El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegan a un acuerdo para aprobar las medidas recogidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) dirigidas a sujetar a las grandes tecnológicas a una mayor responsabilidad por el contenido ilegal que se difunda en sus plataformas y servicios.
La aprobación ha concluido en la madrugada del sábado en Bruselas tras más de 16 horas de debate sobre las medidas recogidas en la DSA. Esta ley es pionera, pues está dirigida expresamente a las grandes compañías de Internet que hacen de intermediarios. A su vez, permite que los Gobiernos supervisen y controlen lo que suceda o pueda suceder en ellas.
«Estas nuevas normas protegerán a los usuarios de Internet», ha dicho Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea (CE), celebrando el acuerdo. «Lo que es ilegal fuera de la red será ilegal también dentro de ella en Europa».
Responsabilidad para los servicios intermediarios
La DSA se compone de varias medidas dirigidas a proteger la privacidad de sus usuarios, aumentar la transparencia de los algoritmos de las redes sociales, proteger a los menores, y, como novedad más significativa, dotar a la Unión Europea y a todos los estados miembros la posibilidad de supervisar tanto el funcionamiento de las redes sociales como el contenido que en éstas se difunde.
La Unión Europea tendrá acceso a los algoritmos que emplean las grandes plataformas online (La DSA considera como gran plataforma online a aquella que cuenten con más de 45 millones de usuarios activos al mes). Es decir, todos los Estados miembros de la UE podrán conocer con exactitud cómo funcionan los algoritmos que emplean para servir contenido que aumente el tiempo del usuario dentro de la aplicación.
Tanto Facebook como Google y similares estarán obligadas a ofrecer sistemas claros, rápidos y concisos que promuevan que los usuarios informen de contenido ilegal dentro de la plataforma. Tendrán que eliminarlo rápidamente, o se enfrentarán a multas récord, ya que su cuantía estará basada en el porcentaje de ganancias globales de la empresa, y no sólo de sus negocios en Europa.
Las víctimas de ciberviolencia estarán especialmente protegidas frente a la difusión de contenido sin su permiso (lo que se conoce como revenge porn), y las redes sociales tendrán que eliminarlo de forma inmediata. Esta inmediatez requerirá de una mayor inversión en equipos de moderación, ya que los algoritmos de inteligencia artificial no pueden saber si las fotografías o vídeos se han difundido con el consentimiento de la persona que sale en éstos.
Más transparencia para los usuarios... y para los Gobiernos
Cualquier servicio o red social de gran tamaño que emplee un sistema de recomendación de contenido o lo ordene por preferencias del usuario deberá ofrecer a su vez una opción que no tenga en cuenta sus preferencias. Es decir, Instagram tendrá que recomendarte cosas que podrían gustarte sin poderte preguntar qué es lo que te gusta. Sería como ir a pedir al librero que te recomiende un libro pero sin decirle qué te gusta o qué libros disfrutaste leyendo; te quedas callado y exiges que te recomiende algo bueno con ayuda de la ciencia infusa. Todo esto no tiene ningún sentido. Así que, a efectos prácticos, las redes sociales recurrirán a ofrecer sistemas de ordenamiento cronológico junto a los algoritmos de aprendizaje automático que emplean actualmente. La clave es que habrá la opción de evitar el algoritmo; pero en redes sociales como TikTok esto vuelve a carecer de sentido: atenta contra el propósito mismo del servicio.
Estará prohibido que las diferentes plataformas intenten manipular las decisiones de sus usuarios con «tácticas oscuras» dentro de sus servicios como usar un botón más grande que otro según convenga a la empresa a la hora de dar permisos en la trata de sus datos. A su vez, será obligatorio que el proceso de cancelación de servicio sea igual de rápido y sencillo que el de suscripción.
Cualquier plataforma accesible a menores deberá ofrecer un lugar especial sin publicidad dirigida de ningún tipo para éstos. No estará permitido recopilar información alguna sobre las preferencias de uso del menor para crear un perfil publicitario de éste.
Herramientas para que la UE pueda censurar información en las redes sociales
La ley también está dirigida a controlar o eliminar contenido que no necesariamente es ilegal.
