– Feb 6, 2019, 8:00 (CET)

Las mentiras de Nicolás Maduro sobre Venezuela en la nueva entrevista de ‘Salvados’

El jefe del Gobierno de Venezuela ha respondido otra vez a las preguntas incómodas de Jordi Évole, y hemos contrastado lo que ha dicho con los datos disponibles.

Venezuela se halla ahora mismo en el ojo del huracán, y forma parte otra vez de las conversaciones cotidianas, las actualizaciones de las redes, los titulares de la prensa, las tertulias en los programas de televisión y radio y los dimes y diretes en los parlamentos del mundo. Se trata de un fenómeno cíclico que se produce cuando hay noticias de interés internacional relacionadas con este país caribeño: procesos electorales, manifestaciones en contra del régimen chavista, censuras y detenciones irregulares de políticos y periodistas o la oleada de emigrantes venezolanos que huyen de la República Bolivariana en busca de una vida mejor. Y ya no es sólo que se informe de todo ello por los conflictos que suscitan las codiciadas riquezas naturales de Venezuela, como el petróleo, el gas, el oro, la bauxita, el coltán o los diamantes, sino que esto se ha convertido en una costumbre mediática.

Esa es la razón de que Salvados, el programa televisivo de reportajes que presenta Jordi Évole y se emite todos los domingos en el canal español La Sexta, entrevistara a Nicolás Maduro en octubre de 2017 y, de nuevo, este mes de febrero de 2019. Han sido unas de esas raras ocasiones en que el jefe actual del Gobierno de Venezuela ha tenido que responder a preguntas incómodas sobre su gestión, en vez de limitarse a atender a periodistas de medios afines al régimen, que le enjabonan o no le importunan en las ruedas de prensa, o recibir el asentimiento y los aplausos de una Asamblea Nacional Constituyente sin sesiones de verdadero control parlamentario, sin nadie que le replique como es debido igual que en cualquier país democrático que se precie de serlo. Y Maduro no ha llevado frío con las cuestiones de Évole, el cual, de todos modos, podría haberse mostrado más incisivo.

Para empezar, el Presidente negó que hubiese detenciones de periodistas que cubren la crisis en Venezuela, tildando las informaciones al respecto de “montajes” y “manipulaciones de todas las agencias y medios de comunicación internacionales” para “hacer parecer a Venezuela como un monstruo, una dictadura” en primer lugar y, a continuación y sobre los colombianos Mauren Barriga y Leonardo Muñoz y el español Gonzalo Domínguez, tres periodistas de la agencia EFE retenidos el 30 de enero durante veinticuatro horas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), de un simple “chequeo”, que puede ser de hasta cuarenta y ocho horas, “como sucede en cualquier país del mundo”. Pero de ninguna manera es cierto que las autoridades policiales puedan retener de forma arbitraria, sin una justificación legal, ni a periodistas ni a nadie en los estados democráticos.

Y Amnistía Internacional ya había hecho la denuncia oportuna sobre la detención reciente e infundada de al menos once periodistas, como los franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, los chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, ambos deportados, o los venezolanos Maikel Yriarte y Ana Rodríguez. Este “ataque flagrante y profundamente preocupante contra la libertad de expresión y el derecho a la verdad”, en palabras de AI, rechazado también por la Asociación de la Prensa Extranjera venezolana (APEx) o por Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no cuadra en absoluto con “el ejercicio pleno de la libertad de expresión” al que se refiere Maduro en la entrevista; sobre todo considerando que es una práctica habitual en Venezuela, con cincuenta y un reporteros detenidos en 2018 según AI.

Ahí tenemos el caso del alemán Billy Six, que investigaba a narcotraficantes y contrabandistas de combustible y material estratégico o la trata de personas y la emigración masiva y que lleva encarcelado en El Helicoide desde noviembre por rebelión, espionaje y “violar zonas de seguridad”, acusaciones de un tribunal castrense siendo él un civil extranjero, tras haber fotografiado a Maduro “muy de cerca”. Además, en el último informe sobre el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de la organización no gubernamental Espacio Público, durante el año 2017, se documentaron 708 casos de entre las 1.002 denuncias de violaciones de este derecho, y se cerraron “ocho canales de televisión, cincuenta y cuatro emisoras y diecisiete medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente”.

