La red compartida ha sido múltiples veces descrita como el proyecto de telecomunicaciones más importante del Gobierno actual. La puesta en marcha de está megaobra comenzó con el famoso apagón analógico que liberó la banda de 700 Megahertz de las señales de televisión con el fin de dejar de utilizarla para la televisión y dedicarla a la creciente demanda de telefonía y de banda ancha.
Con la Red Compartida se espera que para el 2023 el 92% del territorio nacional tenga cobertura 4G y se disminuyan las tarifas hasta el 45% y, sobretodo, se lleguen a conectar los lugares más rurales y marginales que hasta ahora han sido difíciles de conectar por motivos geográficos y por ser poco rentables para los operadores.
Básicamente la red compartida se trata de una infraestructura del Gobierno que ofrece concesionar un operador que administre y provea el espectro para operadores de redes móviles fijas o a los operadores sin infraestructura (los operadores móviles virtuales) para ampliar la cobertura de sus servicios.
Sin embargo, los especialistas del sector han perdido la esperanza de que el proyecto sea como lo presentaron pues, por un lado, el Paquete Económico 2017 que entregó el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, no incluía ni un peso para el organismo rector de la Red Compartida, conocido como el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel).
Y, por el otro, porque el secretismo ha hecho pensar que en realidad pocas empresas se interesaron en la licitación, ya que quien opere la Red Compartida deberá alcanzar coberturas en los tiempos dictados por el Gobierno, acorde a los intereses y metas de este. Además, las empresas que se animen a participar deben demostrar tener sustento económico suficiente para un proyecto nacional.
Telcel, Movistar y AT&T, los tres grandes operadores del país, tienen sus propias redes de infraestructura que cubren ya el 85% del territorio, por lo que ellos no están interesados (ni pueden participar), pero adicionalmente cada uno está asociado con distintos operadores móviles virtuales, para quienes estaba pensada originalmente la Red Compartida, sin embargo, entre los seis OMV existentes en México apenas alcanzan el 0.7% de las líneas del país.
En el Mobile 360, el titular del organismo aclaró que el presupuesto de la Promtel está incluido en el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no ha habido tantas solicitudes porque los interesados se han unido en consorcios.
Sin embargo, la sospecha del fracaso de la Red Compartida es alimentado por los aplazamientos que ha tenido la fecha límite, movida de agosto a septiembre y ahora prolongada hasta el próximo 17 de noviembre. Los expertos señalan que la Red Compartida es un proyecto más noble que rentable.
Gónzalo Rajón, analista de CiU dijo a Mediatelecom:
Por lo menos hasta marzo de 2018 el operador no verá ingreso alguno de este proyecto, tendrá que comprar equipo en dólares y recibir ingresos en pesos, además, no queda clara la demanda de los operadores de telecomunicaciones, virtualmente los únicos clientes de esta red compartida”.
La red compartida no será una apuesta nada barata, inicialmente se tenía presupuestada una inversión de 7.000 millones de dólares y quienes deseen concursar por la licitación necesitan demostrar una solvencia económica de 10 millones de dólares y un depósito de seriedad de 1.25 millones de pesos.
