Según podemos leer en lainformación.com, el nuevo canon digital podría salir del presupuesto de las universidades. Tras la anulación del canon en películas y discos, las entidades de gestión como Cedro, la SGAE de los libros, buscan una compensación vía tribunal que salga de las arcas públicas a través del presupuesto de las universidades. No sólo eso, la noticia indica que el borrador de la reforma de la LPI en marcha obligaría a pagar este canon formalizando su existencia y encargando el cobro a las sociedades de gestión.
¿Por qué? La información.com explica que la medida es la consecuencia de la situación vivida en el 2011, momento en el que Cedro demandó a la Universidad Autónoma, Central de Barcelona y Carlos III de Madrid por una serie de copias digitales que los profesores habrían subido a la intranet de los centros universitarios. La demanda indicaba que la subida del contenido a los campus virtuales ofrecía a los alumnos los libros con derechos de autor sin permiso alguno. Para ello, la sociedad llegó a matricular a dos detectives y que estos comprobaran el uso que se hacía de los contenidos.
Se pedía por tanto una indemnización de 5 euros por alumno y año (7,4 millones de euros anuales) por explotación ilegal de las obras, según Cedro, los investigadores detectaron el escaneo de libros así como la posibilidad de descarga de artículos de revistas.
Mientras las universidades opinan que Cedro pretendía cobrarles por un concepto que están pagando a las editoriales (127 millones en recursos de información, 65 por el acceso a la información electrónica) y cuyas licencias compradas incluyen los derechos de reproducción para fines educativos, desde la entidad de gestión consideran que son los depositarios universales de este derecho a cobrar por las copias digitales, y que como se paga por las fotocopias, su extensión es de forma automática.
Aunque desde las universidades se ha ofrecido una solución basada en el plan Bolonia y donde los profesores podrían exponer claramente al principio de cada curso qué libros se van a utilizar y así pagar por las obras que se van a utilizar, todo parece indicar que será la reforma de la LPI la que acabe siendo "juez".
¿Cómo? Con una modificación que establecería el canon a la sociedad de gestión de forma institucional. Un documento filtrado por Ibercrea del borrador de la reforma de la LPI dice lo siguiente:
>Los autores de las obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente, tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros educativos una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.
Dicho de otra forma, se autoriza la reproducción de obras con fines educativos, pero para ello Cedro será la que tiene todos los derechos y por tanto cobrará por ello. Además, a diferencia del anterior borrador, donde se negociaba el precio a pagar con los centro educativos, ahora sería únicamente Cedro la que marque el precio.