Los senadores lograron darle la vuelta a la Ley 3 de 3,, una iniciativa ciudadana que nació con la ilusión de disminuir la corrupción en las altas esferas políticas de México, y que ahora se ha puesto en contra de los ciudadanos que la impulsaron gracias a un par de modificaciones aprobadas por los senadores y después por los diputados.

La primera de ellas, permite que los políticos tengan la posibilidad de no presentar la Ley 3 de 3 o de hacerlo a medias. Originalmente se contemplaba que funcionarios de todos los niveles declararan su patrimonio, relaciones que podrían causar conflictos de interés (familiares, amistades y compadrazgos), y declaración fiscal que demostrara sus impuestos en regla. Declaraciones que serían públicas y consultables.

Se exige lo que los altos funcionarios no están dispuestos a hacer.

La ley, como la aprobaron los ilustres senadores, contempla que la información se puede ocultar cuando afecte la vida privada de los servidores. Además, la declaración patrimonial y de intereses se hará pública siempre y cuando el funcionario en cuestión así lo autorice. De la declaración fiscal, sólo se hará pública la portada, no el contenido.

La Ley 3 de 3 ha sido volteada en contra de los ciudadanos, pues ahora todos los beneficiarios de recursos públicos deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses llevando la ley al extremo. El artículo 32 de la ley dice que se obligará a:

Cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la federación, de la entidades federativas o de los municipios.

Bajo el argumento de que la corrupción es de dos partes, ahora todos los ciudadanos entrarán también al Sistema Nacional Anticorrupción y en la ley se le exige lo que los altos funcionarios no están dispuestos a hacer. Muchos sectores de la población tendrán que hacer sus respectivas declaraciones anticorrupción, que si bien en teoría tiene sentido, en la realidad y con el poco dinero que manejan esos sectores hace de la nueva Ley 3 de 3 una ley absurda.

Cámara de Diputados México

Los becarios: 47 mil becarios de Conacyt y cinco mil en el extranjero tendrán que presentar su 3 de 3 para comprobar que con una media de 12 mil pesos no están incurriendo en corrupción de algún tipo, haciendo fraude fiscal o moviendo "sus influencias" a su favor.

Beneficiarios del programa PROSPERA: de acuerdo con el gobierno, el programa PROSPERA va dirigido a las familias que no pueden sostener sus gastos de salud, educación ni alimentación, una manera de decir que es una ayuda para los más pobres del país. El máximo que el gobierno da es un apoyo de 1825 pesos, y 2945 pesos si la familia tiene un miembro en educación media superior becado.

Estas familias, que tienen problemas para alimentarse adecuadamente, tendrán que hacer el 3 de 3 de sus propiedades, sus nexos con el gobierno, y sus impuestos, para ver si no están delinquiendo de alguna manera.

La iniciativa privada: las empresas que tengan negocios con el gobierno a cualquier nivel deberán presentar sus 3 de 3. No solamente se deberá comprobar que la empresa esté en regla, todos los empleados deberán hacer su 3 de 3 (desde los directores ejecutivos hasta el personal de mantenimiento) así como sus respectivos cónyuges. Y sí, las empresas internacionales también tendrían que hacerlo.

Pensionados: en México hay 3.6 millones de pensionados por parte del IMSS y del ISSTE, de ellos el 90% recibe menos de 31.000 pesos (1.649 dólares) Al recibir recursos públicos, ellos también estarían obligados a presentar sus respectivas declaraciones, incluso cuando el 90% no está obligado a pagar impuestos.

En México el Servicio de Administración Tributaria es la oficina encargada de recaudar impuestos y verificar que todos estén al día en ello, que el Sistema Nacional Anticorrupción vuelva a pedir esa información a personas que reciben tan poco dinero nos meterá en un problema burocrático mayor.

Mientras tanto, los diputados tienen el segundo sueldo más alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los senadores 74 mil pesos mensuales y el sueldo de los senadores es tan opaco que nadie sabe en realidad cuánto ganan y mucho menos todos los otros datos que pedía la Ley 3 de 3 original.