La Comisión Europea vuelve a la carga contra Intel y le aplica una multa de 376,36 millones de euros por abuso de posición dominante. De esta forma, los reguladores han reinstaurado parcialmente un castigo contra los dirigidos por Pat Gelsinger, luego de que una multa impuesta en 2009 fuera anulada el año pasado por el Tribunal General de la Unión Europea.
De acuerdo con la Comisión Europea, entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006, Intel le pagó a tres fabricantes de ordenadores (Acer, Lenovo y HP) para que retrasaran el lanzamiento de productos con procesadores de AMD. Esto se considera una severa infracción al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Lo verdaderamente curioso de este caso es que la aplicación del castigo económico contra Intel ha generado marchas y contramarchas entre la Comisión Europea y el Tribunal General. Si bien ambos organismos estaban de acuerdo en que la chipera estadounidense abusaba de su posición dominante, discrepaban en las penalidades exactas y en la justificación de las mismas.
Tengamos en cuenta que la multa original era por 1.060 millones de euros, una cifra bastante más elevada que la actual. Sin embargo, después de un extenso proceso legal que incluyó al menos dos apelaciones por parte de Intel, el Tribunal General optó por anular una parte de la decisión de la Comisión Europea y cancelar la multa original. La justificación fue que el monto de la penalización no se condecía con las faltas cometidas por la empresa.
Intel vuelve a sufrir un bofetón en Europa
De acuerdo con el fallo de 2009, Intel llevó a cabo dos prácticas ilegales:
- Les concedía descuentos ocultos (parciales y totales) a los fabricantes que adquirieran únicamente sus procesadores x86. O a los que, como mínimo, les compraran la mayoría de las CPU a utilizar en sus productos.
- Les pagaba a los fabricantes para que frenaran o retrasaran el lanzamiento de productos específicos que utilizaban procesadores x86 de competidores. En tal sentido, el principal afectado era AMD.
Lo que el Tribunal General de la Unión Europea hizo en 2022 fue descartar el primero de los dos puntos recién citados. Esto derivó en la también comentada anulación de la multa original.
De este modo, el nuevo castigo de 376 millones de euros que la Comisión Europea le impone a Intel corresponde solamente al abuso de posición dominante por los pagos realizados a Acer, HP y Lenovo. No obstante, los reguladores todavía no dan por perdida la batalla con respecto a los descuentos ocultos.
Las autoridades han apelado el fallo del Tribunal General y todavía esperan por una resolución. Si la corte finalmente le da la razón a la Comisión Europea, el monto de la multa podría volver a incrementarse. Lo que todavía no queda claro es si, en caso de concretarse, la cifra final vuelva a ser de 1.060 millones de euros.
Todo apunta a que esta historia todavía tiene mucho para dar de qué hablar. Estaremos atentos a las novedades.