En 2006 tuvieron lugar los disturbios de Atenco, unos enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad estatales y federales en la ciudad de San Salvador Atenco. Dos hombres murieron, 207 personas fueron detenidas incluyendo a diez menores de edad, y se realizaron 146 detenciones arbitrarias. También se expulsó a cinco extranjeros del país y hubo numerosas protestas por vejaciones y violaciones a 26 mujeres. Más tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México determinó que en estos disturbios hubo abusos policiales y violaciones graves a los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ratificó argumentando que la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México, a través de sus funcionarios, cometieron "violaciones graves de garantías individuales" contra manifestantes, ciudadanos y periodistas durante los altercados.
Casi diez años después de aquel artículo, el Estado de México ha aprobado la ley que da derecho a las fuerzas de seguridad estatales y municipales a intervenciones tan duras y desproporcionadas como aquellas cuando se considere que una protesta es ilegal, incluyendo el uso de armas de fuego como vía de defensa ante estas manifestaciones, como recoge el artículo octavo:
"Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos."
Más detalles de la ley:
"Además de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas."
"A los mandos y elementos cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan."
Morena fue el único partido en votar en contra, y a través de su presidente estatal, Horacio Duarte, ya ha avisado de que luchará para lograr el decreto de inconstucionalidad para esta ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según él, es un artículo comparable al 362 del Código Penal de la Ciudad de México sobre los ataques al orden público, que la Corte declaró inconstitucional:
"Vamos a hacer todos los esfuerzos jurídicos, políticos, de movilización para que en el Estado de México no se imponga una ley represiva que atenta contra las libertades ciudadanas."