La Unión Europea ha dado un paso más en su intención de poner fin al blanqueo con criptomonedas. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han llegado a un acuerdo que pretende obligar a los proveedores de estos activos a proporcionar información necesaria sobre las transacciones para, además del blanqueo, evitar que los movimientos sean completamente anónimos y, por ende, irrastreables por las autoridades.
Con el llamado Reglamento de Transferencia de Fondos (TFR, por sus siglas en inglés), que todavía debe pasar por diferentes procesos antes de aplicarse definitivamente, los proveedores de criptomonedas deberán recopilar y, en caso de que sea necesario, proporcionar a las autoridades, tanto la información del beneficiario de la transacción, como de la persona de origen.
Todo ello, además, independientemente de la cantidad que se envíe. Según la UE, porque la "velocidad y naturaleza virtual" de estaos movimientos "eluden fácilmente las reglas existentes basadas en los umbrales de transacción".
Esta medida también se aplica a las conocidas como unhosted wallets; carteras de criptomonedas que no están vinculadas a ningún proveedor. En este caso, con con los movimientos de aquellas transacciones que superen los más de 1.000 euros. El objetivo, en cualquier caso, es frenar diferentes movimientos sospechosos. Entre ellos, los podrían dar lugar al blanqueo de capitales o, incluso, a la financiación del terrorismo.
Los proveedores de criptomonedas, en contra de las nuevas medidas de la UE
La nueva normativa que prepara la UE, pese a que puede resultar correcta para evitar movimientos sospechosos e ilegales, no ha gustado nada a los proveedores de servicio de criptoactivos (CASP). Según Bloomberg, más de 40 compañías dedicadas a ofrecer plataformas de alojamiento y transacciones de critpomonedas, en las que se incluye Coinbase, han enviado una carta a los ministros de Economía de la UE para reflejar su desacuerdo.
El principal motivo reside en que la nueva medida que pretende obligar a los proveedores a informar sobre las transacciones, va en contra de uno de los principios básicos de las criptomonedas: la descentralización. Esta, básicamente, consiste oculta la información de los usuarios que realizan movimiento. De este modo, sus datos no distribuyen a ningún tercero y los diseños de estos son, por tanto, los propios usuarios.
Temen, además, que estas obligaciones puedan suponer un riesgo para la privacidad de sus clientes. La UE, no obstante, ha garantizado la protección de datos una vez el proyecto entre en vigor.