Los mexicanos estaban por elegir a 500 diputados federales, más de mil alcaldes y a nueve gobernadores. Ellos hacían campaña para pedir el voto, los electores apenas y tenían información sobre sus candidatos. Era el proceso electoral de 2015.

Esa demanda ciudadana de saber quiénes son esos candidatos, en qué han estado metidos, cómo ha sido su desempeño en el pasado, se convirtió en abril de 2015 en la plataforma [CandidatoTransparente.mx](http://candidatotransparente.mx/api/api-docs#!/api), un sitio web en el que los aspirantes a un cargo de elección popular tenían la opción de transparentar tres documentos:

– **Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla pública en caso de resultar electos**. Permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares… y no debido a irregularidades cometidas durante la gestión pública.

– 
**Declaración de intereses**. Permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario.

– **Declaración fiscal**. Es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. De esta manera se corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo.

Este fue sólo el principio de una exigencia ciudadana a favor de la transparencia. Que sólo 406 candidatos —[de los 4.500 registrados](http://www.ine.mx/2015/Docs/Numeralia_ProcesoElectoral_2014-2015.pdf)— publicaran su 3 de 3 hizo ver a la ciudadanía que era momento de exigir más.

En octubre de 2015 nació la iniciativa [**#3de3**](http://hipertextual.com/2016/03/ley-3-de-3-importancia), **que promueve que todo funcionario de gobierno, y no sólo los candidatos, hagan públicas sus tres declaraciones**. Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzaron el sitio [3de3.mx](http://3de3.mx/#/), una plataforma digital que concentra en un mismo sitio los nombres de legisladores, líderes políticos o servidores públicos que deberían ser transparentes ante la ciudadanía.

Esta plataforma permite consultar las declaraciones de los funcionarios públicos y candidatos —ahora del proceso electoral en 2016— que ya se sumaron a este ejercicio de transparencia y contra la corrupción.

Pero según las organizaciones convocantes, los resultados siguen sin ser los ideales:

– Sólo un integrante del gobierno federal ha entregado su 3 de 3
– 16 senadores de 128
– 103 diputados federales de 500
– 12 gobernadores de 32

**Y no, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no ha publicado su 3 de 3.**

¿Debería la transparencia ser una opción para los funcionarios públicos? Transparencia Mexicana y el IMCO consideran que no, por eso desde febrero pasado esta plataforma digital contra la corrupción comenzó a recorrer el camino para convertirse en ley.

¿Y quién está detrás de esta legislación? La misma ciudadanía. Las organizaciones civiles se dieron a la tarea de juntar las 120.000 firmas que exige la legislación mexicana para presentar una iniciativa de ley ante el Congreso. En dos meses se juntaron 634.143 firmas de mexicanos que apoyan esta iniciativa contra la corrupción.

La Ley 3 de 3 es una propuesta para que México cuente con una Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sería parte del Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó en mayo de 2015 pero que aún no está en funcionamiento porque no se cuenta con las leyes para operarlo.

## Las herramientas que propone 3 de 3

Esta iniciativa de ley recoge el espíritu de la propuesta 3 de 3 pero va más allá en cuanto a las herramientas para el combate a la corrupción:

1. Incluye la obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

2. Establece directrices sobre “la conducta ética esperada de los servidores públicos”.

3. Se plasman sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.

4. Contiene mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

5. Señala una clasificación de los diez actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

6. Crea una plataforma digital que centralice información que se necesitaría para una investigación de corrupción de cualquier órgano de gobierno.

7. Incluye sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción.

La iniciativa ciudadana **llegó al Senado en marzo pasado** y para seguir en la mecánica de involucrar a los mexicanos en el proceso, en el sitio web [Ley3de3.mx](http://www.ley3de3.mx/es/) se puede seguir la discusión legislativa pero también “adoptar” a un senador. 
En la plataforma es posible enviar un tuit, un correo electrónico o escribir un post en Facebook  para exigir a cada uno de los senadores mexicanos que apoyen la Ley3de3. 
Hasta ahora, el proceso legislativo se ha enfrentado a diversos obstáculos. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el del presidente Peña Nieto) y su aliando, el Verde Ecologista de México se han opuesto a la iniciativa Ley 3 de 3.

**Los legisladores de esos partidos —que son mayoría en el Congreso mexicano— proponen que no sea obligatorio y sí opcional** que las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal se publiquen. Las organizaciones civiles consideran que se menosprecia la exigencia ciudadana de transparencia y combate a la corrupción.

Una lucha que empezó en 2015 con la necesidad de saber más de los candidatos a cargos de elección popular es ahora una batalla en el recinto legislativo mexicano que se desarrolla a contrarreloj: el periodo ordinario de sesiones del Congreso culmina el próximo 30 de abril y los ciudadanos exigen tener una Ley 3 de 3 cuanto antes.

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