La lucha del estado contra el fraude fiscal es no de los talones de Aquiles en la época de los pagos digitales y las criptomonedas. Aunque las diferentes campaña -y por extensión, normativas- de los diferentes gobiernos han ido poco a poco añadiendo nuevos supuestos para ampliar la acción del estado en la lucha contra la fiscalidad oculta en la red.
La década de la eclosión, auge -¿y caída?- de las criptomonedas
No obstante, las criptomonedas sigue siendo una de las fuentes más importantes de este fraude por su inexistente trazabilidad respecto a las transacciones, algo a lo que el Gobierno quiere ponerle coto. El Gobierno de España está preparando un nuevo marco regulatorio con el que fijar nuevos mecanismos para lucha contra el fraude fiscal, incluyendo la transposición de directivas sobre tributación que llegan directamente de Europa.
Aunque el texto definitivo que llegará al Parlamento incluye todos los mecanismos necesarios para reforzar la acción de Hacienda ante el fraude y la inclusión de nuevos tipos impositivos (veremos si la tasa Google es un de ellos), uno de los epicentro más importantes es la inclusión de medidas de control y supervisión de las criptomonedas.
En este sentido, una de las obligaciones que incluye esta nueva regulación de Hacienda es la de que personas y entidades tendrán la obligación de informar sobre posesión y uso de criptomonedas. La normativa también es extensible a todas las operaciones realizadas con criptomonedas, incluyendo la adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos con estos medios electrónicos.
También se obliga a informar de los saldos de monedas virtuales, que una vez aprobada la normativa tendrán que recogerse través del modelo 720.
