El juicio a Taringa lleva varios años dilatándose en el tiempo. En mayo del 2011 la justicia argentina determinaba que los dueños del sitio serían procesados por violar las leyes de propiedad intelectual. Un año después, publicábamos que la fiscal Felisa Krasucki había solicitado que los responsables de la página web fueran enviados a un juicio oral. Hoy, la Corte Suprema ha ratificado que se celebrará dicho juicio oral por presunta "violación a la ley de propiedad intelectual y permitir que a través de esa web se descarguen, de manera ilegal, obras sin autorización".

La Corte, con las firmas de los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, rechazó el planteo de la defensa de uno de los imputados: Alberto Nakayama. Han alegado que "no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal", al no existir un fallo sobre la que puedan pronunciarse ni la Cámara Federal de Casación Penal ni la Corte Suprema.

Los hermanos Matías y Hernán Botbol, además de Nakayama, crearon Taringa en 2004. Están imputados por la descarga de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. Un número, tan bajo, que me sorprende, debido a la cantidad de material con propiedad intelectual que se comparte en la plataforma. Por su parte, los responsables de Taringa han declarado su intención de que "esta cuestión se defina judicialmente lo antes posible" y añadieron:

Se han ofrecido ante el Tribunal Oral competente pruebas hasta ahora no valoradas, que habrán de demostrar que tanto el accionar de la empresa como las políticas comerciales establecidas para con sus usuarios, resultan acordes con la ley y con las pautas internacionales establecidas.

Dinero y propiedad intelectual

juicio a Taringa

La controversia alrededor de Taringa gira en torno a su modelo de negocio: un lobo con piel de cordero. La página web se escuda en que los usuarios son libres de compartir el contenido que quieran y que la plataforma no tiene nada que ver. Lo cierto es que, detrás de esos enlaces que comparten obras creadas por artistas, hay una maquinaria que no para de producir dinero a su costa. Es el eterno dilema de Internet: la piratería y la propiedad intelectual.

Compartir contenido sin ánimo de lucro sería otro tema a analizar. Pero en este caso en particular, se muestra una cara distinta al real cometido de la plataforma: generar dinero. Este tipo de páginas, obviamente, deben enfrentarse a la ley por los delitos que cometen. Algo que ocurrió con plataformas similares como Cuevana. Hoy en día existen alternativas como Spotify o Netflix, que aunque se puede debatir sobre ellas en ciertos puntos, ofrecen una alternativa a quienes no quieran gastar tanto dinero ni poseer el contenido de manera física.