Al carro de la cultura española le sigue faltando la rueda de la ciencia. Muy a pesar de Santiago Ramón y Cajal."Los nexos que unen la investigación y el desarrollo socio-económico, asumidos de antiguo en los países avanzados, resultan en nuestra época, caracterizada por una sostenida crisis económica y una intensa competencia industrial, más evidentes que nunca. El reto de la llamada tercera revolución industrial exige, y de hecho está produciendo en aquellos países, un aumento constante de inversiones en investigación e innovación a fin de mantenerse en la vanguardia del cambio tecnológico" (sic). Esta reflexión, que parece sacada de cualquier manifiesto actual de apoyo a la **ciencia en España, cumple hoy treinta años.
El texto formó parte de la exposición de motivos de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica**, aprobada el 14 de abril de 1986. Aquella regulación fue el fruto del trabajo de "un grupo de científicos treintañeros [que] aterrizó como delicados elefantes en una cacharrería ministerial", según describía Victoria Ley en la revista Jot Down. Eran "los años locos", en los que esos investigadores, "seguramente con ingenuidad y sin darse cuenta de cómo se las gastaban allí, empezaron a armar una estructura impecable, moderna, abierta y por lo que se está viendo, muy difícil (pero no imposible) de destruir", sostenía Ley.
Los cimientos de la ciencia en España
Entre ellos se encontraba el Dr. Emilio Muñoz, uno de los responsables del diseño de aquel primer sistema de investigación tras la recuperación de la democracia. Muñoz es muy crítico con la situación actual de la ciencia en España. "Los investigadores han sido sabiamente inutilizados, no pueden ni respirar", lamenta. Las quejas son similares a las recopiladas por la **Dra. Amaya Moro Martín en la revista Nature en 2012, cuando calificaba la política científica de nuestro país como "suicida". Los recortes continuados, la fuga de cerebros o el envejecimiento progresivo del personal investigador lastran la situación de la ciencia en España, cuyas bases se establecieron hace tres décadas.
El Dr. Eduardo Oliver, presidente de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (SRUK/CERU), ve la situación de forma un poco más positiva. "Hoy disponemos de infraestructuras modernas con centros y grupos de reconocido prestigio internacional; contamos con convocatorias públicas, competitivas y con procesos de revisión por pares; existen los parques científico-tecnológicos; y tenemos un excelente y competitivo registro de publicaciones científicas pese a contar con menos recursos que otros países", explica por correo electrónico a Hipertextual. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la investigación sencillamente no existía, al menos a nivel gubernamental.
La ley de 1986 situó a la ciencia por primera vez en la agenda política española, sentando los cimientos de la investigación, así como su financiación, organización y coordinación entre el Estado y las autonomías
"La ley de 1986 la escribimos investigadores y gente que sabíamos de política científica", comenta a Hipertextual Emilio Muñoz. Aunque ya había habido una iniciativa anterior del ejecutivo de la UCD, con la creación efímera del Ministerio de Universidades e Investigación, la ley coincidió con el "impulso renovador del gobierno del PSOE", en palabras del científico, que también ocupó la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde 1988 hasta 1991. "La gente que estaba implicada [en la redacción de la ley] conocía la investigación, había trabajado en ello y quería que funcionara", sostiene Muñoz. "También estaban ministros como Miguel Boyer, que había formado parte del CERN, e incluso al vicepresidente Alfonso Guerra le encantaba. Había un auténtico apoyo general de todo el gobierno", destaca el hoy coordinador de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del **CIEMAT.
