Los trolls de patentes (copyright trolls) son un importante problema para la economía de Estados Unidos. De hecho, en 2011 tuvieron la lucha contra esta práctica tuvo un coste de unos 29.000 millones de dólares (otros estudios hablan de una cantidad mucho más elevada. Pero todo podría cambiar pronto gracias al fiscal general de Vermont, que ha dado a uno de estos trolls su propia medicina tras demandarle por su actividad, que considera "desleal" y "engañosa".
La compañía demandada, MPHJ Technology Investments, envió cartas amenazantes a diversos comercios y dos organizaciones sin ánimo de lucro del estado de Vermont. En ellas, MPHJ solicitaba el pago de unos 1.000 dólares por empleado en calidad de compensación por utilizar sin licencia una tecnología que habían patentado; nada más y nada menos que escanear un documento y enviarlo después por correo electrónico. El supuesto éxito de este programa de licencias les había permitido determinar el pago que consideraban justo sin necesidad de litigios.
Un precio justo por una licencia negociada de buena fe y sin necesidad de acción judicial es un pago de 900-1200 dólares por empleado.
Aunque pueda parecer una locura, hay muchas compañías que se dedican a esto, pues la legislación estadounidense lo permite y muchas empresas no quieren arriesgarse a ser multadas por infringir estos derechos. En otros casos (generalmente firmas de gran tamaño) el pago se realiza simplemente para evitar un proceso largo y tedioso que finalmente tendrá un coste mayor para la compañía demandada.
Sin embargo, parece que el fiscal general de Vermont quiere poner fin a esto. Según su demanda, las tres cartas que llegaba a enviar MPHJ contienen afirmaciones que son "falsas, engañosas y propensas a confundir a los negocios que las recibieron". Además, les acusa de no investigar si estas empresas (en este caso, siempre pequeñas) infringían sus patentes antes de enviar estas misivas.
Así pues, las prácticas de la compañía hoy demandada se han vuelto en su contra. Porque, por ejemplo, son pocas las empresas que han pagado su licencia, a pesar de que en las cartas aseguraban que lo han hecho prácticamente todas. Y, además, el precio medio del pago es inferior a los 900 dólares. Por este y otros motivos, el fiscal considera que MPHJ actuó de mala fe.
De todos modos, éste es simplemente el primer paso. Todavía debe tener lugar el juicio, en el que el demandante espera conseguir que se prohíba a esta empresa continuar con esta actividad, que devuelva el dinero recaudado y que pague una multa de 10.000 dólares por cada violación de la ley de protección del consumidor. Si lo logra, Vermont podría tener la clave para luchar contra los trolls de patentes.