La llegada de un nuevo tipo de empresas al mundo, las llamadas a cambiar sine die los modelos económicos, laborales y legislativos se han enfrentado a lo que en el mundo de la psicología se define como una crisis de identidad. Al menos en lo que a su perfil legal se refiere. ¿En qué modelo de negocio se encuadran? ¿Qué tipo de empresas son? Y, por extensión, ¿a qué tipo de legislación vigente han de acogerse?
Estas preguntas y sus respuestas han pasado de la disputa empresarial, a la colectiva, para esgrimirse por la competencia y, de ahí, escalar a los tribunales. Desde que en 2014, Uber viese como un juez suspendía de manera cautelar su servicio por aquel momento, conocido como UberPop, tras la demanda del colectivo de Elite Taxi, el dilema sobre qué tipo de empresa era Uber ha estado sobre la mesa. Pese a que el servicio, como vino en primera instancia a España no volvió a España, el juez no tenía clara su decisión. Tanto que el propio juez del juzgado número 3 de lo Mercantil de Barcelona, encargado del caso, elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 16 de julio de 2015. Hubo que esperar a noviembre de 2016 para que se retomase este tema y se citase a la primera vista oficial.
Mientras se espera la resolución del Tribunal de Justicia, que vendría a poner fin a la eterna lucha entre los taxis y la empresa de Kalanick, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Generalitat de Catalunya sobre la actividad de la plataforma Uber. El fondo del recurso parte de la misma base que la decisión que habría de tomarse a instancias de la Unión Europea; una vez concluido el proceso se establecerá si Uber debe someterse a la intervención administrativa del sector del transporte o, por el contrario, debe entenderse que desarrolla una actividad excluida de la ordenación de transportes y que no está sometida a licencia o autorización, por considerarse amparada por el principio de libre establecimiento y prestación de servicios que proclama la Ley de la Sociedad de la Información.
Desde el Tribunal se ha declarado que la cuestión planteada por la Generalitat es interesante desde el punto de vista de la formación de jurisprudencia; necesaria en la futura toma de decisiones en lo que al sector del transporte se refiere.
La solución al dilema existencial
En un primer momento, la idea partió de la base de que Elite Taxi entendió que UberPop operaba sin licencias o autorizaciones, pasándose por alto la normativa de competencia desleal que el resto de compañías dedicadas al transporte debían acatar. Por parte de Uber se entendió que al no estar en el negocio de transporte, sino en el sector tecnológico y digital, no tenía que someterse a la normativa vigente. Después de todo, Uber era la mayor empresa de transporte sin coches, al igual que Airbnb la mayor compañía de pisos sin pisos. Sin embargo, aunque ellos se definen como tal, pudiendo operar de esta manera con mucha más libertad, esta opinión no tiene que estar compartida por las instancias legales de los lugares por los que pasan.
Por el desarrollo de los acontecimientos, parecía que la resolución del caso de BlaBlaCar en su litigio contra Confebus abría un rayo de luz en el proceso de Uber. De hecho, era el mismo juez que ha marcado sentencia en el asunto de la compañía para compartir viajes de larga distancia el que marcaría el futuro de Uber. Este definió que BlaBlaCar no era, de facto, una empresa de transporte. Uber vio el cielo abierto, que sumado a la defensa previa de este de la economía colaborativa, pese a que Uber no lo sea, les posicionaba en un lugar ventajoso. Hasta que terminó nublándose porque finalmente, el Tribunal determinó que la compañía no era una cosa ni la otra, pero su posición se situaba más cerca de los taxistas que de la multinacional. El punto estaba entonces en determinar dónde estaba el límite de su papel como empresa de transportes y como compañía de la sociedad de la información.
El tema de las VTCs
En cualquier caso, se resuelva esta cuestión o no, queda pendiente el melón de las VTCs. A la espera de que se solucionen las casi 3.000 licencias de VTC que se encuentran pendientes de juicio y que, muy posiblemente, entren a circular en los próximos meses principalmente en Madrid, por lo que el sector de los taxistas seguirá teniendo el mismo problema con Uber. Porque, de hecho, independientemente del número de licencias presentes, la actuación de Uber en España se ajusta completamente a la legalidad; al igual que hiciese Cabify en su momento.
