A poco que uno siga la actualidad política española, será consciente de uno de los asuntos más sonados de la presente jornada: la cámara web puesta por el Ministerio del Interior para vigilar el –muy polémico– chalet propiedad de Pablo Iglesias e Irene Montero fue hackeada el pasado mes de octubre, emitiendo las imágenes captadas por la misma en internet sin ningún tipo de protección o cifrado.
El aparato, colocado con fines de seguridad, terminó siendo de todo menos los ojos, concisos y exclusivos, del Estado. Podemos tuvo conocimiento de ello al recibir uno anónimo en el cual se incluían imágenes captadas con dicho dispositivo, poniendo sobre alerta al líder de la formación política y transfiriendo este caso a Interior.
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La Guardia Civil tuvo que realizar una reconfiguración de la cámara para añadir nuevas barreras de seguridad después de que sus pesquisas en relación a la emisión ilegal terminasen apuntando a un servidor de Singapur, pero sin dar frutos respecto a los potenciales culpables. Lejos de lo que pudiera parecer, no obstante, lo de Iglesias y Montero no es una situación en absoluto inusual.
La preocupante situación de las emisiones pirateadas
La popularización de los aparatos electrónicos ha derivado, durante los últimos años, en una notable expansión de las cámaras web en todo tipo de lugares; desde la tradicional vigilancia de tiendas y locales hasta aquellas ubicadas en el interior y exterior de los domicilios particulares con el fin de monitorizar todo cuanto ocurre a su alrededor. Incluso Amazon te obliga a instalar una para disfrutar de determinados servicios. ¿El resultado? Millones de ojos controlando las veinticuatro horas del día lo que hacen los inquilinos y transeúntes de medio mundo, muchos de ellos susceptibles de ser comprometidos por ciberdelincuentes.
No es algo infrecuente, como se mencionaba, que esto tenga lugar. Desde hace años sitios web han estado emitiendo de manera constante imágenes en directo de cámaras distribuidas a lo largo y ancho del mundo, habiendo asistido también a ataques masivos aprovechando las vulnerabilidades de estos dispositivos, como el de Mirai en 2016.
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Mucha parte de la culpa de esto viene como consecuencia de unos fabricantes que venden sus dispositivos con unas nulas capas de seguridad o con perfiles de protección muy pobres –contraseñas repetidas, software desactualizado, misma IP en todos los terminales–. Esto ha ido provocando, a lo largo del tiempo, que existan miles de repositorios repartidos en internet en los que es posible encontrar información detallada para poder acceder a cámaras de seguridad de manera remota.
Junto a la frecuente desidia o desconocimiento de los usuarios a la hora de configurar los aparatos, dejándolos sin protección alguna ante los ataques, el resultado es una gran masa de dispositivos fácilmente accesible para cualquier ciberdelincuente o persona con ciertos conocimientos. Y cada vez va a más.
En el caso de la cámara que controlaba el hogar de Irene Montero y Pablo Iglesias en el madrileño municipio de Galapar las implicaciones son mayores, dada la naturaleza de sus personas y de que se trataba de un sistema controlado por el propio Ministerio del Interior. Quizá todo esto sirva, no obstante, para que muchos se replanteen qué y cómo efectúan el control de su hogar y tomen las medidas necesarias para no terminar con su imagen siendo emitida en cualquier lugar recóndito de internet.