La regulación de 1986 sirvió para introducir por primera vez la ciencia en la agenda política. Seis años antes, un manifiesto publicado en El País por prestigiosos investigadores como el premio Nobel Severo Ochoa, Francisco Grande Covián, Nicolás Cabrera o Santiago Grisolía ya alertaba sobre el estado de la I+D. El texto, al igual que ocurría con la exposición de motivos de la Ley 13/1986, de 14 de abril, suena terriblemente actual. Su primer párrafo era un ataque directo contra la pasividad de los gobiernos de la época, que habían descuidado por completo el sistema de investigación:
La situación de la ciencia en España es indigna de un país desarrollado y celoso de su independencia. La política científica, uno de los grandes descubrimientos institucionales de los Estados modernos, es parte esencial de la política general, tan importante como la económica, la educativa, la internacional o de defensa. Por ello, es desalentadora la falta de atención del Gobierno y de las fuerzas políticas y económicas del país a esta realidad. Con una torpe visión del futuro, hemos postergado los aspectos creativos de la investigación a un pragmatismo a corto plazo propio de una sociedad de tipo colonial. Por dignidad intelectual, por el prestigio de nuestro país y por responsabilidad hacia generaciones venideras, esta situación debe cambiar. Los científicos españoles reclamamos nuestro derecho y asumimos nuestra responsabilidad de hacer una ciencia mejor y más útil para el país, y pedimos a los administradores del Estado que asuman la suya de facilitar los medios adecuados para el desarrollo de nuestra investigación.
Los medios que reclamaban los investigadores fueron implementados parcialmente en la regulación de 1986. En opinión de la Dra. Míriam Cueto Pérez, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, el marco "puso los cimientos del sistema de ciencia en España". Con ese objetivo, aquella regulación sirvió para desarrollar el plan nacional de investigación como "instrumento para financiar la ciencia" y establecer el modelo organizativo a nivel estatal, con el CSIC al frente de los organismos públicos de investigación. La ley de 1986 "se dictó cuando todavía las Comunidades Autónomas no habían desarrollado sus competencias", apunta Cueto Pérez. La investigación es, precisamente, una materia donde tanto el Estado como las CCAA tienen "competencias recurrentes". Según la jurista, la regulación fue importante pero "la coordinación quedó en el aire".
Comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía han realizado un esfuerzo importante en materia de investigación
Una opinión en la que también coincide la Dra. Laura Díez Bueso, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, que señala a Hipertextual que la ley de 1986 consiguió "poner a la ciencia en un primer plano". "Fue la primera normativa sobre un tema que no había tenido regulación, aunque ahora se ve manifiestamente incompleta e insuficiente", comenta. El texto, a su juicio, fue interesante al intentar estructurar mínimamente la gobernanza de la ciencia. Sin embargo, con el paso de los años, varias comunidades autónomas como el País Vasco, Madrid Cataluña, Andalucía, y el propio Estado se tomaron muy en serio la investigación, por lo que las previsiones del marco legal se quedaron "anticuadas", en palabras de Díez Bueso.
Los choques entre los gobiernos central y autonómicos por las competencias en materia de I+D se sucedieron en los siguientes años. Muestra de ello son los fallos del Tribunal Constitucional dirimiendo las atribuciones que tenía cada administración sobre el fomento de la investigación científica y técnica, como la sentencia número 53/1988 o la sentencia número 90/1992, en relación al País Vasco y Cataluña, respectivamente. Cueto Pérez explica que ambos fallos apuntan a que el gobierno "que coordina y organiza tiene un plus de competencias, si bien es cierto que las comunidades son reticentes a dejarse coordinar". La jurista sostiene que España debe tratar de acercarse a países con una "estructura territorial compleja", como Alemania o Austria, donde existe esa "concurrencia competencial" entre el Estado central y los Estados federados. Pero las dificultades que aparecieron en nuestro país tras la entrada en vigor de la Ley 13/1986 no son nuevas. "Alemania y Austria también tienen problemas de coordinación, no es tan sencillo como parece, sobre todo si no hay una voluntad política clara", postula la experta.
