Intel

Chris Potter (Flickr)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la sentencia del Tribunal General que confirmó la histórica multa de 1.060 millones de euros impuesta a Intel por parte de la Comisión Europea. La multinacional tecnológica fue sancionada por haber abusado de su posición dominante en el mercado de los microprocesadores, cometiendo una infracción contraria a la normativa europea sobre competencia.

Tal y como explica un comunicado del propio órgano, la sentencia del TJUE devuelve el asunto al Tribunal General al considerar que no examinó de forma adecuada las alegaciones presentadas por Intel. El segundo órgano deberá evaluar ahora la capacidad de los descuentos diseñados por Intel, a la que la Comisión Europea acusó de abuso de posición dominante. Por otro lado, el TJUE ha desestimado las alegaciones que Intel presentó sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para imponer la histórica multa y sobre la existencia de vicios de procedimiento.

"El Tribunal General no hizo un análisis de las alegaciones de Intel sobre el test que usó", explica a Hipertextual el abogado Sergio Carrasco, presidente de la Asociación Derecho en Red. "Lo que obliga [el TJUE] es a revisar la sentencia atendiendo a dichas alegaciones. No se puede resolver sin analizarlas", señala el letrado, que niega que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda afectar a otros casos como los de Google o Qualcomm, ya que la sentencia sobre Intel se trata de un "caso concreto, con circunstancias específicas".

Por qué se impuso la multa a Intel

La Comisión Europea consideró que Intel abusó de su posición dominante al desarrollar una estrategia monopolística con el fin de expulsar del mercado a su gran competidor, AMD. La compañía poseía una cuota de mercado de las CPUs x86 del 70% aproximadamente entre octubre de 2002 y diciembre de 2007.

El abuso de Intel, según la Unión Europea, se produjo a través de la concesión de descuentos a cuatro fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que estas empresas le compraran la totalidad o casi totalidad de sus microprocesadores. De forma simultánea, la multinacional realizó diversos pagos al distribuidor Media-Saturn-Holding con el fin de que solo vendiera ordenadores equipados con microprocesadores de Intel. Esta estrategia, de acuerdo con la Comisión Europea, redujo la capacidad de otras compañías para entrar en el mercado, disminuyendo las opciones de los consumidores y perjudicando también los incentivos a la innovación.

Como consecuencia la UE impulso una histórica multa a Intel de 1.060 millones de euros, que fue recurrida por la propia multinacional ante el Tribunal General con el objetivo de anular la decisión o reducir de forma sustancial dicha multa. Sin embargo, el órgano judicial desestimó el recurso interpuesto por Intel en junio de 2014. Posteriormente, la compañía presentó un recurso de casación ante el TJUE contra la sentencia del Tribunal General al considerar que no se habían examinado de forma adecuada los controvertidos descuentos tomando en consideración la totalidad de circunstancias.

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