Como si se tratara de un efecto dominó, la noticia de la SGAE con la denominada Operación SAGA podría quedar en algo menor tras los documentos que incriminan a una de las organizaciones que más han luchado en los últimos tiempos por los derechos de autor en Europa y las regulaciones en la red. IFPI, la RIAA europea, está siendo investigada por evasión de impuestos con una serie de documentos que incriminan directamente al CEO y al jefe de la organización, Sacchi Ivo y Batir Högger.
Al parecer, la investigación comenzó el mes pasado a raíz de una serie de documentos que apuntaban directamente a la cúpula de IFPI. En los mismos, se encontraban una serie de pruebas que mostraban la creación de una empresa fantasma con el fin de evadir impuestos ante la fiscalía alemana. Las cuentas y los nombres encontrados llevaron hasta la figura de Sacchi Ivo y Batir Högger, CEO y jefe de la organización, por lo que en estos momentos se investiga el alcance del fraude y hasta donde se ha llegado en el delito.
Como decía, IFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, viene a ser la RIAA en Europa, la organización que representa los intereses de la industria de la grabación por todo el mundo (representa a más de 1450 compañías).
RIAA e IFPI son los dos grupos de presión más importantes en los últimos tiempos en cuanto a regulaciones que aseguren un frente en la red contra las descargas y la infracción de los derechos de autor. Sus casos más sonados contra The Pirate Bay y la web de BitTorrent OINK.cd hace unos años la situaron en el mapa digital y fue señalada como uno de los lobbies más potentes desde entonces.
A partir de ahí, a los numerosos casos contra el uso ilícito del copyright en la red, se le sumaron iniciativas que acortaban la innovación en pos de sus intereses (llegó a ponerse en contra de Radiohead por compartir su disco In Rainbows con los usuarios). En los últimos meses se ha conformado como una de las grandes defensoras a ultranza de las regulaciones three strikes, propuesta iniciada en Europa con la infame Hadopi que funciona a través de tres avisos con cortes y multas para los infractores.
Habrá que esperar y ver la resolución final de este nuevo caso que se suma al de la propia SGAE en la Operación Saga. Similares en la forma, aunque con ligeras diferencias, la Sociedad General de Autores en España se encuentra en plena investigación acusada (parte de su cúpula) de presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida. Organizaciones ambas que supuestamente se encargaban de velar por los intereses de los "autores" y sus derechos, que estos días están perdiendo parte de su credibilidad ante una sociedad que no da crédito.