España ha dado un paso significativo hacia la regulación de la inteligencia artificial al impulsar un proyecto de ley que impone severas sanciones a las empresas que no etiqueten adecuadamente el contenido generado por IA. La nueva legislación busca mitigar el uso indebido de las tecnologías de IA, incluidos los deepfakes, al tiempo que pretende proteger a los ciudadanos de aplicaciones dañinas.
De acuerdo con Reuters, España aprobó un proyecto de ley que exige requisitos estrictos de etiquetado para el contenido generado por IA. La normativa, propuesta por el Ministerio de Transformación Digital, se dirige a contenidos como videos, imágenes y audios alterados o creados mediante algoritmos de IA, pero presentados como medios auténticos. El incumplimiento se clasifica como una "infracción grave", con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de la empresa.
"La IA es una herramienta muy poderosa que puede utilizarse para mejorar nuestras vidas… o para difundir desinformación y atacar la democracia", dijo Óscar López, ministro de Transformación Digital. López señaló que los deepfakes, que imitan de manera convincente a personas y eventos reales, representan un peligro sustancial.
Más allá del etiquetado de contenido, el proyecto de ley también se centra en técnicas subliminales para manipular a poblaciones vulnerables. Ejemplos de esto sería un chatbot que incite a personas con comportamientos adictivos a apostar, o un juguete impulsado por IA que aliente a los niños a participar en actividades peligrosas.
España busca regular la IA para que no se salga de control
La legislación también prohíbe el uso de la IA para la clasificación biométrica y el perfilado conductual. Esta medida busca evitar que los sistemas clasifiquen a las personas según sus características físicas o de comportamiento para determinar la elegibilidad para servicios, beneficios o evaluar el riesgo de cometer delitos.
El proyecto de ley español se inspira en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la cual clasifica los sistemas de IA según sus riesgos potenciales y exige transparencia en las aplicaciones de alto riesgo. Para garantizar su cumplimiento la aplicación, el gobierno español se apoyará en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).
La agencia será responsable de supervisar las infracciones relacionadas con la IA, excepto en los casos donde los reguladores sectoriales tengan jurisdicción. Esto incluye cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos, investigaciones criminales, elecciones, calificación crediticia, seguros y mercados financieros, que seguirán bajo la supervisión de los respectivos organismos de control.
El proyecto de ley, que se tramitará por la vía de urgencia, seguirá los trámites preceptivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y envío a las Cortes para su aprobación.
