Una de las actividades que más eco ha tenido durante el último año son los casos de ciberataques y de robo de información a grandes compañías; un año en el que hemos visto caer la PlayStation Network o los sistemas de organismos como la OTAN o la CIA. Hoy se ha conocido la sentencia de un caso relacionado con el ciber-espionaje en el que un tribunal de Francia ha condenado a la compañía energética EDF (que depende del Estado) a una sanción de 1,5 millones de euros (unos 2 millones de dólares), además de condendar a dos de sus directivos, por contratar a una compañía que se coló en los sistemas de la organización ecologista Greenpeace y les robase información.
EDF es una de las grandes empresas del sector de la energía en Europa (es propietaria, por ejemplo, del principal operador de energía nuclear del Reino Unido) y, desde hace unos años, se encontraba en un litigio que la enfrentaba a Greenpeace puesto que esta última la había acusado de robarle documentos y auspiciar una intrusión a sus ordeandores de la cual habían sido sustraídos los documentos. El enfrentamiento no era casual puesto que ambas compañías llevan años enfrentándose a causa de la energía nuclear, ya que en Francia el 75% de la energía eléctrica producida proviene de centrales nucleares y EDF es el operador nacional.
Según ha dictaminado el tribunal, hace 5 años, EDF contrató a Kargus Consultores, una agencia de investigación que estaba dirigida por un antiguo miembro del servicio de inteligencia francés, con el cometido de averiguar cuáles eran las intenciones de Greenpeace en Francia y los planes de la organización para boicotear la construcción de las nuevas centrales nucleares del Reino Unido. Ni cortos ni perezosos, la compañía del antiguo espía logró acceder al ordenador de Yannick Jadot, el antiguo director de campañas de Greenpeace, y le robaron más de 1.400 documentos.
Durante el juicio, EDF siempre mantuvo que también era una víctima de la compañía a la que habían contratado, puesto que aunque, querían conocer los movimientos de Greenpeace, desconocían que el material utilizado era robado. Sin embargo, el tribunal de Nanterre, en su sentencia, ha condenado a pagar 1,5 millones de euros de multa, al segundo al mando de la seguridad de la compañía, Pierre-Paul François, a 3 años de prisión y 30 meses de inhabilitación, al jefe de seguridad nuclear, Pascal Durieux, a 3 años de prisión, 2 de inhabilitación y una multa de 10.000 € por orquestar la operación de espionaje y a Thierry Lorho,, responsable de Kargus (la compañía contratada para perpetrar la intrusión), a 3 años de prisión, 2 de inhabilitación y una multa de 4.000 euros. Además, Greenpeace tendrá que ser indemnizada con 500.00 € por daños y perjuicios.
La multa contra EDF y la indemnización otorgada a Greenpeace es un fuerte aviso a la industria nuclear que indica que nadie está por encima de la ley. Ahora que estamos en una fase previa a las elecciones presidenciales, la sentencia muestra que la industria nuclear no es compatible con la democracia francesa. Los votantes deben mantener en su mente este escándalo y asegurarse que la energía no es un rehén de la industria nuclear y la clase política
Teniendo en cuenta la alta dependencia de Francia de la energía nuclear y el desastre de Fukushima, en el país se ha vuelto a abrir el debate alrededor de la energía nuclear y la seguridad de las instalaciones, por lo que la relación entre los activistas y el Estado pasa por una fase bastante tensa.
Las pruebas presentadas en el juicio demostaron el espionaje realizado por EDF en su esfuerzo para desacreditar a Greenpeace de una manera ilegal. Ahora EDF debería dar una explicación completa de la operación de espionaje que orquestó [...] La duración de las sentencias dictadas muestran la seriedad de los hechos realizados por una empresa propiedad del Estado francés
Y es que la relación de Greenpeace con la industria nuclear y el gobierno de Francia siempre ha sido bastante tensa. Hace 26 años, la Dirección General de la Seguridad Exterior (el servicio de inteligencia francés) atentó contra el buque insignia de la organización, el Rainbow Warrior, en 1985, cuando la organización intentó acceder al Atolón de Mururoa (en la Polinesia Francesa), un lugar en el que Francia realiza sus pruebas nucleares. Este acto de sabotaje provocó que el barco se hundiese y no pudiese ser reparado, aunque el gobierno siempre alegó que Greenpeace estaba invadiendo sus aguas territoriales y, por tanto, nunca lo consideró un ataque o un acto de sabotaje.
Así que, para Greenpeace, esta victoria judicial tiene un doble significado puesto que los jueces franceses les han dado la razón y han condenado a una entidad que depende del mismo Estado que hundió su barco.