En España uno tiene la sensación de vivir, prácticamente, a merced del oligopolio de las compañías eléctricas y la complicidad del Gobierno de turno (independientemente del partido político que esté en el poder). Desde que se comenzó a liberalizar el mercado en el año 1997 para adaptarnos al marco europeo, un proceso que debió ser similar al de la liberalización de las telecomunicaciones, el usuario ha visto como cada vez paga más por su factura de la luz y la legislación aumenta constantemente el precio del suministro a la vez que se van añadiendo tasas "compensatorias" que también abona el usuario final. Si como alternativa a la escalada de costes, muchos usuarios habían optado por auto-generar su propia electricidad gracias a las energías renovables, el Gobierno de España penalizará a estos usuarios imponiéndoles una tasa, llamada peaje de respaldo, para compensar a las eléctricas por el negocio que están perdiendo.
El autoconsumo como vía de ahorro
Si tenemos en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea con más horas de sol, no es descabellado pensar que la energía solar sea una de nuestras fuentes de energía; una apuesta por la generación de energías limpias frente a alternativas como las centrales térmicas o las centrales nucleares (España dispone de 6). Sin embargo, en España siempre se ha dado la paradoja de su alta dependencia del carbón y, por tanto, de las centrales térmicas así como la importación de fuentes energéticas extranjeras en vez de apostar fuertemente por las energías limpias.
Hubo una época en la que desde los poderes públicos se incentivó el ahorro energético y la apuesta por las energías renovables y muchos usuarios invirtieron en instalaciones fotovoltaicas, se desarrollaron parques solares privados para generar electricidad y vendérsela a las eléctricas e, incluso, el Código Técnico de Edificación (la norma que regula cómo se construyen los edificios) recogió como obligatoria la instalación de placas solares en edificios para calentar el agua y ahorrar energía.
Con este contexto, y con el precio de la energía en ascenso por los precios fijados en las subastas gubernamentales, aumento de impuestos o tasas que paga el consumidor para compensar a las compañías eléctricas para que compren carbón nacional (más caro) que el carbón de importación (más baratos) han provocado que el "ahorro energético" se haya convertido en prioritario para empresas y particulares. Muchas empresas han invertido en instalaciones que generan electricidad para auto-consumo y así bajar un poco la factura del suministro convencional y, por ejemplo, no es raro ver aparcamientos en los que las cubiertas se usan para alojar placas solares o usuarios que en las azoteas de sus casas o en sus tejados instalaron placas fotovoltaicas.
¿El problema? Para el usuario ninguno puesto que, con el ascenso continuo de los precios, este tipo de inversiones tenían un retorno muy rápido y, evidentemente, para las empresas igual. Sin embargo, para las compañías eléctricas suponía una pérdida de negocio que no iban a consentir. En mi opinión, el oligopolio de las compañías eléctricas en España es un lobby, un grupo de presión que ha manejado siempre a los Ministerios de Industria para conseguir un "marco legal" a su total medida y la imposición del peaje de respaldo es una buena prueba de ello.
El peaje de respaldo
¿Y en qué consiste el peaje de respaldo? Imponiendo esta tasa se provocará una situación totalmente surrealista: el usuario que genera su propia electricidad pagará un 27% más que si les contratase a las compañías eléctricas el suministro y, evidentemente, a esto hay que sumar los costes de la inversión realizada. Este peaje, o más bien estafa, tiene como objetivo "regular el mercado" y evitar que el oligopolio se venga abajo si con tantas subidas los usuarios deciden apostar por generar su propia electricidad.
El Gobierno de España ha definido el peaje de respaldo en un borrador de un "Decreto sobre Autoconsumo" que ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía para su revisión aunque, eso sí, la opinión de este organismo no es vinculante y, por tanto, sus aportaciones o correcciones no tienen por qué ser tenidas en cuenta (así que es de esperar que el escenario no cambie demasiado). Según este decreto, el Gobierno tendrá el control para fomentar o penalizar el autoconsumo eléctrico, quedándose con la potestad para elegir qué primar, la energía producida por las eléctricas o la que producen los usuarios (evidentemente parece que se primará lo primero).
Si consumir energía eléctrica procedentes de unas placas fotovoltaicas que cada vez son más asequibles termina siendo más caro que pagar a las eléctricas, con este Decreto el Gobierno manda al traste el ahorro energético y la libertad de elección.
¿Pero qué significa el respaldo? Por el nombre creo que nos podemos hacer una idea de qué significa esta tasa; es un gravamen que sufren los usuarios que generan su propia electricidad por conectarse a la red general como "opción de backup". Dicho de otra forma, si bien los usuarios generan su propia electricidad también están conectados a la red "por si acaso" y también pueden llegar a "devolver a la red" la electricidad que les sobra y es precisamente en este punto de la conexión donde el Gobierno pretende aplicar esta nueva tasa.
La estafa del suministro eléctrico en España
Como consumidor y, por tanto, como alguien que paga su factura a la compañía eléctrica, el funcionamiento del sector en España me parece una auténtica estafa; un aparato que parece montado para que las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enesa, EDP -Energías de Portugal y E.ON) se repartan un pastel en el que controlan el 80% de la generación de la electricidad y el 90% de la comercialización.
Alrededor del 70% de la factura que pagamos los consumidores se debe a tasas, peajes y compensaciones (moratoria nuclear, tasas del carbón, transporte de electricidad, incentivos a las renovables, etc) y solamente un 30% se debe al consumo real que hacemos; una maquinaria perfectamente engrasada en la que los usuarios de manera directa y de manera indirecta a través de sus impuestos llenan las arcas de las compañías eléctricas (900 millones de euros se estiman que irán desde los Presupuestos Generales del Estado a las eléctricas) y que con la imposición del peaje de respaldo se verán beneficiados de mayor actividad de negocio (apartando a la "pequeña competencia").
Con medidas así y con un mercado casi dibujado por las compañías eléctricas no es de extrañar que los ex-políticos una vez cesados de sus puestos en Ministerios, Parlamentos o, incluso, al dejar de ser Presidentes del Gobierno tengan un "retiro dorado" como asesores o consejeros de las compañías eléctricas. Alrededor de una treintena de ex-altos cargos trabajan en compañías eléctricas: expresidente del Gobierno Felipe González es consejero en Gas Natural Fenosa, el expresidente José María Aznar es asesor de Endesa, el ex ministro de Economía Pedro Solbes es asesor de la filial italiana de Endesa, la ex ministra de Economía Elena Salgado es asesora para la filial chilena de Endesa, el ex secretario general del PP y ex ministro del Interior Ángel Acebes es asesor en Iberdrola.
Una retroalimentación políticos - compañías eléctricas que nos dibujan un panorama en el que, al final, es el consumidor final el que acaba perdiendo.
