O todo o nada, es la teoría. Este concepto lo tiene claro el gremio de taxis de las Islas Baleares y, seguramente, no sentará demasiado bien a las grandes patronales del taxi que durante estos días viven su momento más convulso en cuanto a huelgas se refiere.

Lo dicho, mientras sigue viva la resaca de la huelga de taxis del pasado 29 de noviembre y los mismos convocantes se reúnen en asamblea el lunes cuatro para abordar la idea de una paro indefinido que presione al Ministerio de Fomento para paralizar la concesión de licencias VTC, en Baleares, el gremio ha decidido pasarse al lado oscuro. Desde 2013, estaban a la espera de su gestión y ha sido ahora cuando el Tribunal Supremo, de nuevo, ha dado el visto bueno a otro paquete de licencias. Si hace unas semanas eran 80 nuevos permisos, en este caso se suman a la lista otras 700, que ya están listas para operar en Mollorca, de las 1.000 que se pidieron en su momento. Las otras 300, solicitadas para Ibiza, han sido rechazadas.

El grupo de taxistas baleares vieron, ya en 2012, cómo se iban a desarrollar los acontecimientos en cuanto a licencias se refiere. Antes de la irrupción de Uber o Cabify en su terreno, estos entendieron que había algo que hacer. Crearon la empresa Baleares Servicios Discrecionales y solicitaron los permisos; su idea, desde el primer momento, fue la de gestionar un servicio similar al de la competencia más tecnológica e impedir que entren en Baleares. Una marca blanca, lo llaman. Después de todo, una de las principales bases que necesitan esas compañías es la de una base suficientemente gruesa de permisos para lograr una economía de escala estable; vendría a ser el caso de Barcelona que, aunque cuenta con la presencia de Cabify, Uber considera que con los permisos VTC actuales el negocio sólo haría perder dinero. En declaraciones a El Economista, el administrador único de la compañía Gabriel Moragues, ha confirmado que las licencias no se venderán a un tercero ni se cederán a compañías como Uber o Cabify. También ha confirmado que otro potencial "enemigo, sería Ares Capital. La firma privada cuenta con otras 200 licencias operables; para Moragues, la posible entrada de esta compañía era una amenaza suficiente como para ponerse a operar con las nuevas VTC.

Con la idea de trabajar con otra aplicación creada ad hoc para la situación o crear una -en este punto habría que hablar de la financiación que implica ese proceso-, la realidad es que Moragues ha conseguido algo que el polémico Julio Sanz no pudo en su momento. O, al menos, no ha logrado hasta la fecha. Sanz solicitó casi 5.000 licencias VTC a Madrid. Había varias opciones: trabajar para Uber y Cabify mientras operaba con su flota de taxis, quitar de en medio ese alto volumen de licencias o la simple especulación. Sea como fuere, este movimiento fue muy criticado por sus compañeros del sector, suerte que correrán los taxistas de Baleares.