El magistrado de instrucción 1 de La Seu d’Urgell ha recibido esta mañana las imágenes de contenido sexual de Nadia incautadas por los Mossos d'Esquadra en el domicilio de los padres de la menor. Según el juez, los archivos podrían ser constitutivos de varias infracciones penales, en particular, delitos de elaboración y tenencia de pornografía infantil, así como de exhibicionismo y provocación sexual.
Los progenitores de la niña han sido llamados a declarar el próximo viernes 13 de enero, donde deberán aclarar la información recabada en las últimas horas. El magistrado recalca que no se trata de una simple sospecha, sino que las imágenes mostrarían "la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de participación de la persona investigada (el padre) en la comisión de los referidos delitos de provocación sexual y explotación sexual". Hasta la fecha los progenitores de Nadia estaban siendo investigados por un supuesto delito de estafa en relación a la petición de donaciones para un hipotético tratamiento médico.
Sin embargo, la tricotiodistrofia, la enfermedad rara que padece la menor, no cuenta con ninguna cura en la actualidad. Tal y como sospechó primero Josu Mezo en su blog Mala Prensa y demostraron sendas investigaciones realizadas por Hipertextual y El País, la historia construida alrededor de Nadia está plagada de falsedades e inverosimilitudes. No es posible realizar una operación genética a través del cerebro, la terapia para la cual los padres de la menor recaudaron cerca de un millón de euros en donaciones y ningún hospital de Houston conocía el caso de Nadia.
Según las pesquisas realizadas hasta la fecha, los padres de la niña habrían dedicado buena parte de la suma económica recaudada a sufragar gastos personales. Tras las informaciones publicadas en varios medios, el juez decretó prisión provisional para Fernando, el progenitor de Nadia, y dejó en libertad con cargos a Marga, su madre. El magistrado retiró la patria potestad sobre la niña, que reside actualmente junto a unos tíos en Mallorca. Por último, se ha fijado una fianza solidaria de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros. El juez también ha autorizado el registro de trece pendrives USB, siete tarjetas de memoria, tres discos duros y otros soportes de almacenamiento digitales en los que podría haber más contenido delictivo.
