Antes del 5 de julio de 2016, las comunidades indígenas en México no podían tener planes de llamadas e internet con las operadores. Prácticamente, ni siquiera tenían servicios de telecomunicaciones. Las compañías de telefonía móvil no ofrecían sus servicios en comunidades de estados como Oaxaca y Chiapas porque les salía demasiado caro operar en pueblos tan pequeños. Por ello, los habitantes de estas comunidades decidieron poner en práctica su derecho constitucional a adquirir, administrar y operar sus propios medios de comunicación.
Este 5 de julio se cumple el primer aniversario de las dos primeras concesiones de telecomunicaciones para uso indígena otorgadas a la asociación Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La iniciativa venía de un proyecto experimental que se inició en 2013 y, tres años después, las comunidades indígenas del estado de Oaxaca pudieron gozar de su propio servicio de telefonía móvil e internet. Las concesiones otorgadas se dividen entre una para aprovechar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico y la otra de uso único.
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A pesar de las ayudas obtenidas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y de otras fundaciones extranjeras, las comunidades indígenas han conseguido la inversión para la infraestructura por su cuenta a través de su organización y colaboración con desarrolladores de software libre para telefonía celular. Cuando se inició la operación formal de la cooperativa de telecomunicaciones indígena en julio de 2016, estaban disponibles ocho redes. "Hoy ya tienen 21 redes y alrededor de 40.000 habitantes que hasta ese momento no habían gozado de servicio de telefonía móvil han podido tener acceso", explicó Erick Huerta, coordinador adjunto de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. en entrevista con Hipertextual.
El objetivo de las organizaciones es llegar a 48 municipios de Chiapas, 29 de Guerrero, 164 de Oaxaca, 61 de Puebla y 54 de Veracruz. A pesar de los retos para ampliar los servicios a otros estados de la República, existen otros problemas para las comunidades de Oaxaca en las que se otorgaron las concesiones. En primer lugar, las infraestructuras en estos lugares no están en buen estado y servicios de energía eléctrica e internet tienen todavía algunas carencias, explicó Huerta.
Estas infraestructuras no son parte de la red pero la red funciona con ellas. Con la experiencia hemos tratado de solventar estos problemas, fortaleciendo la protección contra descargas eléctricas y creando un esquema de backup, de respaldo, para el internet para que pueda funcionar vía satelital y la comunidad no se quede sin internet.
A nivel legal, la asociación Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias afronta también algunos problemas. La ley todavía no se ha adecuado a este caso particular y la IFT requiere que las comunidades paguen los gastos por el espectro radioeléctrico. Este cobro está pensado para concesiones con fines de lucro, pero no con un objetivo social como es el caso de las concesiones otorgadas en julio de 2016. Hasta el momento, la asociación indígena ha solicitado un amparo en espera a que se pueda arreglar la situación.
Sin embargo, los esfuerzos son cada vez mayores para que la red de telecomunicaciones pueda llegar a más comunidades indígenas. Las organizaciones de telecomunicaciones indígenas están trabajando para crear un nuevo esquema con colectividad satelital que "nos permita ampliar el servicio y hacerlo más rápido. En los próximos meses vamos a iniciar proyectos piloto probablemente e Guerrero y generaremos en este nuevo esquema que permitirá un crecimiento más rápido para otras comunidades indígenas", concluyó Erick Huerta en entrevista.
La red de telefonía indígena se ha convertido en un operador de servicios como Telcel o At&T, aunque sin lucrarse económicamente. El proyecto pretende unir a las comunidades indígenas con la misma red móvil y hacerles independientes y autónomas de los intereses de las grandes compañías de telefonía móvil. Este tipo de tecnología no solo ha permitido una mejora en la vida diaria de las personas que viven en estos lugares, también puede contribuir a una mayor apertura y visibilidad de las comunidades indígenas en México y sus retos a nivel político, social y económico.