Está a punto de cumplirse un año desde que Google aplicase su nueva política de privacidad de manera unilateral (tras el preaviso que nos dio en el mes de enero de 2012). Este cambio suponía el tratamiento unificado de nuestros datos en todos los servicios de Google, es decir, dejábamos de ser usuarios de "servicios particulares" de Google para serlo de todos sus servicios a la vez; un matiz que servía para unificar los datos que almacenaban sobre nosotros y abrir la puerta a un tratamiento y procesamiento unificado. Al hacer efectivo el cambio, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de este cambio y, en el seno de la Unión Europea, la Comisión Europea exigió cambios que no han sido tenidos en cuenta por los de Mountain View y que han enfadado bastante a las autoridades comunitarias hasta el punto de que piensan emprender acciones legales contra Google.
En Francia, por ejemplo, el CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), que es el organismo encargado de la protección de los datos personales de los ciudadanos franceses, ha sido bastante taxativo y ha pedido que se lleve a cabo una "acción represiva y coordinada por las autoridades europeas" y, con esta idea, representantes de los 27 países miembros de la Unión sumarán sus esfuerzos para coordinar las acciones legales que llevarán a cabo en sus países y ante los reguladores europeos para que puedan ejecutarse este mismo verano.
¿Y cuál es el origen de todo este problema? Como ya hemos comentado en alguna que otra ocasión, se trata de la decisión de Google de compartir información de los usuarios de manera horizontal entre todos sus productos. Con este cambio, Google se auto-concede carta blanca para sumar toda la información que generamos en Gmail, el buscador, Gtalk o Google+ y utilizarla en esos o en otros servicios. Dicho de otra forma, el temor de las autoridades europeas es que Google recoja datos que se aportan con un fin y se utilicen con otro muy distinto sin que el usuario se dé cuenta de ello.
Google, sin embargo, ha alegado siempre que su nueva política de privacidad cumple la legislación comunitaria y que, simplemente, realizaron un esfuerzo en la simplificación de las políticas de uso para facilitarles las cosas a los propios usuarios. A pesar de las explicaciones de Google, las autoridades europeas consideran que los de Mountain View no ofrecen respuestas precisas ni tampoco operativas, algo que ha enojado especialmente a Francia que es el país que ha liderado el grupo de trabajo que analizó este giro en la política de Google.
¿Y a qué podría enfrentarse Google? Además del posible aluvión de críticas y declaraciones oficiales de las Agencias de Protección de Datos de los países de la Unión Europea, en muchos casos este tipo de entidades tiene capacidad sancionadora y, por tanto, podrían multar a los de Mountain View repetidas veces (una multa por cada país y, en Francia, serían 150.000 euros como mínimo salvo que se aplique el principio de "proporcionalidad al tamaño de la empresa sancionada").