La cuenta atrás lleva tiempo iniciada, pero hoy es, oficialmente, el penúltimo día para el conocido como Decreto Ábalos. La regulación, que puso un coto de cuatro años a la gestión de las licencias VTC en España –las mismas que Uber, Cabify y ahora Bolt necesitan para seguir operando–, tenía hasta el 30 de septiembre de este año. Durante este tiempo, las comunidades debían crear una regulación propia que adaptase la situación al nuevo paradigma de la movilidad.

También era una forma de "escurrir el bulto" para un Ministerio de Transporte que se enfrentó a algunas de las movilizaciones más grandes del sector del taxi. La pelota, que hasta ese momento residía en el Gobierno central, pasaba entonces a las comunidades autónomas. Lo escrito en el Decreto Ábalos era algo que el sector del taxi venía pidiendo desde hace tiempo. Un punto que, tras cuatro años, no ha salido del todo bien para las partes. Si bien Cataluña era positiva con las propuestas que podrían gestarse en su territorio, Madrid no las tenía todas consigo. El posicionamiento del histórico Gobierno del Partido Popular en la capital, antes del lado del taxi y ahora posicionado a favor de las nuevas formas de movilidad, no auguraba un buen resultado.

La realidad es que tras cuatro años de moratoria, prácticamente ninguna de las comunidades se ha puesto manos a la obra. De hecho, con la llegada de la pandemia por coronavirus, muchas de las regiones –y también las plataformas de movilidad– pidieron un aplazamiento de dos años adicionales. Madrid, Barcelona y Andalucía, prácticamente sobre la campana, han lanzado sus regulaciones más o menos a favor del las partes.

De hecho, Madrid y Barcelona se encuentran en las antípodas de la regulación. La capital ha mantenido una política continuista al Decreto Ábalos permitiendo el mantenimiento de la actividad; a la par que la nueva regulación del Ayuntamiento de Madrid ha ampliado los permisos para el taxi con la apertura de las franjas horarias del sector.

Barcelona, por su parte, fue muy clara: no es región para VTCs. Con un rosario de normas, que impedían la operación de prácticamente ninguna de las compañías en activo. Como respuesta, Cabify anunciaba ayudas a los propietarios de licencias a fin de poder cumplir los casi imposibles requisitos. De Uber aún no se tienen noticias; de hecho, fue la última en regresar a Barcelona tras su retirada en 2019. En Bolt añadía paragolpes homologados a sus vehículos para llegar al tamaño mínimo requerido. Esta era, con diferencia, la petición más complicada de lograr por varios motivos. El primero de ellos aplicaba a la longitud de los vehículos; con 4,90 metros de largo, la lista de modelos viables se reducía a 3. Todos de alta gama en un momento en el que la disponibilidad de los vehículos por la crisis de semiconductores sufre sus peores horas.

Al final de la lista de regulaciones que tenían que actualizarse antes del final del Decreto Ábalos, el caso de Andalucía. La más reciente de todas y con una respuesta que baila entre la posición de Madrid y Barcelona.

En total, 15.000 permisos VTC que ya tiene normativa de los 17.400 que hay en activo. De la lista de las regiones con más licencias quedaría Valencia, de la que se espera una normativa más cercana al taxi. Del resto, aún no se tienen noticias.

Cabify anuncia un largo periodo de incertidumbre tras el fin del Decreto Ábalos

Que el posicionamiento de Cabify –y por extensión, el resto de plataformas de movilidad– ante el Decreto Ábalos fue negativo es una realidad. Pese a todo, explican, "han mantenido escrupulosamente su cumplimiento desde su anuncio".

Pero, añaden, es el propio Ministerio y las Autoridades las que estarían llegando a un incumplimiento del propio texto. Concretamente con el llamado periodo indemnizatorio del propio Decreto por el cual se abría la posibilidad de establecer una “indemnización complementaria” por el número de años que permita recuperar las inversiones realizadas, “contados a partir de la finalización del plazo de 4 años”.

El unicornio español adelanta que, ante la falta de regulación en un gran número de regiones, habrá una avalancha de reclamaciones por parte de los titulares de licencias a las que se les tendrá prohibido operar. Todo con el objetivo de recuperar la inversión ante un título inválido en este momento.

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