La ley 3 de 3, esa iniciativa ciudadana que nació con la esperanza de disminuir la corrupción en la política mexicana, sigue sufriendo modificaciones después de su paso por la Cámara de Senadores. Esta vez, el presidente Enrique Peña Nieto ha mandado a revisión el problemático artículo 32 de dicha ley.
El artículo 32 tal y como fue redactado dejaba lugar a la interpretación, pues su alcance era tal que obligaría a los becarios del gobierno, a los beneficiarios de programas de combate a la pobreza, profesores de universidades públicas, o a cualquier persona que recibiera dinero del gobierno a presentar sus declaraciones de impuestos, propiedades y conflictos de interés.
Artículo 32, fracción b:
Cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la federación, de la entidades federativas o de los municipios.
Los afectados más influyentes serían los empresarios, ya que todas las empresas que tuvieran contratos con el gobierno también debían entregar su 3 de 3. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que agrupa a los empresarios del país, se opuso a ello por considerarla una medida excesiva y que restringiría sus actividades.
Después de reunirse con los empresarios, Peña Nieto regresó el artículo al congreso para su revisión, pero el artículo 29, el cual permite a los funcionarios ocultar su 3 de 3 escudándose en la protección de la “vida privada”, parece no tener modificaciones. El artículo 29 atenta contra la esencia de la Ley 3 de 3, pues esta buscaba transparentar las propiedades, los conflictos de interés y el pago de impuestos de los funcionarios como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.