A veces la censura opera de formas muy sutiles, otras veces no tanto. De acuerdo con la organización Artículo 19, en México en el último año las amenazas contra la libertad de expresión aumentaron sustancialmente y adoptaron formas más diversas en el ambiente digital.
Como cada año, la organización que promueve la libertad de expresión y el derecho a la información presentó su informe sobre las agresiones contra la prensa en México llamado Libertades en Resistencia. Entre los hallazgos, Artículo 19° identificó 72 ataques contra la prensa en Internet, de las cuales, más de la mitad han sido amenazas contra la integridad de los periodistas.
De estas amenazas, 23 ocurrieron contra mujeres periodistas, cuyo trabajo fue desvalorizado por su género. Tres de ellas, denunciaron que las amenazas escalaron hasta convertirse en violencia sexual. También hubo un par de casos donde se reportó intervención a los dispositivos móviles de las periodistas.
Algunos casos fueron más lejos, ya que se atentó contra la privacidad de los comunicadores. La organización registró 11 intervenciones en las comunicaciones de los periodistas durante 2016. Entre ellas, la irrupción de las cuentas de correo electrónico de cuatro periodistas, así como a dos dispositivos móviles, dos cuentas en redes sociales, dos intervenciones telefónicas y un uso documentado de malware espía.
En agosto del 2016 Citizen Lab hizo público que el periodista Rafael Cabrera había sido espiado con el software Pegasus, un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Pegasus provenía de una compañía que supuestamente solo vende sus productos a agencias policiales y de inteligencia.
Artículo 19 comenta al respecto:
Es posible presumir que las técnicas empleadas contra Cabrera, orientadas a instalar software malicioso en su dispositivo móvil, tienen una gran probabilidad de que la procedencia sea del Estado; de lo contrario, son producto de un uso ilegal y abusivo por parte de actores indeterminados que pudiesen proceder con la aquiescencia de quienes tienen la potestad legal para operarlo, es decir, el Estado.
Con un total de 11 intervenciones, en promedio se habría dado una intervención cada mes y medio. De acuerdo con la organización, en 2015 no se registraron este tipo de casos.
Los medios de comunicación también fueron blanco de ataques. Durante 2016 se documentaron 16 ataques de denegación de servicios (DDoS). Artículo 19 escribe:
El ámbito colectivo de la libertad de expresión se ve seriamente agraviado cuando la información no está disponible debido a ataques técnicos dirigidos.
De acuerdo con cifras de la organización, 22 agresiones en línea fueron perpetuadas por algún funcionario público, 11 por particulares, 4 por partidos políticos y 35 casos continúan en el anonimato, sin la posibilidad de determinar a los responsables.