Cientos de miles de personas son forzadas a trabajar como estafadores digitales en el Sudeste Asiático. De acuerdo con un informe de la ONU, la mayoría de las víctimas están en Myanmar —devastada por el conflicto— y Camboya. Son obligadas a participar en fraudes de criptomonedas, juegos de azar ilegales y hasta engaños románticos.
El reporte fue elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La agencia cita «fuentes creíbles» de que 120 mil personas en Myanmar y 100 mil en Camboya «podrían estar retenidas en situaciones en las que se ven obligadas a realizar actos de estafa digital».
Lao, Filipinas y Tailandia son países de destino o tránsito, con al menos decenas de miles de personas involucradas desde 2021. La ONU aclara que las reales dimensiones de la situación de abuso es difícil de estimar, debido a la clandestinidad del negocio y algunas «lagunas» en la respuesta de las autoridades oficiales. Sin embargo, el informe dice que los centros de estafa generan ingresos de miles de millones de dólares todos los años.
La mayoría de las víctimas son hombres, pero también hay mujeres y adolescentes, señala la oficina de derechos humanos de la ONU. Muchas han sido sometidas a detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y otros trabajos forzados.
«Las personas que son obligadas a trabajar en estas operaciones de estafa sufren un trato inhumano mientras se las obliga a cometer delitos. Son víctimas. No son criminales».
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La pandemia impulsó los centros de estafas digitales
La ONU explica que la pandemia de la COVID-19 impulsó este tipo de actividades ilícitas en toda la región. La cuarentena cerró los casinos en muchos de estos países. En respuesta, los dueños de casinos movieron sus negocios a espacios menos regulados, como las fronteras afectadas por conflictos armados o plataformas en internet.
El informe señala que, aunque algunos países del sudeste asiático han establecido marcos legales para combatir la trata, en algunos casos no cumplen con los estándares internacionales. «Su implementación no ha logrado responder adecuadamente al contexto y la sofisticación de estas estafas en línea», resalta el documento.
El perfil de la víctima que explica el documento habla de personas con alto nivel educativo, con títulos de grado o posgrado, conocimientos de informática y multilingües. Las organizaciones criminales apuntan a migrantes en situaciones vulnerables, que estaban, por ejemplo, varados en estos países y sin trabajo debido al cierre de fronteras y de negocios. Les engañan con la oferta de trabajo real.
La policía filipina lideró en junio pasado una redada para rescatar a más de 2.700 personas. Las víctimas de trata eran originarias de China, Filipinas, Vietnam, Indonesia y más de una docena de otros países. Los criminales obligaban a estar personas a trabajar para sitios fraudulentos de juegos en línea y otras estafas digitales.
La ONU demanda voluntad política
La oficina de derechos humanos de la ONU dice que también hay víctimas de países como China continental, África o, incluso, América Latina. «Al seguir pidiendo justicia para quienes han sido defraudados mediante la delincuencia en línea, no debemos olvidar que este complejo fenómeno tiene dos grupos de víctimas», declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
Los criminales de estos centros de estafa suelen mover sus operaciones, y muchas veces a las víctimas de trata, entre los países del Sudete Asiático. Esto demuestra que los Estados de la región necesitan adoptar urgentemente una solución conjunta para atender el problema, dice la ONU. «El conocimiento y la capacidad tardan tiempo en construirse, y se requiere más investigación», menciona el documento.
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordaron en mayo pasado reforzar los controles fronterizos. En una cumbre en Indonesia, los gobiernos también se comprometieron a ampliar la educación pública como una herramienta para enfrentar a estos grupos delictivos.
Se necesita voluntad política, asegura la organización, para detener a estos grupos de trata y estafadores digitales. «Un enfoque holístico es la única solución para romper el ciclo de la impunidad y garantizar protección y justicia», concluye el informe.
