños al responsable". Entre otros, los investigadores denuncian cristales rotos, balazos en las paredes del edificio y el ruido constante. Según el jurista Andreu Van den Eynde, "la existencia de daños sólo puede reclamarse por vía civil", de los que debe responder quien lo haya causado o lo permita, sea el autor de los disparos o el propio club de tiro.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la Federación Madrileña de Tiro Olímpico tomó diversas medidas de seguridad en el pasado para que las balas no alcanzasen las inmediaciones del IFT-ICMAT, situado a 1,5 km de distancia. La entidad retrasó el área desde donde se efectuaban los disparos y colocó unos postes de madera de dos metros de altura para que los proyectiles no salieran del recinto. Hipertextual se ha puesto en contacto con la organización para recabar su versión de los hechos. José Manuel López Baile, portavoz de la entidad, niega que las balas procedan del campo y reta a cualquier persona a que demuestre su procedencia. Según pudo confirmar este medio, los terrenos del campo pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid, que cedió la explotación de los mismos a la Federación y al Restaurante Club de Tiro Cantoblanco.
José María de Pablo sostiene que "sólo puede pedir responsabilidades quien sufra daños". En el caso de que un trabajador del IFT-ICMAT resultase herido por un disparo, por ejemplo, "podrá pedir una indemnización a quien se los haya ocasionado, en principio el autor de los disparos". En su opinión, únicamente "podría reclamar al empleador si se demuestra que tiene algún tipo de responsabilidad por negligencia o falta de seguridad". A juicio de Van den Eynde, se trataría de un problema de riesgos laborales. En este caso, tanto el IFT como el ICMAT son centros de excelencia Severo Ochoa pertenecientes al CSIC y a la UAM. "Si se acreditara que existe una situación de riesgo laboral evidente tolerada por el empleador, podría darse un delito de falta de medidas de seguridad laboral del artículo 316 o 317 del Código Penal", comenta el abogado. Además de las declaraciones del CSIC y de la UAM, el matemático Manuel de León sugería a través de su cuenta de Twitter tomar medidas para proteger al personal del edificio. Entre otras, cerrar la entrada principal para acceder sólo por la posterior y trasladar de despachos a los investigadores afectados.
Carlos Cuéllar, de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, comenta a Hipertextual que el sindicato llevará el tema a la Mesa del CSIC. "Exigiremos que se tomen medidas y se identifique la procedencia de las balas", sostiene el portavoz, que destaca la importancia de "garantizar la seguridad en el desempeño laboral". En el caso de que el CSIC o la UAM no actuaran al respecto, CCOO baraja la posibilidad de denunciar ante la Guardia Civil o la Inspección de Trabajo para resolver el problema. "Mientras no se pueda garantizar la seguridad de los empleados, que paralicen la actividad y se establezcan las medidas oportunas", dice Cuéllar en conversación telefónica con este medio.
De Pablo y Van den Eynde coinciden en que sólo se daría el salto al Derecho Penal si se produjera una situación calificable de lesiones u homicidio imprudente. "Para ello deben darse algunos requisitos: que el resultado de lesión sea atribuible a una conducta negligente, y ello significa que la previsibilidad del accidente deba ser alta. Tanto los tiradores como el club de tiro, para ser responsables de lesiones u homicidio, deben conocer que su conducta genera un riesgo evidente y ello lo debe entender también el juez que analice el caso", explica el abogado penalista Andreu Van den Eynde. De Pablo añade que el responsable sería, en todo caso, el autor de los disparos, una vez identificado. Sin embargo, el empleado podría pedir responsabilidades al CSIC o a la UAM en caso de lesiones siempre que se probase la existencia de una negligencia por su parte. "Si se demuestra que los disparos proceden de un club de tiro, y que han llegado al campus por no cumplir las normas de seguridad establecidas, entonces habría que exigir responsabilidad al correspondiente club de tiro", añade el jurista.
Los abogados consultados por este medio plantean diferentes posibilidades para solucionar el caso de Cantoblanco. José María de Pablo aconseja "denunciarlo a la Policía" y que así se investigue de dónde proceden los disparos. Las diferentes quejas realizadas, ante la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CSIC y la UAM, señalan como lugar de procedencia probable el Club de Tiro Cantoblanco, aunque no se ha llegado a confirmar este extremo. "Si es un campo de tiro, habrá que revisar sus medidas de seguridad", comenta el abogado.
En opinión de Van den Eynde, "se debería denunciar a la empresa ante la Inspección laboral por la seguridad de los trabajadores, enviar un burofax al club de tiro advirtiéndoles de la existencia de este riesgo para que no puedan alegar desconocimiento y denunciar al club ante la administración para que paralicen la actividad". El abogado añade que "si todo esto no hace que paren, [tendrían que] demandar si se produce resultado de daño o lesión". De momento sigue sin resolverse una situación que afecta a los más de 250 trabajadores habituales del IFT-ICMAT, aunque los centros han llegado a congregar a cerca de 2.000 personas con motivo de la celebración de algún congreso en el pasado.