Y se bloquearon “trece sitios web informativos, lo que impidió que durante varias horas los usuarios tuvieran acceso a estos medios de información en internet. Todo porque “el Gobierno utiliza la violencia institucional para censurar mediante restricciones directas o indirectas y a través de los entes estatales”, y la denominada Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica de 2017, que condena “el discurso de odio, pero no lo define ni establece categorías claras” y se aplica así arbitrariamente. Por otro lado, Venezuela se sitúa en el puesto 143 de 180 en la clasificación mundial de libertad de prensa de 2018 —entre Camboya y Sudán del Sur—, que elabora cada año la organización Reporteros Sin Fronteras, con “estatus consultivo” ante la Organización de las Naciones Unidas, la Unesco o el Consejo de Europa y cuyo criterio profesional se emplea para la concesión de ayudas al desarrollo.

RSF asegura que “Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, se empeña en hacer callar a la prensa independiente y sigue controlando la información”, y que “una ley adoptada en 2010 [por la Asamblea Nacional de Hugo Chávez] contempla que el gobierno pueda sancionar cualquier contenido que «cuestione a la autoridad constituida legítimamente», lo que se traduce en detenciones abusivas de reporteros y juicios por difamación” y una “interminable tendencia autoritaria”. Tendencia que se ve con total claridad cuando Periscope, Instagram, YouTube, Twitter o Facebook son bloqueadas por CANTV, el proveedor estatal de comunicaciones, para impedir que se divulguen contenidos sobre lo que sucede en Venezuela en temporadas que ponen en jaque al régimen chavista; o al estar al tanto de que, según Espacio Público, cincuenta y tres personas fueron detenidas allí entre 2009 y 2018 por lo que expresaron en las redes sociales y en chats como WhatsApp.

Y esta situación podría empeorar mucho si se aprueba la Ley Constitucional del Ciberespacio, que “justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de los venezolanos”, y entre otras cosas, “obligaría a los proveedores de servicios de difusión de mensajes (lo cual puede incluir desde redes sociales hasta servicios de mensajería instantánea) a censurar contenidos sin orden judicial previa ni respeto por garantías mínimas de libertad de expresión, ni de debido proceso”, según el concienzudo análisis del anteproyecto que han realizado el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela y, de nuevo, la organización Espacio Público. Otro clavo en el ataúd de la democracia venezolana, por más que Maduro proclame en la entrevista con Évole que la revolución bolivariana “ha sido ejemplar en su expediente democrático”.

“Estoy convencido de que las fuerzas revolucionarias bolivarianas somos mayoría social, política y electoral y hemos pasado por las pruebas electorales, hemos cumplido con la Constitución de la República y gobernamos por mandato y voluntad nacional”, sostiene, pero dista mucho de ser cierto. Cuando la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo la mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional con el 56,2 por ciento de los votos en diciembre de 2015, el chavismo designó poco después, antes de la renovación de la AN, a trece magistrados y veintiún suplentes afines sin respetar el proceso establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que luego, en marzo de 2017, se otorgó a sí mismo las funciones legislativas de la AN opositora, en dudoso desacato, y decidió ampliar los poderes de Maduro, contraviniendo nuevamente la Constitución con estas acciones ilegales.

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The Economist

En 2016, la oposición había organizado un referéndum revocatorio contra Maduro y, aunque contaban con el número de firmas necesario para su convocatoria pese a las anulaciones, el Consejo Nacional Electoral chavista lo había rechazado. Pero fue la “ruptura del hilo constitucional” de 2017 la que produjo un virulento rechazo en las democracias occidentales y las protestas de la Rebelión de Abril, a las que el presidente alude durante la entrevista con estas palabras: “Tratamos de convivir con ese Parlamento; fue imposible; y los conflictos llevaron a lo que llamaron la Guarimba, un intento de derrocamiento violento que, entre abril y julio de 2017, incendió el país”. Cualquier parecido con la realidad en su relato es pura coincidencia. “Cuando surgió esa coyuntura, agarré la Constitución y convoqué (...) para que se hiciese un proceso político y regresara la paz al país; y se convocó una elección libre, abierta, popular, y se eligió una Asamblea Nacional Constituyente”.

