El mecanismo del mercado de derechos de emisión es una de esas cosas de la que mucha gente habla -sobre todo con el aumento de la preocupación por la crisis climática- pero que siempre se tratan desde una perspectiva lejana. Principalmente, por lo abigarrado y complejo de su legislación y funcionamiento.
Sin embargo, tiene consecuencias reales, tanto a nivel climático como económico. Y la crisis de la COVID-19 también le ha afectado. Durante el pico del confinamiento en marzo, el precio que se pagaba por emitir una tonelada extra de CO2 a la atmósfera pasó de los 25 euros en los que se había mantenido en los últimos meses a costar solo 15. Después, ha regresado hasta situarse en los niveles pre-confinamiento, aunque lejos de algunas estimaciones que afirmaban que para este año, y finales del mismo, debería superar la barrera de los 30 e incluso acercase a los 40.
“Es un mercado. Artificial, porque ha sido creado, pero a fin de cuentas un mercado, y por lo tanto cuando hay menor demanda, los precios caen”, cuenta a Hipertextual José María García, Country Manager en España y Portugal de la empresa Vertis, multinacional dedicada al comercio de productos ambientales, y que asesora a empresas en la compra y venta de derechos de emisión. “En Navidad hicimos una especie de juego que consistía en definir a qué nos dedicábamos como si se los contáramos a nuestra abuela. No es fácil”, cuenta.
El Mercado Europeo de Derechos de Emisión fue puesto en marcha en 2005 por la Unión Europea. El objetivo: crear un sistema que autorregulara cuánto CO2 y otros gases de efecto invernadero puede emitir la economía comunitaria que vaya fomentado que cada vez sea menos. Para ello el precio debía subir.
"Las empresas manejan sus derechos de emisión como cualquier otro activo, y por lo tanto pueden especular con ellos. El mercado lo permite".
El europeo sigue siendo a día de hoy el mercado de emisiones más grande del mundo, a pesar de que otros países han intentado poner sus propios protocolos en marcha. Su funcionamiento, no obstante, está marcado por multitud de reglas y excepciones que hace que muchas empresas acudan a firmas como Vertis para gestionar cuándo comprar y cuándo vender.
El mercado europeo funciona con un techo máximo, un límite de emisiones que no se puede superar y que la UE va rebajando gradualmente con el plan de cumplir sus objetivos climáticos. Y ese total de emisiones se reparten por estados y estos a su vez a las empresas, en formas de subastas, que acaban determinando el precio.
“Hay una parte del total de derechos que se otorgan gratuitamente a sectores comprometidos que pueden perder muchos puestos de trabajo si reciben nuevos gastos como podrían ser la adquisición de derechos. Pero los sectores que pueden ser gratuitos están regulados. La generación de energía, por ejemplo, paga sí o sí, por lo que debe acudir a las subastas”, explica Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontifica de Comillas y director del centro investigador Economics for Energy.
Las subastas de derechos de emisión se producen todos los días, de ahí que haya casi una actividad de trading para intentar conseguir los mejores precios, y almacenar derechos para usos futuros. Pero también hay un mercado secundario en el que una empresa a la que le sobran derechos puede venderlos a otra que los necesita y no ha conseguido lograrlos en subasta.
De ahí las enmiendas que muchos grupos ambientalistas ponen a este sistema, tildándolo de “especulativo” y poco “transparente”.
“El mercado fue creado con el objetivo de poner un precio a la contaminación, que además debía ir subiendo gradualmente, como está pasando, aunque quizá no tan rápido como se planeaba. En ese marco, las reglas del mercado permiten que las empresas compren sus derechos y los manejen como un activo más, y que por lo tanto especulen con él igual que lo hace una empresa con cualquier otro activo”, señala García, quien cree que es este funcionamiento de mercado el que ayuda a que los precios suban, y por lo tanto el objetivo se cumpla.
La opinión de Linares, que ha trabajado en investigaciones financiadas por BP pero también ha presentado propuestas de reforma para el actual sistema, también va por ahí. “Cierto grado de especulación en un mercado como este, en mi opinión, es bueno. El problema sería que un 80% de las compras se dieran con ese fin, pero la UE tiene actualmente mecanismos que lo evitan. Lo importante, no obstante, es que el mercado mande una señal de ‘eh, que el precio tira para arriba, id dejando de contaminar que sale caro’, algo que ahora se está consiguiendo y hace unos años, cuando los precios estaban planos, no era así”.
Ambos coinciden de forma tajante ante una pregunta clara: "¿Es un negocio?". "Sí".
¿Cuánto cuesta contaminar?
El mercado de emisiones europeo, sin embargo, no comenzó con buen pie. Prácticamente a la vez que entraba en vigor comenzó la crisis de 2008, lo que hizo que la tonelada de CO2 rápidamente bajara de rondar los 30 euros en un inicio -un valor que solo se recuperó a finales de 2019- a menos de 3 en el año 2013.
En otras palabras, contaminar salía muy barato.
