La seguridad vuelve a ser el motivo principal para sacar Uber a colación, aunque en este caso parece ser por una buena causa. Después de varios asaltos en México y el hackeo que afectó tanto a usuarios como a conductores, la compañía parece haber empezado a tomar medidas para evitar futuros casos. En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que se reunió con los responsables de la plataforma para tener más información sobre las experiencias en términos de seguridad.

A través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se pretende fortalecer y agilizar la investigación de hechos delictivos que han tenido lugar durante viajes de Uber. Por otro lado, esta alianza pretende responder también a la violación de datos que pudo haber afectado la seguridad de la información de usuarios y conductores de la compañía en México.

Uno de los aspectos tenidos en cuenta durante la reunión entre la plataforma y la agencia de investigación es el monitoreo sobre los traslados, además de los datos de los vehículos y choferes. "Con dicha cooperación se pretende fortalecer el intercambio de información en un tiempo más efectivo, además de establecer una línea de comunicación permanente entre la Agencia de Investigación Criminal y Uber".

El acuerdo entre la PGR y la empresa se basará en el intercambio de datos aunque se puso de relieve que se mantendrá la confidencialidad de los usuarios y conductores de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales.

La PGR confirmó que no se vulneraron los datos de ningún mexicano a causa del hackeo de Uber de 2016, el cual fue ocultado por la compañía en ese momento y salió a la luz a mediados del año siguiente. A pesar de que las autoridades confirmaron que no se puso en peligro la seguridad, sí marcó un precedente sobre la gestión de los problemas de Uber y, sobre todo, sobre la exposición de la información personal.

A este problema se unen los casos de robos, asaltos y violaciones en vehículos de Uber. La plataforma anunció nuevas medidas de seguridad pero estas han estado ensombrecidas por un nuevo incidente. El pasado mes de abril, una joven de 18 años fue encontrada sin vida en Sinaloa después de llevar desaparecida cerca de dos semanas. Las primeras informaciones apuntaron que la mexicana contrató el servicio de Uber antes de que le perdieran el rastro.

Sin embargo, la compañía sostiene que la víctima de presunto asesinato no abordó en un vehículo de la plataforma. "Confirmamos que el último viaje de Míriam a través de su cuenta de Uber se realizó varios días antes de su desaparición y concluyó sin complicaciones. Asimismo, podemos confirmar que no hizo ningún viaje desde su cuenta de Uber el día de su desaparición", informó la empresa en un comunicado en el que añadió que colaborará con las autoridades para esclarecer la situación.

El acuerdo entre la PGR y Uber puede ser el principio de una estrategia para evitar casos como el ocurrido en Sinaloa y así poder, aunque sea en algunos casos, luchar contra muchas de las situaciones que han influido negativamente en el servicio de transporte en uno de los países con mayor inseguridad, sobre todo en el norte de México.