Iba a pasar tarde o temprano. El sector del taxi avisaba que el cierre del negocio en Cataluña, si bien era una buena noticia para el colectivo, iba a traer malas noticias para los compañeros de la capital.
Durante los días de huelga, celebrados antes del Mobile World Congress en Barcelona y a la par de Fitur en Madrid, la euforia del colectivo llenaba las calles. Este sentimiento llegó a su máximo nivel cuando la Generalitat anunció el decreto ley, altamente restrictivo con estas compañías. Era de suponer que, por efecto contagio, Madrid iría por la misma línea. Nada más lejos de la realidad. Tras más de 15 días de huelga, suponiendo un alto coste para un sector que se compone por autónomos, las negociaciones con la Comunidad de Madrid quedaron desiertas. Dos meses después, la situación sigue en tablas para ambas partes; la cercanía de las elecciones generales y autonómicas, y teniendo en cuenta la no revalidación de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad, ha dibujado uno de los peores panoramas para el taxi. Igualmente, tampoco es el mejor caldo de cultivo para las tecnológicas del transporte –Uber y Cabify–; para compañías que llevan en su ADN la inclusión de inversores en sus filas, la incertidumbre no es la mejor de las situaciones.
Los taxistas de Madrid deciden dar fin a la huelga indefinida
En este contexto, el número de licencias que regulan este tipo de vehículos ha empezado a recolocarse. El Ministerio de Fomento publica, cada mes, el estado de la situación en lo que a permisos VTC y licencias de taxi se refiere. Barcelona, siempre por detrás de Madrid en cuanto a magnitudes, se ha quedado ahora rezagada. Desde el último recuento, en febrero de 2019, el número de VTC ha descendido. Por su parte, las de Madrid –y en un segundo plano Valencia– han aumentado.
De esta manera, la capital cuenta con 7.269 licencias lo que hace que exista una por cada dos taxis. Esto dejaría la proporción 1/30 ya demasiado lejos de la realidad.
Igualmente, la situación no solo se mueve entre Comunidades, también entre las propias empresas. El viernes al última hora se pudo saber que Rosauro Varo, uno de los "señores de las VTC", vendía sus más de 2.000 licencias a Cabify. De esta manera es la propia tecnológica la que se hace cargo de la gestión de las flotas, y también de las dudas sobre el futuro de estos permisos. Por parte, con este acuerdo, Varo forma parte de la junta de Cabify de la cual es ahora accionista directo.
Podemos quiere seguir con su regulación
Una de las ideas de Podemos explicada en el periodo de precampaña, que se alinea con lo dicho hasta la fecha, es la de seguir con la regulación a favor del taxi en las diferentes regiones donde gobierna.
El partido, liderado por Pablo Iglesias, quiere que se cumpla el ratio 1/30; para ello, la formación morada retiraría casi 12.000 permisos. No está claro cómo quieren proceder a esta retirada, ni los costes que implicarían para los diferentes estamentos políticos, pero lo que sí es seguro es que se habría de contar con indemnizaciones multimillonarias.