Después de que en junio el Tribunal de la Unión Europea diese la razón a Apple sobre los 15.000 millones de dólares en impuestos al fisco irlandés, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha anunciado que recurre la decisión del alto tribunal, lo que supone que el asunto vuelva a ser examinado al considerar que se han cometido errores en la aplicación de la ley.
Justamente, el Tribunal de la Unión Europea determinó que la Comisión no había aportado suficientes pruebas para demostrar un trato de favor del fisco irlandés a Apple en materia tributaria, y que no por tanto la obligación de devolver los 15.000 millones de dólares en impuestos supuestamente impagadas no tenía efecto, decisión sobre la cabía recurso y que finalmente la Comisión ha presentado.
"La Comisión no ha logrado demostrar de manera jurídicamente suficiente la existencia de una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda pública" - Sentencia de junio del TJUE sobre el caso Apple.
Según Vestager, la decisión del Tribunal genera ciertas dudas en lo referente a las normas aplicables sobre las ayudas estatales en materia fiscal, y por tanto, han decidido recurrir la sentencia:
La sentencia del Tribunal General plantea importantes cuestiones legales que son de relevancia para la Comisión en su aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los casos de planificación fiscal. La Comisión también considera, respetuosamente, que en su sentencia el Tribunal General ha cometido una serie de errores de derecho”,
De momento y mientras se pronuncie el Tribunal sobre el recurso presentado, el dinero de Apple (o de Irlanda) está depositado en una cuenta bloqueada a la espera de la sentencia firme y la decisión final. Además, hasta que no haga público el recurso, se desconocen los errores de derecho que menciona Vestager, que en definitiva son los que podrían dar un vuelco al conflicto y que tendrían que ver con aplicaciones anteriores de decisiones del tribunal en cuestiones relativamente parecidas:
El Tribunal General ha confirmado en repetidas ocasiones el principio de que, si bien los Estados miembros tienen competencia para determinar su legislación fiscal, deben hacerlo respetando la legislación de la UE, incluidas las normas sobre ayudas estatales. Si los Estados miembros otorgan a determinadas empresas multinacionales ventajas fiscales que no están a disposición de sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la Unión Europea en violación de las normas sobre ayudas estatales.