El envejecimiento y la precariedad laboral
Según Díez Bueso, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que derogó la normativa de 1986, consiguió "reforzar los mecanismos de cooperación". "La distribución de competencias la marcan precisamente la Constitución y los Estatutos de Autonomía, no se puede innovar en las leyes. En el caso de la ciencia, también se respeta esa distribución competencial y, concretamente, en la ley de 2011 se da más flexibilidad y presencia de las Comunidades Autónomas", aclara a Hipertextual. No es el único aspecto que reformaría el actual marco regulatorio de la investigación. "En 1986 la filosofía de la ley no hacía que el Estado pudiera priorizar las materias sobre las que había que investigar, era algo así como promover la ciencia a la carta. En el caso de 2011, en cambio, se insiste más en que debe haber una política científica dirigida desde el Estado y las Comunidades Autónomas, que también tiene que cuadrar con la libertad de los investigadores", subraya la jurista. Otra de las grandes diferencias con la legislación de hace tres décadas es que la ley de 2011 "se equipara a otros países europeos", impulsando una mayor coordinación entre los diferentes agentes implicados.
La edad media del personal científico del CSIC es de 53 años. La limitada tasa de reposición, la fuga de cerebros y la falta de financiación explican este envejecimiento
Muñoz, sin embargo, plantea una perspectiva un tanto diferente de la normativa vigente. "En la ley de la ciencia de 1986 no hubo reticencias. Yo la estuve defendiendo y expandiendo, por ejemplo, con la colaboración de la persona que se encargaba de la innovación en la CEOE. La regulación de 2011, que podía ser fantástica, llegó en mal momento. No tiene problemas, pero se necesitaban condiciones como las que hubo hace treinta años. Por ejemplo, se dio una especie de estimación teatral, con una votación en comisión y no por el pleno del Congreso de los Diputados, como sí ocurrió en 1986", matiza. En su opinión, la normativa nació un poco "alicorta". "En la ley hubo un excesivo peso de la visión tecnocrática, que ha incidido negativamente" en la situación actual de la ciencia en España.
"Vivimos en un impasse", lamenta el que fuera Director General de Política Científica entre 1982 y 1986 y Director General de Investigación Científica y Técnica durante el período 1986-1987. Muñoz critica de este modo "el preocupante estado" de la I+D española. "Hay gente muy buena que ha tenido que marcharse", lamenta. Cueto Pérez también señala que "ha disminuido infinitamente el número de ayudas, con lo que el acceso de los jóvenes se ha complicado". El progresivo envejecimiento de la comunidad científica es una realidad desde la década de los ochenta, sin que ningún gobierno haya afrontado este problema con vistas a solventarlo. En la memoria del CSIC de 1980, por ejemplo, se apuntaba que el 46% del personal investigador alcanzaba edades comprendidas entre 40 y 60 años, y para 1992, el 64% tendría más de 45 años. El documento también destacaba la "urgente necesidad que tiene el Organismo de incorporar, en los próximos años, a un buen número de jóvenes investigadores" (sic). 
Mirar al pasado nos permite ver que muchos problemas de la ciencia en España presentan un carácter histórico. La falta de inversión, la precariedad laboral o la inestabilidad de la I+D son sus males endémicos. Pero sin investigación, no habrá futuro.
Lejos de lograr una solución, esta situación se ha agravado todavía más en la última década. Así lo reconocía el propio Consejo en su Plan de Actuación 2014-2017, en el que señala que "la edad media del personal científico de las escalas propias del CSIC es de 53 años". El envejecimiento de la comunidad investigadora se ha acelerado por los límites en la tasa de reposición del 10% impuesta por la crisis económica y los recortes de los últimos tiempos. Los Presupuestos Generales del Estado de 2016, por fortuna, contemplan por primera vez que la tasa llegue en este ejercicio al 100% en el caso de los científicos. Sin embargo, no está claro que esta medida sirva para frenar la sangría y el envejecimiento de la comunidad investigadora. El blog La Ciencia y sus Demonios alertaba en 2013 de que "solamente una convocatoria sostenida de 200 plazas de CT [Científico Titular] durante cada año del período 2013-2025 bajaría la edad media por debajo de los 50 años. Ni que decir tiene que para llegar a las edades correspondientes al informe de 1980 haría falta una inversión todavía más ambiciosa".