Las grandes redes sociales y buscadores como Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etc. tendrán que cumplir con obligaciones más estrictas, proporcionales a los «importantes riesgos que plantean al ser plataformas de contenido ilegal y perjudicial, incluida la desinformación». Estas redes sociales estarán obligadas a realizar un análisis sobre los posibles riesgos que generan sus servicios e intentar atajarlos bajo la supervisión de la CE según estos criterios:
- Difusión de contenido ilegal
- Efectos adversos para los Derechos Fundamentales.
- Manipulación a través de los servicios para minar o alterar tanto los procesos democráticos como la seguridad pública.
- Posibles efectos adversos en menores o en la salud mental de los adultos.
Pese a que los encargados de elaborar el texto hablen de «proteger los derechos de la libertad de expresión» y «eliminar el contenido ilegal», una de las medidas aprobadas da derecho a que la UE pueda activar mecanismos para censurar o minimizar la difusión de cualquier información que sea considerada como dañina o perjudicial sin la necesidad de que ésta constituya de delito. Es un mecanismo de respuesta a determinadas crisis que se implantaría durante tres meses en caso de que la Comisión lo crea procedente. Se cita como ejemplo el contexto de la agresión rusa en Ucrania y la medida tomada de prohibir la difusión de propaganda por parte de los medios estatales rusos dentro de los Estados miembro.
«Se da una base legal a las actuaciones que llevó a cabo la Comisión respecto a la desinformación durante la pandemia del COVID y la propaganda rusa en la invasión de Ucrania. Y en la práctica ofrece a la Comisión y los Gobiernos herramientas de censura indirecta más allá de esos 3 meses», dice Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, quien considera la medida «muy peligrosa».
La ley ofrece un recurso legal para poder actuar de forma rápida y contundente sobre la difusión de información contraria al bienestar colectivo, según el criterio de la Unión. Pero, en el fondo, «Es una censura indirecta de los Gobiernos, en la que encima no se van a tener que manchar las manos», opina Adsuara. «Ya sólo tienen que decir a las redes sociales lo que quieren borrar».
La crisis originada por el virus de la COVID suscitó un debate público sobre la línea que separa la libertad de expresión y la salud pública. La DSA da herramientas para restringir la difusión de contenido que no es ilegal, como el escepticismo ante las medidas de contingencia adoptadas por los diferentes Gobiernos durante esta crisis sanitaria. Es necesario recordar el debate que suscitó el show de Joe Rogan al respecto: ¿debate bajo el amparo de la constitución o desinformación peligrosa?
Todos piensan en el discurso del odio de los que no piensan como ellos; pero no piensan en que si les entregamos el poder de censurar a las redes sociales, lo van utilizarán contra todos cuando quieran. Si lo hicieron con Donald Trump cuando todavía era Presidente de los EE.UU., ¿qué no harán contra el resto de los mortales?
Borja Adsuara
Próximos pasos tras la aprobación
El texto ha de ser finalizado a nivel técnico y verificado por juristas lingüistas, antes de que el Parlamento y el Consejo den su aprobación formal. Una vez completado este proceso, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y las normas comenzarán a aplicarse 15 meses después.
Del 23 al 27 de mayo, una delegación de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento visitará las sedes de varias empresas (Meta, Google, Apple y otras) en Silicon Valley para debatir en persona el paquete de la Ley de Servicios Digitales, así como otras legislaciones digitales en preparación, y escuchar la posición de las empresas americanas.
Se estima que esta regulación entrará en vigor a principios de 2024, y aplicaciones como Facebook o Twitter han de estar preparadas o se enfrentarán a multas récord.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata aboga por romper el blindaje que protege a las redes sociales como simples proveedores gracias a la Primera Enmienda y la Sección 230, y adoptar una regulación que permita controlar la difusión de cierta información que pudiere ser nociva «para la democracia», dijo Barack Obama este jueves en un discurso en la Universidad de Standford. El Partido Republicano, sin embargo está adoptando una postura opuesta. Sus dirigentes aseguran que el problema es censurar puntos de vista alternativos a la opinión del Gobierno, y ven en Elon Musk su gran aliado tras declarar que quiere comprar Twitter «para liberarla» y defender la libertad de expresión. Para los demócratas, esta libertad significa desinformar y atentar contra la democracia sin afrontar consecuencia alguna.
