Comisión de servicios: “Adscripción temporal de un funcionario a un puesto de trabajo vacante distinto del propio para subvenir a necesidades urgentes e inaplazables […]”. Esta es la definición con la que el diccionario panhispánico, perteneciente a la RAE, define el servicio que lleva solicitando durante años Santiago Vallejo, un profesor de biología residente en Colmenar Viejo al que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid le está poniendo especialmente difícil lograr su objetivo.

Como define el diccionario, la suya es una necesidad urgente, debida a una enfermedad con la que lleva lidiando buena parte de su vida. Si no logra una plaza en la que ejercer su profesión cerca de casa, su salud peligra. Es fácil de comprender. Sin embargo, las opciones que se le han presentado durante los últimos años han dejado mucho que desear al respecto. Como resultado, se ha visto inmerso en una lucha judicial que, como tantas otras cuestiones de nuestras vidas, se encuentra actualmente paralizada por la pandemia de COVID-19. Estas es su historia.

Cuando trabajar puede ser peligroso

Cuando pensamos en un trabajo peligroso, nos vienen a la mente policías, bomberos, albañiles o sanitarios, cuyas vidas se ponen en riesgo en situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad.

El empleo de profesor no suele contemplarse como un riesgo en condiciones normales. Pero puede ser especialmente perjudicial en situaciones como la de Santiago, si no se hace nada para evitarlo.

Padece una diabetes tipo 1 muy lábil, caracterizada por frecuentes subidas y bajadas de glucosa, que le obligan a seguir unas pautas de ejercicio, dieta y administración de insulina muy estrictas.

Para ello, requiere un trabajo que le deje el tiempo libre suficiente para poder seguir esa rutina. Concretamente, se inyecta insulina de acción rápida tres veces al día, antes del desayuno, después de la comida y antes de la cena, e insulina de acción prolongada una vez al día, antes del desayuno. Además, debe hacer ejercicio regularmente, con caminatas todos los días.

Ninguna de estas pautas debería ser complicada para un profesor. Pero sí lo fue para él, porque el tiempo que tenía que invertir desde que salía de casa para trabajar, hasta que llegaba, era mucho más largo de lo normal.

Santiago Vallejo

Un accidente que lo cambió todo

En febrero de 2017, después de dos décadas ejerciendo como profesor, se encontraba conduciendo hacia el instituto cuando una hipoglucemia le hizo perder el control del coche. Salvó la vida por poco y no volvió a conducir nunca más. Desde entonces, los desplazamientos a su puesto de trabajo se reducen a las combinaciones que le permita el transporte público.

El problema es que esto le supone traslados más largos, que podrían afectar negativamente a la rutina necesaria para mantener a raya su diabetes. “Por prescripción de mi médico, no debo tardar más de 30 minutos en llegar al trabajo”, explica Vallejo a Hipertextual. “Es la mejor manera de que pueda ir hasta allí, trabajar, volver a casa, comer y realizar mi ejercicio diario”.

En septiembre de ese año, el primer nuevo curso después del accidente, fue destinado a un centro en Tres Cantos. Era una opción perfecta, pues tardaba poco tiempo en autobús desde su casa, en Colmenar Viejo.

Ahí empezaron sus problemas, pues al llegar allí encontró que la DAT Madrid Norte había enviado a una profesora interina para esa misma plaza. «Tenían constancia de mi nombramiento», recuerda el profesor de biología. «Sin embargo, intentaron que renunciara a la plaza achacándolo a un error». Ante esta situación, él demostró que su nombramiento había sido un acto administrativo firme y que, como tal, no podía ser revocado. Así finalizó el curso allí, con satisfacción tanto para él como para sus alumnos y compañeros.

Empieza el periplo de la comisión de servicios

A pesar de que se encontraba en un puesto perfecto, en el curso siguiente se le denegó una comisión de servicios por recomendación médica y se le adjudicó su primera plaza fija, tras 15 años como funcionario de carrera.

Esta se situaba en un instituto de La Cabrera, un municipio situado a 50 minutos en coche de su casa, pero sin transporte público directo. Necesitaba tomar varios autobuses, cuya combinación sumaba alrededor de 3 horas de desplazamiento. Esto le suponía levantarse a las 4 de la mañana. La primera dosis de insulina debe inyectarse 20 minutos antes del desayuno, pero hacerlo a esa hora significa dejar demasiado tiempo antes de la siguiente. Esto suponía una rutina muy estresante, que seguía con su tardía llegada a casa, alrededor de las 19:30. Si tenemos en cuenta que, como funcionario docente, le corresponde una hora y media diaria de trabajo en casa, acababan dándole las 21:00, ya sin tiempo para el ejercicio.