Según alerta Comisiones Obreras, en algunas centros de investigación el 80% de los trabajadores tienen contratos temporales. Muchos de ellos cubren en realidad funciones estructurales
Según Oliver, "nuestro joven sistema de I+D no es perfecto", pues es sensible a ciclos políticos y económicos y cada vez está más envejecido. A su juicio, no es capaz de ofrecer una carrera investigadora bien definida y con condiciones laborales óptimas, y resulta muy poco atractivo al talento foráneo". Cueto Pérez sostiene además que "la carrera investigadora en los organismos públicos de I+D y en las universidades es larga. Tardas muchos años en poder llegar a un nivel profesional reconocido con cierta estabilidad". Sin embargo, la profesora de Derecho Administrativo no cree que sea un problema del marco regulatorio actual. "Es un tema más presupuestario", matiza. Díez Bueso también incide en esta cuestión. "Es importante que los políticos y la sociedad entiendan que la ciencia puede ser el motor de la política económica. Hemos comprendido muy bien que como había crisis, debía haber recortes. Pero en países como en Reino Unido y Alemania, ante la crisis, se planteó que había que poner más dinero en investigación. Ese es nuestro reto principal: entender que la ciencia sirve para la economía y para que un estado sea pionero", destaca la jurista.
La tasa de reposición, sin embargo, no ha sido el único gran problema de la comunidad investigadora en nuestro país. La excesiva precariedad laboral es otra de las grandes características de la ciencia en España. En palabras del Dr. Josep Moreno Gené, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de Lleida, "el CSIC abusó durante mucho tiempo de la contratación temporal". De este modo las personas que trabajaban en el Consejo iban encadenando contratos temporales durante años, hasta que algunos comenzaron a denunciarlo y el CSIC se vio obligado a consolidar su plaza de manera indefinida. Ante esta situación, y en lugar de dejar de contratar en fraude de ley, la administración pública ha ido sustituyendo el empleo estable (en forma de personal funcionario o laboral fijo) por contratos temporales. La sección sindical de Comisiones Obreras en el CSIC señala a Hipertextual que "en algunos centros el 80% de los trabajadores tiene contratos temporales. Ha habido casos en los que un científico o técnico ha acumulado contratos temporales durante 10 o 12 años, cuando las funciones que cubría eran de tipo estructural".
La falta de estrategias en la planificación de recursos humanos del CSIC y otras entidades de I+D en España ha sido criticada por colectivos como la Federación de Jóvenes Investigadores. Sin embargo, la organización aplaudió un avance clave en materia laboral que trajo la ley de 2011: la sustitución de las becas por contratos de trabajo. Cueto Pérez comenta a Hipertextual que dicha aportación "fue importante". "Se había luchado mucho para que los jóvenes científicos dejasen de ser becarios y [la ley] realizó un mejor diseño de la carrera profesional, de forma que el acceso a la ciencia se realiza ahora con contrato de trabajo", destaca.
La normativa de 2011 transformó las becas en contratos. Pero la precariedad laboral continúa con sistemas para calcular la ligitiosidad de los centros y evitar contratar a personas que hayan llevado al CSIC a juicio
La crisis económica, sin embargo, ha provocado una marcha atrás en las condiciones laborales. Y es que la implantación de medidas como la bolsa de empleo del CSIC ha dejado a centenares de investigadores en una situación incierta. El Consejo, para evitar ser denunciado por encadenar contratos temporales, introdujo una disposición por la que no consideraba elegibles durante cuatro meses para una nueva contratación en el mismo instituto o centro a aquellas personas que hubieran estado treinta meses trabajando allí. En la actualidad, sin embargo, el CSIC estudia reformar las bases que regulan dicha bolsa de empleo. Aunque la nueva propuesta eliminará la "línea roja" de los cuatro meses, Comisiones Obreras ya ha denunciado la vuelta de "listas negras" en la contratación. De este modo, el mayor organismo de investigación en España prohibirá la tramitación de propuestas de contratación de personas que "habiendo demandado al CSIC con la finalidad de obtener la indefinición en su relación laboral, tengan pendiente la resolución de su demanda, hasta el momento en que, en su caso, se produzca la correspondiente resolución judicial".
