Tras la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y la investidura de Pedro Sánchez, el presidente socialista ultima la composición del nuevo Ejecutivo. Entre las elegidas está Teresa Ribera, que se encargaría de las competencias de Medioambiente y Energía, según las fuentes consultadas por la Agencia EFE. La política vuelve así a un Gobierno del PSOE —ya ocupó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático con José Luis Rodríguez Zapatero— para responsabilizarse de una cartera ministerial clave en la lucha contra el calentamiento global.
Teresa Ribera (Madrid, 1969), licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y durante un tiempo fue profesora asociada en el Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
La polémica con el proyecto Castor
La jurista ocupó diversos puestos técnicos en los Ministerios de Fomento y Medioambiente, hasta que fue nombrada en 2004 directora general de la Oficina Española de Cambio Climático tras la investidura de Rodríguez Zapatero. Allí permaneció hasta 2008, cuando ocupó el puesto de secretaria de Estado responsabilizándose de las políticas contra el calentamiento global y de las negociaciones internacionales sobre el clima. Durante esta etapa, Teresa Ribera también firmó la Declaración de Impacto Ambiental del polémico proyecto Castor. Esta iniciativa, impulsada por el grupo ACS de Florentino Pérez, Eurogas y Enagás, tenía como objetivo la construcción de un depósito de gas submarino aprovechando un antiguo yacimiento petrolífero situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
La inyección de gas en el almacén submarino tuvo una relación directa con el incremento de la sismicidad en la zona, según un informe del Instituto Geográfico Nacional. En septiembre de 2013 se produjeron más de cuatrocientos terremotos en la región, una zona donde habían sucedido menos de la mitad desde 1920. La plataforma fue cerrada a finales de aquel mes por el Gobierno de Rajoy y, posteriormente, los bancos acreedores de la deuda reclamaron el reembolso de los 1.350 millones de euros. Ribera, nueva ministra en el Ejecutivo de Sánchez, vuelve ahora al centro de la polémica al haber firmado la declaración favorable a la apertura de Castor.
El periódico El País publicó en 2014 que la Fiscalía de Castellón estaba trabajando en la redacción de una querella contra Teresa Ribera por la comisión de un supuesto delito de prevaricación ambiental y otro contra el medio ambiente en la puesta en marcha del almacén. Sin embargo, el diario El Confidencial asegura que el Fiscal denunció a varios técnicos del Ministerio y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) —que emitió un informe favorable—, pero que nunca se llegó a presentar ninguna querella contra Ribera. Hipertextual se ha puesto en contacto con el Ministerio Fiscal, sin recibir respuesta por el momento. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirman a esta redacción que Ribera "no está investigada en el caso Castor que se instruye en el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz".
Una experta en el cambio climático
Tras su paso por el Gobierno, la nueva ministra continuó trabajando en las políticas contra el cambio climático. Hasta ahora era directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), un think tank de París que ha asesorado al Gobierno francés, y colaboraba con la Fundación Cotec como especialista en calentamiento global. En el plano internacional, Ribera presidía la junta asesora de la iniciativa Momentum For Change de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) y formaba parte del Consejo de Liderazgo Global de la United Nations Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), el consejo asesor global en cambio climático del Foro Económico Mundial.
El año pasado Pedro Sánchez eligió a Ribera como coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, por lo que su nombre aparecía en todas las quinielas como integrante del nuevo Consejo de Ministros. Entre los fines que planteó el consejo asesor socialista que dirigía Ribera, se encontraban propuestas como "prohibir la venta en territorio nacional de vehículos convencionales basados en combustibles fósiles" en 2040 y "la retirada total del petróleo de la cesta energética nacional" a partir de 2050. ¿Cuál será su posición a partir de ahora?
Feliz #DiaMundialDelMedioAmbiente, dedicado este año a combatir la contaminación del #plástico.
— Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) June 5, 2018
Un bien día para activar la agenda ambiental y la sostenibilidad como se merecen. #BeatPlasticPollution
La política calificó el Acuerdo de París en entrevistas pasadas como "bueno" y explicó que "estaba estructurado para acelerar la acción". Desde su nueva posición como ministra tendrá la responsabilidad de implementar una Ley contra el cambio climático, en la que estaban trabajando hasta ahora los departamentos de Energía y Agricultura dirigidos por Álvaro Nadal e Isabel Tejerina, respectivamente.
Durante los últimos años Teresa Ribera ha mostrado su oposición a la energía nuclear; por ejemplo, ante las preguntas de los lectores en Pregúntame, explicó que en su "valoración de riesgos y sendas alternativas, prefiero no apostar por la nuclear". Ribera también aseguró en una entrevista con la revista Daphnia que "la energía nuclear no puede resolver el cambio climático y satisfacer la demanda energética a nivel global y sí puede plantear otros problemas". El compromiso del PSOE en esta materia es cerrar las centrales nucleares a los cuarenta años de vida y su sustitución por energías renovables.
Tras su nombramiento también tendrá que lidiar con otro tema polémico en España: el cierre de las centrales de carbón y el futuro de la minería. En una entrevista en la Cadena Ser del pasado mes de diciembre, la madrileña aseguró que nuestro país debía transformar su modelo productivo "hacia una economía baja en carbono". “España puede ir cerrando de forma ordenada las centrales de carbón y debería ofrecer alternativas a esas regiones afectadas”, señaló por aquel entonces en antena. En otro reciente artículo publicado en El Confidencial, Ribera apostó por la transición energética: "La década de 2020-2030 es crítica", apostilló. Ahora tendrá la responsabilidad de gestionar las políticas en esta materia.