“O sea, usted crea otro parlamento para pacificar el país”, apostilla Évole. “Y dio resultado: se acabó la violencia, llegó la paz, que era el objetivo”, responde el otro. “Ante esas circunstancias, teniendo en cuenta que, en la última semana, según la ONU, ha habido cuarenta muertos por las revueltas que se han producido en las calles, o treinta y cinco según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, ante esta nueva situación no pacífica, cree usted un tercer parlamento”, propone Évole. Y Maduro, quizá sabedor que de que no ha colado ni lo más mínimo la trola del supuesto ánimo pacificador con el que los chavistas consiguieron neutralizar a la Asamblea Nacional reglamentaria de Venezuela, dice que ni flores: “Es una ironía de tu parte; no voy a contestar”. Y como el entrevistador no acepta que sustituir un parlamento ajeno al control chavista por otro ad hoc sea propio de una democracia, el Presidente replica: “Estás envenenado por los noticieros de España contra Venezuela”. Y olé.

La convocatoria, en cualquier caso, no fue legal porque sólo la ciudadanía puede efectuarla tras una consulta según el artículo 347 de la Constitución. El Gobierno, a través de la Fiscalía General, lanzó acusaciones delictivas contra los principales dirigentes opositores, los tribunales del chavismo les impusieron condenas y el CNE, entre otras restricciones que sacaron a más del proceso, prohibió que hubiese candidatos así; y al sectorializar las bases de los comicios, violaron la universalidad del voto que se consagra en el artículo 63 de la Constitución. La participación última de los censados no fue ni del cuarenta y dos por ciento, a lo que hay que añadir que Antonio Mugica, director ejecutivo de Smartmatic, la entidad que se ocupaba del sistema de voto electrónico, reveló en Londres que hubo manipulaciones en los datos de participación electoral: “La diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”, dijo.

Y, después de todo lo anterior, Maduro aún pregunta lo que sigue: “¿Por qué la Unión Europea le tiene que decir a un país del mundo que ya hizo elecciones presidenciales de acuerdo a sus Constitución, a sus leyes, a sus instituciones, con toda la observación internacional, que tiene que repetir sus elecciones presidenciales?”. Y Évole le contesta: “En las elecciones presidenciales de mayo de 2018, con la abstención más alta de las últimas celebradas, un cincuenta y cuatro por ciento, la empresa que siempre auditaba las elecciones no participó, los únicos observadores internacionales fueron a propuesta de su Gobierno, hubo muchos líderes de la oposición invalidados y, por ejemplo, en el Estado de Bolívar se impugnaron los resultados”. A lo que hay que sumar la práctica odiosa de ofrecer bonos de alimentación o de dinero a la gente empobrecida a cambio de que voten al régimen y, sí, de obligar a los funcionarios públicos a ello con la amenaza de ser despedidos si no obedecen.

No por ninguna razón el impecable factchecking de la Unidad de Inteligencia de The Economist coloca a Venezuela en el puesto 134 de 167 en el Índice de Democracia global, como un régimen autoritario, es decir, sin democracia efectiva, entre Zimbabue y Guinea-Conakri y sólo con Cuba por debajo en Latinoamérica. Un régimen dictatorial que ha apostado por el militarismo y que, según Maduro, dispone de una Milicia Nacional Bolivariana con dos millones de integrantes, algo completamente imposible en opinión del periodista especializado Javier Mayorca: si el Ejército de Venezuela no ha de albergar a más de 200.000 efectivos regulares por “la continuada deserción de las tropas insubordinadas”, la Milicia debe de ser muy inferior porque “el presupuesto no da para tanto”, porque “la fuerza armada nunca tuvo dos millones de fusiles” y, hoy, contará con unos 300.000 como mucho más un número indeterminado de los antiguos belgas. Menudo farol presidencial.