La última jugarreta del CSIC en materia laboral la adelantaba ayer el periodista Nuño Domínguez en El País. El presidente Emilio Lora-Tamayo ha informado a los centros pertenecientes al Consejo que impondrá un nuevo sistema para calcular la "litigiosidad" de cada instituto. El objetivo es limitar "la contratación de personal a los centros de investigación que tengan en sus filas un mayor número de trabajadores que hayan entrado después de una sentencia favorable o que estén pendientes de ella", resumía Domínguez. En lugar de promover un sistema de contratación estable, también se perseguirá a los jefes de grupos que tengan en plantilla a los empleados "por sentencia" e incluso se les recortará el sueldo. Más palos en las maltrechas ruedas de la ciencia en España.
En materia laboral, tampoco debemos olvidar la situación de las investigadoras. La ley de 1986, tal y como denunciaba la Dra. Eulalia Pérez Sedeño, del Instituto de Filosofía del CSIC, había ignorado el desequilibrio que había entre hombres y mujeres pertenecientes al personal científico. Por el contrario, la normativa de 2011 sí se propuso promover una presencia equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los últimos datos del Consejo, sin embargo, no invitan al optimismo. Parece que el "techo de cristal" sigue existiendo en el acceso de las mujeres a las plazas de las cátedras de las universidades, a pesar de las buenas intenciones de la regulación vigente. La situación obliga a las administraciones, según Oliver, a plantear "medidas que promuevan un entorno igualitario que favorezca la conciliación".
En cifras: ¿cómo ha cambiado la ciencia?
Desde la entrada en vigor de la primera Ley de la Ciencia, la evolución del sistema de I+D ha sido constante. Así, la normativa de 2011 admitía que la comunidad investigadora era en aquel año seis veces mayor que en la década de los ochenta. Como resultado, España había logrado situarse en el top ten de las potencias mundiales en ciencia**. Los drásticos recortes en la inversión pública en I+D, junto con el reducido gasto privado en investigación, han mermado un sistema que hasta 2009 soñó con transformar la economía del turismo y la construcción por otra basada en el conocimiento. Los datos, sin embargo, son demoledores.
La tímida recuperación económica de los últimos meses, estancada desde abril de 2016 según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, tampoco ha devuelto el optimismo a la comunidad científica. Los Presupuestos Generales del Estado destinan 6.519 millones de euros a la I+D civil y militar en España, de forma que la investigación retrocede una década. Y es que el gasto para este año será todavía menor que el proyectado para 2006, cuando se situó en 6.545 millones de euros. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística estimó en un 1,23% la inversión española en I+D sobre el PIB. Este porcentaje, muy alejado del objetivo del 2% que se había planteado para 2010, sitúa a España por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE en materia de gasto en investigación. Incluso países de nuestro entorno afectados por la crisis, como Portugal o Irlanda, invierten más en ciencia, como se observa a continuación.
