El día de ayer, más de cincuenta medios de comunicación, encabezados por Televisa y TV Azteca a través de la Iniciativa México, suscribieron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Dicho pacto se celebró entre las diferentes empresas mediáticas, sin intervención --aparente-- del gobierno federal. Se trata de un conjunto de direcciones editoriales en las que los medios se comprometen, básicamente, a ponerse en contra de la delincuencia organizada, a evitar las apologías del crimen, garantizar la protección a los periodistas y no interponerse en las acciones del gobierno.

El texto, un decálogo de buenas intenciones, es prácticamente una declaración de alineación con la actual estrategia nacional de combate al narcotráfico. Llaman la atención muchas situaciones peculiares. Por ejemplo, que el pacto se celebre justo cuando comienza a arrancar la carrera por la sucesión presidencial en 2012 o que sea impulsado por el duopolio televisivo, actualmente en pugna por prácticas monopólicas, conflicto en el que el gobierno tendrá la última palabra mediante la Comisión Federal de Competencia.

Entre los puntos más controvertidos se encuentran la negativa a reproducir lenguaje o imágenes relacionadas con actos de violencia con el narcotráfico. ¿Cuáles serán estas palabras que quedarán excluidas del diccionario? ¿Narcoterrorismo? Si bien se habían levantado quejas por el uso de material gráfico sobre ejecuciones o decapitados, también quedarían desterradas las narcomantas o las expresiones gráficas que aluden a criminales, como los narcocorridos.

Otro de los puntos es darle la dimensión adecuada a los sucesos. ¿Cuál es? ¿La que dicte la línea oficial, la que interpreten los medios? En el acuerdo, se pide dar el contexto y comprar la situación con otros países. Entonces, estoy seguro, comenzaremos pronto a escuchar que no somos Colombia en los noventa y otros discursos similares. Sólo porque otros estén (o hayan estado) peor, no significa que aquí estemos bien.

Por desgracia, en muchos puntos de México la violencia es una situación cotidiana. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un refrán. Puntos como "Tomar una postura en contra" o "No interferir en las acciones del gobierno" nos hablan de una atadura que, sea desde los mismos empresarios o desde la cúpula política, está diseñada para maquillar la realidad de un país convulso por las balas.

Estoy consciente que reportar el narcotráfico se ha convertido, para miles de periodistas, en una labor en la que se juegan la vida. El problema es el mensaje de fondo: la paz social, la seguridad y la integridad del oficio deberían estar asegurados desde el Estado. Con el acuerdo, el mensaje cambia a que el periodista quedó en fuego cruzado no porque la situación de violencia sea insostenible, sino porque se metió donde no debía.

Hay varios medios que no han suscrito el acuerdo, como la revista Proceso, los diarios La Jornada y Reforma, o la cadena de radio MVS. Por supuesto, el debate queda abierto a si se trata de un proceso de autorregulación o si es un sometimiento tácito a la estrategia federal contra el narcotráfico. Por desgracia, apunta hacia que varios medios se convertirán en reproductores de la agenda oficial e instrumentos de propaganda, filosos como una tijera de punta roma.

Por cierto, antes de salir, tape el bote para que no se vea la basura.