El gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones pretende deshacer algunos de derechos fundamentales de la sociedad mexicana permitiendo escuchas, vigilancia, desconectar servicios de acceso a internet y deshacer de un tirón la neutralidad en el país con la excusa de la seguridad nacional, mejorar competencia y acercar la tecnología a más personas por medio de legislación y regulación que hace exactamente lo contrario.
Detrás parece haber ganas de tener más control, formas de censurar protestas, y ponerle puertas al campo del acceso a internet en México. Estas son tres propuestas que deberían estar en una reforma a la Ley de Telecomunicaciones de México para buscar el beneficio de ciudadanos:
Garantizar la neutralidad en la red, por ley
México debería seguir los pasos de Chile y de la Comunidad Europea al imponer leyes que garanticen la neutralidad en la red. La iniciativa Connected Internet aprobada recientemente por el Parlamento Europeo sería un muy buen modelo en el cual el gobierno de Peña Nieto podría trabajar, es claro, marca límites y explica en términos simples el significado y el alcance de garantizar neutralidad en el acceso y tráfico de la red por parte de proveedores:
Esta propuesta terminará el bloqueo discriminatorio y gestión de tráfico para ofrecer neutralidad en la red de forma efectiva. Va más alla de las medidas tomadas por Estados Unidos, las cuales no impiden el bloqueo o disminución de tráfico para ciertos servicios como la voz sobre IP.
Deja clara las reglas para que la gestión de tráfico sea no discriminatoria, proporcional y transparente. Las compañías sí tendrán la posibilidad de diferenciar sus ofertas (como por ejemplo, la velocidad) y competir por una mejor calidad de servicio. No es algo poco usual: servicios de mensajería postal, y compañías aéreas lo han hecho por décadas.
Para mantener la demanda de usuarios por una mejor calidad de servicio, los proveedores de contenidos pueden realizar acuerdos con empresas de acceso a internet para asegurar cierto nivel en la calidad de servicio. Esas ofertas permitirán que las operadoras obtengan nuevas fuentes de ingresos por medio de servicios OTT, proveedores de contenido y consumidores que están dispuestos a pagar por mayor velocidad de acceso. Estas ganancias permitirán que las operadoras puedan financiar sus inversiones en una mejor calidad de red.
Servicios especializados no deberían generar degradación de calidad del acceso a interenet. Deberán ser coherentes con la forma en que el internet funciona.
Reducción de la brecha digital
El acceso a internet en México es el más caro de la región según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los motivos son una mezcla de dominancia del mercado de una sola compañía la cual es dueña de la mayoría de la infraestructura de telecomunicaciones en el país lo cual permite tener poca competencia y mantener un nivel de calidad relativamente bajo en las conexiones a internet. Un hecho irónico y hasta absurdo considerando que el país es el segundo más importante en número de personas con acceso a internet en todo Lationamérica y el lugar 13 en el mundo.
Con un precio algo y una calidad no del todo buena, la barrera de acceso a internet es alta y la brecha digital se incrementa. Aunque es cierto que América Móvil está trabajando arduamente en la inclusión digital, no es suficiente y sus motivaciones son comerciales (normal, son una compañía multinacional).
México debería legislar para regular competencia, ajustar costos al poder adquisitivo del mexicano y buscar maneras de facilitar lo más posible el acceso a internet de manera universal. No estoy seguro que la idea del acceso a la red como derecho universal sea el camino correcto, pero sí creo que un país con tantas riquezas debería trabajar a nivel gubernamental junto a las operadoras para encontrar vías de expansión radical de acceso a internet.
Garantizar la privacidad de los mexicanos
Lejos de hacer que los proveedores de acceso a internet tengan que guardar registros del tráfico de los usuarios para luego ser consultados en menos de 24 horas por parte del gobierno o de darle a las autoridades las coordenadas de geolocalización de una persona en tiempo real, una reforma de Telecomunicaciones ajustada con las épocas actuales debería buscar la garantía absoluta de privacidad del mexicano.
Eso significa que el estado escriba los artículos necesarios en la reforma de la Ley que limiten drásticamente los registros que un proveedor de acceso puede guardar e imponga garantías de que ningún organismo público pueda acceder a datos o el tráfico de un usuario sin una orden judicial que lo justifique. La separación de poderes en este caso es fundamental y el gobierno no puede actuar como un Gran Hermano que lo ve todo.
El ejecutivo debería auto-implantarse límites y dejar que el poder judicial haga su trabajo y garantice los derechos fundamentales que todo mexicano tiene a su privacidad. Esto también supondría una forma más de prevenir que en México sucedan casos como los espionajes de efectúa la NSA tanto en Estados Unidos como el resto del mundo.
¿Idealista? Probablemente. ¿Necesario? Definitivamente.