Como ese otro de que “Venezuela no tiene una crisis humanitaria”. Con una inflación en 2018 de casi 1.700.000 por ciento, el ochenta y siete de los ciudadanos en la pobreza, una escasez de medicamentos del ochenta por ciento, un desabastecimiento alimenticio del sesenta y siete y centros hospitalarios en los que muere un niño al día por desnutrición, no parecen muy creíbles las declaraciones del Presidente. Ni lo que difunde de que el desempleo en Venezuela está “por debajo del seis por ciento” pues, según la información del Fondo Monetario Internacional (FMI), es del treinta y ocho, y con tan deplorable tesitura económica, no tendría sentido ninguno esperar algo distinto ni tragarse la cifra del Gobierno. Ni que sitúe la emigración de venezolanos “en el orden de los 600.000 u 800.000”, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) hablando de tres millones en noviembre de 2018, estimación que menciona Évole.

Y una de las cosas inútiles que ofrece Maduro para negociar una salida apacible de la crisis política y del enfrentamiento internacional es acoger a inversionistas yanquis, pero con la destrucción del tejido empresarial, que en agosto de 2017 se contabilizaba con la pérdida de unas 500.000 compañías desde 2008 según María Carolina Uscátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), y de más de 8.000 industrias de capital privado desde que Hugo Chávez llegó al poder según Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, y con la expropiación de casi 700 empresas entre 2002 y 2016, a las que se les debía en 2017 unos 15.000 millones de dólares en el pago de sus activos según Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, y con los embolados de la terrible inflación, el acceso nulo a materias primas y unos controles estatales excesivos, ¿cuántos inversores estarían dispuestos a poner sus fondos en Venezuela?

La juramentación de Juan Guaidó, miembro del partido de izquierda progresista Voluntad Popular, sin la violencia de un alzamiento, como presidente interino del país “es una payasada sin ninguna base constitucional” y “parte de un golpe de estado” en opinión de Maduro. Pero, en primer lugar, un incidente como un golpe de estado efectivo derribaría al Gobierno, y el chavismo continúa en pie, con el control de las instituciones venezolanas y su cúpula en el Palacio de Miraflores; y en segundo lugar, el juramento de Guaidó se produce porque el artículo 233 de la Constitución de Venezuela establece que, ante la falta absoluta del Presidente electo —que no hay por el fraude de los comicios de 2018— para tomar posesión de la poltrona, “se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional” —es decir, Guaidó— hasta que se convoquen elecciones presidenciales y se escoja a uno nuevo.

Es posible que las faltas absolutas que marca la Constitución sean la incapacidad física o mental permanente, el fallecimiento, la renuncia, el abandono del cargo, la destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia o la revocación popular, pero la Carta Magna habla del Presidente electo, cosa que Maduro no es sin dudas razonables, el artículo 333 insta a cualquier ciudadano “investido o no de autoridad” para asumir “el deber” de la colaboración “en el restablecimiento de su efectiva vigencia” si el texto constitucional fuese violentado como con las trampas chavistas, y el artículo 350 dice así: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”, es decir, un pleno para el Gobierno chavista.

Pero el momento culminante de la sinrazón en la entrevista de Salvados ocurre cuando Jordi Évole le hace escuchar a Nicolás Maduro estas palabras del ex presidente uruguayo Pepe Mujica: “Amigos, como está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, mal que mal daría una salida. Todo esto se puede criticar por principios, pero la peor alternativa es la guerra”, y el jefe del Gobierno venezolano responde: “Yo no he hablado con él; no sé cuál es su pensamiento político”. Facepalm, señoras y caballeros. “La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza”, escribió el indobritánico George Orwell como las consignas de la dictadura en su escalofriante novela 1984. Y uno no puede evitar acordarse del tuit fijo que tiene en lo alto de su timeline el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, y que dice así: “El Gobierno miente. No importa cuándo leas esto”. Y tanto que no importa, ciudadanía de Venezuela.