El Plan Especial de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ya cuenta con plenos permisos para eliminar el 95% de los pisos turísticos ilegales. El área de influencia de la normativa de Carmena comprenderá un total de 53 kilómetros cuadrados de área, lo que implica abarcar el distrito Centro, el conjunto histórico y la almendra central delimitada por la M30. Es decir, el 9% del término municipal de la capital.
Mientras Ada Colau mantiene su guerra abierta con el sector del taxi, después de haber pasado su propia lucha con los pisos turísticos, el turno le ha llegado a Manuela Carmena. A la espera de que el nuevo texto quede aprobado por el pleno municipal, que se espera entre octubre y noviembre de este mismo año, la realidad es que es una normativa muy esperada por colectivos de vecinos residentes en el centro de la capital.
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A la espera de que se apruebe el texto, existe una moratoria que bloquea la concesión de los permisos para nuevas viviendas turísticas. La idea del Ayuntamiento, dirigido por Podemos, es regular la situación actual para luego estudiar nuevas posibles concesiones.
¿Qué ocurre con las viviendas turísticas actuales? La idea es respetar el uso urbano de las ciudades y, por lo tanto, a los vecinos de las mismas. Por esta razón, Carmena obligará a los pisos de la zona centro que el acceso a estas viviendas sea independiente del resto de la vecindad. Igualmente el alquiler estaría limitado 90 días para aquellos que no dispongan de licencia. Con esta medida se elimina prácticamente la totalidad de la oferta disponible; la mayor parte de los pisos no dispone de entrada independiente y las comunidades de vecinos no aprobarán reformas ad hoc para regularización de esos pisos. En este sentido, entienden que la implantación de la normativa será lenta, compleja y, en muchos casos imposible.
Igualmente, una de las bases en las que se fundamenta la normativa es la de aligerar la carga turística del centro de la capital. La implantación de esos anillos, en los que según la normativa cuanto más alejado del centro más laxa es la norma, busca distribuir la riqueza por toda la ciudad.
A día de hoy, el ayuntamiento ha cerrado 144 viviendas que no cumplían con los permisos, además de los 500 expedientes que tiene abiertos.