No son buenos tiempos para Housers. En cuestión de apenas unas semanas, la plataforma de crowdfunding inmobiliario se ha encontrado con una asociación de afectados por su actividad que, entre otras cuestiones, estartía preparando una serie de demandas contra la compañía por estafa, administración desleal y apropiación indebida. Justo antes, de hecho, de que los problemas del pasado de la compañía se den cita en los juzgados para resolver una de las disputas más sonadas en lo que a relación de fundadores se refiere.
Un poco de contexto
Housers nacía en verano de 2016 con una idea clave para una España que aún sufría la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué no hacer del inversor particular un pequeño promotor? El ladrillo, pese a todo, seguía siendo una inversión prometedora a largo plazo.
De esta manera, la compañía ofrecía un sistema de crowdfunding para la construcción en el que cada participante aportaría algo de dinero para comprar un edificio, construir en su lugar algo nuevo y después venderlo. Después, todos se repartirían el beneficio.
La democratización del sector inmobiliario en la que Hausers no navega sola ni mucho menos. En España, la enseña compite Estateguru, Brickstarter o Evostate entre otras muchas ofrecen sistemas similares de inversión inmobiliaria.
Pese a todo, Housers llamó la atención desde el primer momento. Tono Brusola venía del equipo de ventas de Tuenti y junto a Álvaro Luna crearon la compañía en el marco del boom del emprendimiento en España. Forma parte de la liga de startups bien financiadas para ampliar su expansión internacional.
No fue hasta 2017 que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio luz verde para comenzar a operar bajo su modelo de inversión colectiva; un movimiento que se entendió como una forma de solucionar el caos del sector del crowdfunding. Un modelo que, en la primera fase la compañía, se organizaba en base a sociedades limitadas –de las que Housers era accionista–, para pasar a un sistema de préstamos participados mucho más eficiente para las partes.
1. El pacto de socios de Housers a debate
El primer traspiés de la compañía llegó en 2018, cuando la relación entre los socios fundadores de Housers salta por los aires. Unas facturas impagadas son las que parecen tener la culpa la ruptura de la relación que termina con Brusola fuera de Housers. Tras él, Juan Antonio Balcázar tomó las riendas de la compaía y se mantiene en la actualidad.
De hecho, la salida de Brusola es la que se dirime hoy en día con un arbitraje que dará comienzo esta semana. Tras la salida del fundador de Housers, la junta entendió que existía un incumplimiento de los pactos de socios. De esta manera, se le retira el 20% de su participación junto a cualquier derecho en la compañía.
Según ha podido saber La Información, la resolución de este arbitraje determinará si hubo incumplimiento o no; una decisión que no se prolongará más de dos meses. De tener la razón Brusola, Housers deberá abonar 600.000 en concepto de multa y costes, además de devolver el 20% de la participación en la sociedad al fundador.
2. El juego de los frentes cruzados
Ni que decir tiene que la salida de Brusola trajo sus consecuencias. Por un lado, Housers demandó al fundador por apropiación indebida, descubrimiento y revelación de secretos al tener acceso a las cuentas de la firma y sus filiales -pese a su salida en 2018, Brusola no fue expulsado como administrador hasta 2019–. La demanda fue rechazada en primera instancia a la espera de una revisión.
En septiembre de 2019, la CNMV impuso varias sanciones por valor de 215.000 euros por infracciones muy graves en la plataforma. Entre ellas, el principio de neutralidad y actuación para el interés de los clientes, según publicaba el BOE en esas fechas. Añadían otra sanción por realizar actividades para las que no estaban registrados y por la publicación de un proyecto sin las condiciones establecidas.
¿Qué tiene que ver la CNMV con Brusola? Housers exige daños y perjuicios al antiguo gestor de la compañía al considerar que las sanciones de la CNMV son consecuencia de su actividad dentro de Housers antes de su salida. Y por lo tanto, un perjuicio para su futuro y actividad económica.
Pese a todo, Housers está en el punto de mira de la propia CNMV pos lo agitado de su actividad desde hace tiempo y por la cuestión del sistema de organización de las inversiones en referencia a los administradores de cada operación.
3. La guinda del pastel: las supuestas quejas de los inversores de Housers
La proximidad al arbitraje se ha dado de lleno con un nuevo frente para Housers.
Idealista/News publicaba, hace unos días, un largo artículo en el que se afirmaba que una asociación de afectados por Housers –aún en constitución– iniciaría acciones legales por estafa, administración desleal y apropiación indebida. Solo por sus socios –unos 30–
Según el medio, algunos proyectos de la compañía habrían tenido problemas de licencias sufriendo retrasos no comunicados a los inversores, e incluso proyectos que sabiendo de su imposibilidad han salido adelante. Según sus datos, habría casi 30.000 inversores atrapados comprometidos con 23 millones de euros en 42 proyectos –la mayor parte de ellos bajo la antigua modalidad de creación de sociedades–. El más sonado el caso del proyecto de Santa Eulalia en Tetuán, pendiente desde 2016 y aún sin construir ni devolver el dinero, según el diario.es.
Inmediatamente, la posición de Idealista fue respondida por Housers con un vídeo en el que la compañía asegura que, durante el confinamiento, ya se han devuelto 5 millones en comisiones y negando las acusaciones de estafa y apropiación.
De momento, la única demanda activa fue rechazada en primera instancia y actualmente se ha presentado un recurso de apelación admitido a trámite. El abogado de la asociación, apunta a que otros 14 recursos están en camino.