Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y quien hasta hace unas semanas fungió como su CEO, ha sido arrestado en Bahamas, según han informado las autoridades de dicho país (vía CNBC). La detención se ha realizado después de que el gobierno de Estados Unidos presentara formalmente cargos contra el susodicho. Por lo tanto, se espera que soliciten su extradición para que su proceso legal se lleve a cabo en territorio norteamericano. La petición, de hecho, será atendida rápidamente por Bahamas.
"Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con la misma, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara el arresto de SBF [Sam Bankman-Fried] y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación. En el momento en que se haga una solicitud formal de extradición, Bahamas tiene la intención de procesarla con prontitud, de conformidad con la ley de las Bahamas y sus obligaciones de tratado con los Estados Unidos", menciona el comunicado emitido por el Fiscal General Ryan Pinder.
Ahora bien, esto no significa que Bahamas se olvidará por completo de Sam Bankman-Fried una vez que se concreta la extradición. Philip Davis, Primer Ministro del país, dijo que las autoridades locales continuarán realizando una investigación sobre las actividades del acusado. Será completamente independiente a la indagatoria estadounidense y también podría resultar en cargos criminales contra Bankman-Fried. Este último estaba citado para declarar el martes 13 de diciembre ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
"Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley. Mientras que los Estados Unidos presentan cargos penales contra Bankman-Fried individualmente, Las Bahamas continuará con sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares."
Philip Davis.
Sam Bankman-Fried no tiene escapatoria
Pese a la investigación que inició Estados Unidos, ya existía evidencia suficiente de las prácticas ilegales de Sam Bankman-Fried mientras era CEO de FTX. De hecho, una averiguación a nivel interno encontró que el antiguo directivo implementó una puerta trasera en el sistema contable de la plataforma de criptomonedas. ¿Con qué intención? Ocultar sus movimientos. Entre ellos, el supuesto desvío de 10.000 millones de dólares hacia Alameda Research, empresa hermana de FTX. Evidentemente, ese dinero pertenecía a los clientes.
A pesar del descubrimiento, Sam Bankman-Fried siempre ha negado haber realizado una movida ilegal, al menos de manera voluntaria. Eso no impidió que diversos organismos gubernamentales de Estados Unidos continuaran con su investigación. La semana pasada, la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes le solicitó al fundador de FTX presentarse a una audiencia el 13 de diciembre. No obstante, en un principio dijo que solo testificará hasta comprender todo lo sucedido.
Uno de los pretextos que usó es que una buena parte de sus datos personales estaban retenidos. Por lo tanto, difícilmente su declaración iba a ser útil a las autoridades. "Todavía no tengo acceso a gran parte de mis datos profesionales o personales. Así que hay un límite a lo que podré decir, y no seré tan útil como me gustaría. Pero como el comité sigue pensando que sería útil, estoy dispuesto a testificar el día 13", comentó en Twitter.
El propio Sam Bankman-Fried empezó a dar algunos pasos para intentar protegerse. Por ejemplo, la semana anterior anunció la contratación de Mark Cohen, un reconocido abogado y ex fiscal federal. Pero incluso con una defensa de renombre, no se va a salvar de una dura condena si se comprueba su culpabilidad. Expertos en la materia consideran que la sentencia podría superar con facilidad los 20 años de prisión. La clave está en que su actividad ilegal involucra una cantidad superior a los 550 millones de dólares, y que más de 25 personas resultaron afectadas.