Los indicadores de inversión en investigación no son los únicos que arrojan una perspectiva negativa de la ciencia en España. ¿Se protege nuestra I+D? ¿Es posible rentabilizarla y que llegue al mercado? Aunque hay notables excepciones, como la patente de la polimerasa de phi29 del grupo de la Dra. Margarita Salas y el Dr. Luis Blanco, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la situación es manifiestamente mejorable. Al valorar los resultados de la I+D, por ejemplo, la Fundación COTEC sostiene en su último informe que el número de patentes triádicas -aquellas solicitadas en Europa y Japón y concedidas también en EEUU- fue similar en 2012 al registrado en 2010. La entidad afirma que, en todo caso, estas cifras "son muy inferiores a los que corresponderían al peso económico de España [...] e incluso también al peso de su gasto en I+D". En otras palabras, las dimensiones de la economía nacional no se corresponden con el nivel de inversión en ciencia ni con el peso de los resultados de investigación.
La investigación sobrevive a duras penas
El Dr. José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, afirmaba en un debate organizado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) el pasado noviembre que "España ha dejado de invertir 20.000 millones de euros en ciencia". Sus palabras llamaban la atención sobre el "frenazo" que se había pegado en el esfuerzo inversor en I+D, que se mantuvo al alza hasta 2009. Muchos consideran aquel retroceso como un auténtico tren perdido.
Lo que también puede convertirse en otro tren perdido es la Agencia Estatal de Investigación. "Es el elemento estrella de la ley de 2011", comenta a Hipertextual la Dra. Míriam Cueto Pérez. De hecho, la propia normativa exigía la aprobación de la entidad en los doce meses siguientes a la entrada en vigor del nuevo marco regulador. Pero tuvieron que pasar cuatro años para que se materializara, no exenta de criticas. En palabras de la Dra. Aurelia Modrego, economista de la Universidad Carlos III de Madrid, "se ha demostrado que las agencias tienen el tiempo contado, puesto que han de desaparecer a cuatro años vista. Se ha visto que es un fraude, solo hay que ver la gestión del CSIC, que es una agencia".
La Agencia Estatal de Investigación ha sido criticada por "electoralista". La principal duda ahora es determinar si será independiente
En declaraciones a Hipertextual, Emilio Muñoz también se muestra muy crítico con la creación de la Agencia Estatal de Investigación, anunciada solo unas semanas antes de las elecciones del 20 de diciembre. "No tiene nada que ver [la agencia] con el European Research Council", la entidad europea en la que en principio se iba a inspirar el gobierno español. El proyecto debería haber estado más definido, contando con la participación de la comunidad científica. No tendrían que haberla sacado en esos momentos", lamenta el experto. En su opinión, tal y como está diseñada en la actualidad, la agencia solo cambiará la organización del Ministerio de Economía y Competitividad en materia de I+D y no resulta lógica su creación teniendo en cuenta la desaparición de las agencias, según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Díez Bueso señala a este medio que la entidad "ha partido de las estructuras administrativas que ya había y, de alguna manera, lo que ha hecho es arrancarlas de la Secretaría de Estado y conformar una agencia". "Hemos avanzado poco respecto a la gobernanza, podríamos haber mejorado la coordinación con las Comunidades Autónomas o establecer quién determina las líneas de la política científica. También se debería haber tomado ejemplo y aprendido de lo que hacen bien otros países de la UE, como Reino Unido y Alemania, pero no se ha hecho", lamenta la jurista.
"Es un sinsentido", subraya Cueto Pérez. La experta en Derecho Administrativo, por otro lado, explica a Hipertextual que no entiende la razón por la que se crea este órgano cuando el gobierno pretende hacer desaparecer las agencias. "Yo supongo que habrá una transformación. Lo que está claro es que el modelo de agencia no le gusta al ejecutivo, pues ofrece una mayor autonomía en la gestión económica, algo que es poco menos que un sacrilegio para Hacienda", afirma. La medida del gabinete de Carmen Vela, criticada por electoralista, es cuestionada también por su falta de independencia. Aunque de momento, ante un gobierno en funciones, tampoco es posible imaginar cuál será el desarrollo y el recorrido de la Agencia Estatal de Investigación.