“En solo tres días de trabajo en esas condiciones tuve varias hiperglucemias, que llevaron a mi médico a darme la baja”, cuenta el profesor al otro lado del teléfono.

Cinco meses después, en febrero de 2019, tras una revisión de su caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social decretó que debía estar de alta. Por lo tanto, tendría que haberse incorporado a su puesto de trabajo, de nuevo en las mismas condiciones. Ante esta situación, sufrió un intenso ataque de ansiedad. “Los síntomas eran tan fuertes que creía que me estaba dando un infarto”.

Tras ser atendido en urgencias recibió una nueva baja, esta vez hasta junio. Pero Santiago no desea que su vida laboral se base en enlazar una baja con otra. Es una amante de la biología y la enseñanza, por lo que su mayor deseo es poder ejercer su profesión. Por eso, ya tanto con los informes de endocrinología como con los de psiquiatría, siguió solicitando la comisión de servicios.

El efecto de llegar a los medios

Tras ser obligado a volver al trabajo en febrero, Santiago denunció su caso a los tribunales, donde el juez le dio la razón: no había motivos para denegar la baja. La sentencia fue recurrida por la Comunidad de Madrid, pero aún no ha habido una nueva resolución. Por otro lado, la denegación de la comisión de servicios también se ha llevado a los tribunales. El juicio tendría que haberse celebrado el 21 de mayo, pero la pandemia lo ha retrasado todo. Finalmente, se ha decidido realizarlo sin que las partes estén presentes físicamente en la vista y se encuentran a la espera de resultados.

Pero esa no es la única espera que compone la agonía de Vallejo. Ante el silencio de la administración sobre su comisión de servicios, decidió difundir su caso en redes sociales y medios de comunicación. Y fue precisamente esto lo que hizo que se apresuraran en darle una solución.

“Tras ser entrevistado en Cadena SER, me llamaron para ofrecerme una plaza en Tres Cantos”, narra Santiago. “Se trataba de una plaza ilegal, porque no tenía listado de alumnos (iban cambiando a criterio del profesor del grupo de referencia), no había consentimiento firmado de los padres (ni siquiera habían hablado con ellos), yo no tenía programación didáctica que seguir ni estaba asignado a ningún departamento y, cuando no la asumí porque mi médico, dada la situación de mi enfermedad, se negó a darme el alta médica, no nombraron a ningún interino para que me sustituyera, cosa obligatoria por ley, ya que no puede haber ningún grupo de alumnos sin profesor”.

Volvía así a ese “Día de la Marmota” particular, en el que los choques contra el muro de la administración le obligaban a volver de nuevo a la casilla de salida, a la espera de un puesto de trabajo digno, en el que pueda ejercer su labor sin que su salud peligre.

Ni comisión de servicios, ni concurso de traslados

Este ha sido el primer año que Santiago ha podido participar en un concurso de traslados tras los dos cursos de permanencia obligatoria que tienen que cumplir los funcionarios docentes cuando les dan destino definitivo por primera vez. Dado el retraso en la concesión de una comisión de servicios, decidió hacerlo.

Había una plaza provisional en Colmenar Viejo que era idónea para él, muy cerca de casa y no bilingüe. “Sabía que la solicitaría un compañero de otro instituto de la misma localidad, con más puntos que yo”, reconoce Vallejo. “Pero entonces quedaría una plaza en el centro que él dejaba y yo podría optar a ella”.

Así fue, se la concedieron al otro profesor. En las plazas provisionales el puesto en el instituto que dejaba su compañero no existía. Era lógico, él aún seguía dentro. Pero Santiago no estaba en ninguna de las listas. Finalmente, la vacante nueva mutó automáticamente a bilingüe y su compañero se quedó en el centro de origen, por lo que, de nuevo, todas sus expectativas se vieron truncadas. Por lo tanto, este profesor madrileño sigue a la espera de que, con ayuda de la ley, se le dé una plaza acorde a sus necesidades.

En conversación con este medio, nos recuerda que tiene hijos en edad escolar y que, además, no puede alejarse de su hospital de referencia, el Infanta Sofía de Alcobendas. La solución no es mudarse a La Cabrera ni a ningún otro lugar. Por ese motivo, no le queda más remedio que mantenerse firme y seguir solicitando una plaza que le permita cuidar su salud sin alejarse de su casa.

Estos meses hemos leído y escuchado mucho sobre la necesidad de cuidar a los pacientes de riesgo de coronavirus. Él es uno de ellos. Pero, en realidad, su vida no corre peligro solo si enferma por este virus. Su salud peligra cada vez que se le deniega el derecho a ejercer su profesión de forma segura. Tan importante como un arnés para un albañil y una mascarilla para un sanitario es que un profesor diabético disponga de tiempo para cuidar su salud. Un EPI que no se ve, pero que también salva vidas.

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