El gobierno de Estados Unidos ha presentado un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que confirme el veredicto que mantenía una sanción de 220.000 dólares en el caso de la RIAA contra el usuario Jammie Thomas por compartir en P2P. La administración Obama busca una sanción ejemplar para disuadir la "piratería" ante uno de los primeros casos en la historia sobre el intercambio de archivos, una multa de 9.250 dólares por cada una de las 24 canciones que compartió.

Un escrito donde el gobierno viene a presionar explicando que la cifra (un total de 220.000 dólares de sanción) no es una cantidad inconstitucional, más bien todo lo contrario, una multa necesaria para erradicar en el futuro la infracción del copyright en la red.

El juicio se trata de uno de los primeros grandes casos en Estados Unidos, una acción legal de la RIAA contra Thomas que ha durado más de media década y que actualmente se encontraba ante el Tribunal Supremo. Conocido como el primer gran caso contra la "piratería" en las P2P de un usuario "normal" y los cambios enormes en la indemnización concebidos a través de las diferentes audiencias.

En septiembre del 2012 el tribunal de apelaciones restableció la concesión original de 220.000 dólares después de que el caso se dirigió a la Corte Suprema. En ese momento la defensa argumentó que la sanción de 9.250 dólares por daños y perjuicios establecidos por canción compartida (24 en total) era inconstitucional. Los abogados de Thomas hablaban de una multa desproporcionada que no se ajustaba a los daños reales sufridos.

El gran vuelco en el caso ha llegado estos días. Por primera vez, la RIAA obtiene el apoyo incondicional de la administración Obama. El gobierno ha intervenido a favor de la sociedad, probablemente porque se trata del primer gran caso de intercambio de archivos que llega hasta la Corte Suprema. Tras el resultado de la apelación el gobierno de Estados Unidos quiere que se acelera el proceso como un ejemplo.

Una carta donde el gobierno apuesta por la RIAA y pide a la Corte que mantenga el veredicto actual intacto. Entre otras cosas, el gobierno insiste en que es necesario castigar sobre los daños y perjuicios que estas infracciones producen a la vez que puede servir para disuadir a participar en la "piratería" online. Según la administración:

Una sanción por daños y perjuicios establecidos en virtud de la Ley de derechos de autor no se limita a reparar un delito en privado, también sirve para reivindicar un interés público importante. Ese interés público no puede llevarse a cabo si se dificultan las sanciones reales efectivas en caso de infracción o se impide un medio eficaz de disuasión de nuevas violaciones de derechos de autor.

Aunque el gobierno no es parte del caso, en Estados Unidos tiene el derecho a pedir al tribunal que acepte su opinión al igual que cualquier otro tercero. Al hacerlo, el gobierno quiere asegurarse de que todos aquellos que compartan archivos de forma ilegal no sean capaces de salir con una multa simbólica. En este caso, Jammie Thomas está a un paso de tener que pagar 220.000 dólares por compartir 24 canciones en P2P.