“No eran los planes que la UE tenía para el mercado, desde luego. La crisis de 2008 hizo que los precios quedaran por debajo de los 10 euros hasta bien entrados en 2018, desde donde ha comenzado a subir hasta la actual situación de la COVID. Pero al final responde a una lógica de oferta y demanda. Con empresas cerradas, menos solicitudes de derechos, y por lo tanto precios más bajos”, señala Linares.
Todo ello ha redundado en que las previsiones de algunos think-thank que apuestan por la descarbonización vieran como sus previsiones de aumento de precios se quedaran obsoletas. Por ejemplo, Climate Tracker estimaba que para este invierno (2020) y 2021 los precios de derechos de emisión podrían rondar los 50 euros. Pero llegó el coronavirus.
Aún con todo, el precio parece haberse recuperado con fuerza tras los meses de confinamiento. “No es una situación asimilable a la de 2008. La regulación ha cambiado, los niveles máximos de emisiones se han reducido, y a expensas de lo que pueda pasar, el mercado y las empresas han entendido que las caídas de precio de marzo eran una situación coyuntural”, dice José María García.
Sobre si estos precios bajos han podido ser un buen incentivo para que algunas empresas hagan acopio de derechos baratos, para poder contaminar en un futuro de forma barata, el responsable de Vertis tiene una visión mixta. “Ha pasado como en otras muchas lecturas de esta crisis, que tenía muy poco margen de previsión. Ha habido empresas que han decidido hacer ahora una inversión en derechos que después pueden emplear o vender apostando a que el precio subía, y otras que han decidido no gastar a pesar de tener la oportunidad porque al final no sabían lo que podía pasar al día siguiente. Lo que sí que es cierto, es que ha habido volatilidad”, nos cuenta.
Lo que queda patente, es que tanto la crisis del 2008 como la del coronavirus, han hecho que los precios de los derechos no acaben de despegar del todo. “Lo ideal para el cumplimiento de los objetivos climáticos es que el precio fuera alto para incentivar el traslado de empresas fósiles y contaminantes a modelos más sostenibles. ¿Cuánto de alto? Pues seguramente más que ahora, pero está claro que la UE se ha movido desde la creación del mercado con una idea clara: incentivar la descarbonización sin ahogar el empleo”, sostiene Linares.
La panacea del Artículo 6 del Acuerdo de Paris
La reflexión de Linares está ligada con una de las grandes aspiraciones de la última COP25 de Madrid, donde el cacareado Artículo 6 del Acuerdo de París copó titulares por ser el punto clave de las negociaciones y finalmente quedar sin acuerdo.
Este Artículo 6 es el que regularía un futuro mercado internacional de derechos de emisión, o al menos mecanismos que pudieran hacer que fuera global en la práctica. Sobre la mesa, eliminar problemas heredados de Kioto como la doble contabilidad -que un país vendiera derechos a otro, y ambos se los descontaran de su cómputo de emisiones- o evitar que regiones más activas en la lucha contra el Cambio Climático, como Europa, salgan perdiendo laboral y económicamente por su apuesta sostenible.
Durante estos años, la UE ha ido rediseñando las reglas de su mercado de emisiones para hacerlas más duras. Actualmente estamos entrando en la Fase 4 (2021-2030), que prevé una reducción del límite de emisiones del 2,21% anual para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, aún no ha conseguido acabar con uno de los grandes problemas: el llamado ajuste en frontera.
“Pensar que todos los países del mundo, con sus distintos intereses, vayan a llegar a un acuerdo así es un poco iluso"
El ‘ajuste en frontera’ es el mecanismo por el cual la UE tendría un marco claro para gravar a bienes que llegan del extranjero por lo que han contaminado en sus países de origen. Todo ello redundaría en productos importados más caros, y que por lo tanto darían un mayor margen de competitividad a la industria europea, que sí que tiene que fijarse en sus emisiones y corre un riesgo casi perenne de deslocalización.
“Es un tema del que se habla mucho pero que no acaba de concretarse. Ahora mismo los Estados conceden derechos de emisión gratuitos a industrias que son susceptibles de no ser competitivas frente a las extranjeras”, explica Linares.
Pongamos el ejemplo de una siderúrgica española, una industria que contamina por la cantidad de energía que necesita para sus procesos. Estas empresas suelen recibir derechos gratuitos porque si se encareciera su actividad al pagar por ellos, les sería imposible competir con el acero extranjero, especialmente el que llega desde países donde no tienen ninguna traba ambiental.
Todo ello podría solucionarse con la creación de un mercado global como el que propugna la visión más idealista del Artículo 6, el cual, no obstante, ya lleva un año de retraso y no se finalizaría hasta 2022, debido a que la COP de este año se ha suspendido por el coronavirus.
Tanto García como Linares, no obstante, son escépticos. “Pensar que todos los países del mundo, con sus distintos intereses, vayan a llegar a un acuerdo así es un poco iluso en mi opinión. Pero el sistema actual podría solucionarse bastante bien con mecanismo de ajuste en frontera y ciertas garantías más allá del Artículo 6”, opina Linares.
Por su parte, José María García desde Vertis es todavía más tajante: “Si se aprueba el artículo 6 se hará siendo un documento donde todos queden contentos y que, en la práctica, bajo mi punto de vista, no cambiará mucho la situación actual”.