Hace diez años el conflicto de San Salvador Atenco marcó el devenir de México. El uso desmedido de la fuerza pública y la saña con la operaron las autoridades del Estado de México sentaron un preocupante precedente en el modo en el que se castiga las protestas en México.
Lo que empezó como un conflicto local, el desalojo de unos vendedores de flores del mercado de San Salvador Atenco por parte de policías municipales, escaló en sólo dos días a un violento operativo federal que dejó en evidencia al gobierno del Estado de México por su falta de respeto a los derechos humanos. Los policías cerraron los accesos a San Salvador Atenco y se enfrentaron a los pobladores.
Todo comenzó con el desalojo injustificado de los vendedores de flores, lo que provocó la ira del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y derivó en una pelea entre los policías y algunos de sus miembros. Fue al día siguiente, el 4 de mayo de 2006, cuando la fuerza del Estado se manifestó en todo su "esplendor": ingresaron a San Salvador Atenco más de tres mil policías en un operativo que duró 10 horas, dejó 50 heridos, 200 pobladores detenidos, dos muertos – uno de ellos tenía 14 años - y 26 mujeres abusadas sexualmente.
Los afectados presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Pero, pese a las evidencias, la Suprema Corte de Justicia resolvió que Enrique Peña Nieto y Eduardo Medina Mora, el gobernador y el secretario de Seguridad Pública, el actual presidente y uno de los actuales ministros de dicha corte, respectivamente no tenían responsabilidad sobre el actuar de los policías durante el operativo de Atenco. Sólo 21 policías fueron suspendidos y diez años después ningún alto mando ha sido castigado.
¿Por qué el uso desmedido de la fuerza en San Salvador Atenco?
El aeropuerto que no fue
En 2001, Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en el limítrofe de los municipios del Estado de México San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Por las tierras donde se construiría el aeropuerto, se ofreció a los propietarios entre 7,20 y 25 pesos mexicanos por metro cuadrado, menos de un dólar al cambio actual.
Los propietarios no aceptaron, y se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El movimiento logró echar para atrás el aeropuerto de Fox y obtuvo el apoyo y solidaridad de otros grupos de resistencia como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los 400 pueblos de Oaxaca y el Frente Popular Francisco Villa.
Atenco se había convertido en un centro de resistencia de referencia nacional e internacional. ¿El problema? Era un centro de rebeldía demasiado cerca del Distrito Federal. De la casa presidencial, conocida como Los Pinos, al centro de San Salvador Atenco sólo hay una hora de camino.
En 2006, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, justificó el operativo. Incluso durante su campaña presidencial en 2012, Peña Nieto fue confrontado por lo sucedido en la Universidad Iberoamericana. En ese entonces dijo:
Asumo plenamente la responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero, reitero: fue una acción determinada en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública para restablecer el orden y la paz.
Asumir su responsabilidad no le impidió llegar a la presidencia. Atenco fue sólo el principio de las respuestas desproporcionadas por parte de las fuerzas públicas. Hace poco más de un mes, en el Estado de México, ha sido aprobada la “ley Atenco” que permite, entre otras cosas, el uso de armas de fuego, descargas eléctricas y aerosol irritante cuando se considere que la protesta es ilegal. En caso de que los elementos policiales no recurran a estas fuertes medidas por razones personales serán sometidos a investigación interna.