Autor: Ana Zarzalejos
La carrera por la vacuna del coronavirus está avanzando a velocidades sin precedentes en un esfuerzo global por conseguir una solución a tiempo para controlar la pandemia.
Ante las primeras promesas de llegar a tener una vacuna en el mercado en los próximos meses —aunque muchos expertos advierten de que lo más probable es que no haya vacuna hasta 2021— comienzan a surgir las dudas sobre cómo sera la patente que proteja la comercialización de una vacuna.
Las informaciones sobre el desabastecimiento de suministros que advierten de la imposibilidad de garantizar el acceso mundial a una vacuna o las maniobras políticas supuestamente destinadas a hacerse con el control exclusivo de una investigación han puesto nerviosos a algunos países, que ya se están empezando a mover para asegurarse el acceso a la vacuna, independientemente del lugar en el que finalmente se desarrolle.
¿Y qué pasará en España?
En nuestro país, el Centro Nacional de Biotecnología avanza en la búsqueda de una vacuna por varias vías y una de ellas ha comenzado este mes los ensayos en ratones. En el mejor de los casos, estaremos entre los primeros en desarrollar una vacuna con éxito y el suministro estará asegurado.
Sin embargo, hay otros proyectos más adelantados —la Universidad de Oxford espera tener su candidato listo para septiembre y el Serum Institute de la India ya se ha comprometido a tener 40 millones de dosis listas— y lo más probable es que la vacuna se desarrolle fuera de nuestro país.
"España tendrá acceso rápido a la vacuna del coronavirus SARS-CoV-2 se logre donde se logre", aseguraba recientemente el ministro de Ciencia, Pedro Duque.
Patricia Ramos, directora de patentes de PONS IP, exlica a Business Insider España cómo funciona el sistema de patentes y por qué no hay que tener miedo a quedarse sin vacuna.
Qué es una patente y cuál es su objetivo
"Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar su invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia", tal y como explica el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
De por sí, una patente no es mala, insiste Ramos, sino que incentiva a quien haya desarrollado algo novedoso para que lo comparta con la sociedad garantizando que recuperará la inversión realizada a la vez que la sociedad puede beneficiarse del descubrimiento.
La experta advierte de que es muy pronto para saber todavía qué se está protegiendo mediante patente en el contexto de coronavirus y recuerda que en la carrera por la vacuna podrían darse muchos escenarios y que existen posibilidades de que haya más de una vacuna.
"Las posibilidades son infinitas. El que encuentre la primera vacuna puede ser una farmacéutica, un gobierno o incluso un consorcio de varios estados", explica.
Por tanto, la incertidumbre sobre cómo se articulara la patente es evidente, pero Ramos asegura que la ley está pensada para evitar los abusos y que hay motivos para ser optimistas.
Los posibles escenarios para la vacuna contra el coronavirus: existen mecanismos para garantizar que llegue a España
El peor de los casos para España sería una vacuna que se desarrolle fuera de la Unión Europea y que decida no importar a nuestro país, ejemplifica Ramos.
Incluso en este caso, la Ley Española de Patentes, 24/2015, recoge en su artículo 95 que "por motivo de interés público, el Gobierno podrá someter, en cualquier momento, una solicitud de patente o una patente ya otorgada, al régimen de licencias obligatorias.
La concesión de licencias obligatorias también está garantizada en el artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic), de carácter global; y en el 816/2006 europeo.
El interés público que define la ley incluye cuestiones de salud pública, de defensa nacional, o necesidades de abastecimiento. Bajo esta premisa, un Estado puede obligar a la empresa titular de la patente a permitir su fabricación o comercialización por otras empresas a cambio de una compensación.
Canadá, Chile, Ecuador y Alemania ya han tomado medidas para facilitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias obligatorias para medicamentos, vacunas y otras herramientas para el COVID-19. Asimismo, el gobierno de Israel emitió una licencia obligatoria para las patentes de un medicamento que investigaban para el uso del COVID-19, según explica Médicos sin Fronteras.
Sin embargo, no es tan idílico como suena. Europa, y por tanto España también, firmó el artículo 31bis del Adpic, que excluye a nuestro país del derecho a importar, ni siquiera en una emergencia nacional. Es decir, en caso de conseguir una licencia obligatoria, no se podría importar la vacuna y España necesitaría tener capacidad industrial para fabricarla.
Además, en España no se ha dado hasta ahora ningún caso de concesión de licencia obligatoria, pero Ramos señala que, llegado el caso, este es el escenario "idóneo" para que prospere.
En el peor de los casos, la Ley de Patentes también recoge la figura de la "expropiación por causa de utilidad pública" en la que la titularidad pasaría a ser del Estado o de dominio público a cambio de una "justa indemnización". Sin embargo, Ramos considera que es "improbable" que se llegue hasta ese punto.
El escenario más realista para PONS IP: habrá vacuna asequible para todos
Ramos señala que hay un aspecto esencial en esta pandemia que invita a pensar con optimismo. "El objetivo de una patente es recuperar la inversión y aquí lo importante es que la parte económica está salvada", asegura, señalando el gran número de fondos privados y públicos que se están destinando a la búsqueda de una vacuna, con respaldo de gobiernos y de consorcios.
Un informe de Salud con Derecho recoge las iniciativas globales destinadas a financiar la pandemia con dinero público "como los proyectos de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas; los proyectos de los programas Horizonte 2020, Innovative Medicines Initiative (IMI) y PREPARE de la Unión Europea; o el fondo de 826 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos".
En España en concreto, la inversión para proyectos de investigación relacionados con el nuevo coronavirus alcanza los 30 millones de euros, según el informe.
Patricia Ramos no cree ni que se vaya a necesitar llegar a un escenario de licencias obligatorias. "Lo normal es que ya se estén firmando acuerdos que todavía no sepamos", explica la directora de patentes de PONS IP.
Ramos insiste en que lo que más le importa a cada país es garantizar el abastecimiento. Con el suministro controlado, la experta cree que lo más probable es que la propia empresa ceda la licencia de forma voluntaria y que eso se negocie en un marco de consenso global.
En definitiva, no se descarta un escenario en el que habrá una vacuna a la que todo el mundo tenga acceso y pagando lo que se conoce como un "justiprecio", explica.
La previsión de Ramos se alinea con las declaraciones del presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, que aseguró que "la industria farmacéutica se ha comprometido a que no habrá ánimo de lucro y la vacuna llegará a todo el mundo a un coste asequible".
Lo cierto es que las instituciones se están moviendo en esa dirección. En abril se acordó una alianza entre la OMS, la Comisión Europea y otras organizaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates o la Alianza GAVI para las Vacunas, denominada Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, para acelerar el desarrollo de diagnósticos, medicamentos y vacunas contra la COVID-19 y asegurarse de que serán accesibles para todos los países.
“La experiencia del pasado nos muestra que incluso cuando tenemos a disposición las herramientas, estas no han estado al alcance de todos”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma) es uno de los socios fundadores de la iniciativa y participan también los principales gobiernos de todo el mundo, entre ellos el de España, según explica Farmaindustria.
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