Entre las recetas para salvar la ciencia en España, Sergio Ferrer citaba en El Confidencial la necesidad de contar con menos burocracia y más flexibilidad. La justificación de gastos de hace una década, debido al control en aumento del gobierno, ha provocado malestar en la comunidad investigadora. Se ha generado un clima de "desconfianza y desconocimiento", critica Muñoz. Por su parte, Cueto Pérez se muestra cautelosa. "En los proyectos te dan dinero público y debe haber controles, pero las normas tienen que estar claras. No se puede establecer controles al final que no hayan sido anunciados al principio de la ejecución", matiza.
Menos burocracia, más flexibilidad, financiación estable y plurianual y apuesta por la divulgación, entre las medidas que piden los investigadores
La jurista cree, no obstante, que hay márgenes para flexibilizar los trámites burocráticos. Entre otras medidas, cita el impulso de la vía electrónica, la necesidad de que una misma solicitud sirva para varias convocatorias o se dé traslado entre las administraciones y se fomenten las unidades de gestión de las universidades y los organismos públicos de I+D. "Así los investigadores nos podríamos dedicar principalmente a investigar, que es por lo que nos deben retribuir", apunta. En palabras de Oliver, el sistema español de ciencia "es rígido" al no favorecer "la circulación de los investigadores y del conocimiento" y carecer "de un sistema de evaluación de la calidad". "Ni premia a los mejores, ni castiga a los que no producen", recalca.
Otra petición de parte de la comunidad científica es que se adapten las reglas de juego. En ese sentido, Muñoz sostiene que "no se puede continuar con el estatuto de funcionariado, ha de ser un estatuto especial". El experto en política científica dice que "antes de reincorporar talento -una medida electoral de grupos como el PSOE o Podemos-, se debe diseñar una estrategia y puesta en marcha clara". Cueto Pérez no coincide con estos planteamientos. "Pueden convivir los dos modelos. No creo que la contratación laboral sea la panacea ni la solución al sistema de ciencia. Tampoco sé si el tema de ser o no funcionario es el problema", admite. A su juicio, las personas que acceden ahora tienen niveles elevados de formación y publicaciones. "Sí debemos ser más flexibles para atraer a talento extranjero, porque somos poco atractivos. Pero considero que está más ligado a niveles retributivos que a la carrera en sí", apostilla.
La endogamia, otra de las cuestiones citadas en campaña electoral por Ciudadanos o UPyD, es también un aspecto polémico de la ciencia en España. "Si la consideramos como corruptela, debe ser erradicada por completo. La selección de personal debe respetar criterios de mérito y capacidad", opina la jurista. En cambio, sí plantea que existe "poca movilidad", un problema que puede derivar también de la "rigidez" del sistema y del modelo territorial. "Pero como todo, se requiere financiación", señala.
En la crítica económica coinciden de forma unánime todos los expertos consultados por Hipertextual. "Es un tema político, los responsables deben creérselo de verdad", puntualiza Cueto Pérez. La jurista Díez Bueso apuesta por realizar un análisis a fondo y determinar a dónde queremos ir. "En Cataluña, por ejemplo, se ha visto que había elementos que valían, reconociendo lo que se había hecho bien. Pero también se han fusionado centros y se ha apostado claramente por la biomedicina", mantiene la profesora de la UB. Oliver reivindica presupuestos "crecientes y plurianuales", una de las peticiones clásicas de los científicos, y también de la sociedad SRUK/CERU.
El investigador asociado del Imperial College de Londres propone además que "la ciencia participe en diversos ámbitos de la sociedad, desde las escuelas al parlamento pasando por las actividades de la vida cotidiana". Por último, Muñoz pide al Estado que financie la investigación básica. "Y cuantas más empresas apuesten por la I+D, más avanzados estaremos", sostiene. Mirar al pasado nos permite ver que muchos problemas de la ciencia en España presentan un carácter histórico. Pero sin investigación, tampoco habrá futuro.