Numerosos investigadores reciben dinero de empresas farmacéuticas cuyos productos ellos mismos evalúan. Se trata de una práctica legal, pero incrementa el riesgo de comportamientos poco éticos, alejados de una ciencia honesta. Sobre este asunto, la doctora Marcia Angell describía en The New York Times una situación con la que se encontró siendo editora de la revista médica The New England Journal of Medicine. Angell observó que un artículo científico, en proceso de revisión, no mencionaba los efectos adversos de un potente y nuevo fármaco. La médica decidió preguntar al autor del estudio por qué no aparecían. Sin pudor alguno, el autor reconoció que el patrocinador del estudio no lo permitía. Al final, este estudio no se publicó en dicha revista, pero sí en otra.
La anécdota de la doctora Angell no es un suceso aislado. Existe investigación en abundancia que muestra cómo los conflictos de intereses (CI) económicos desvirtúan las investigaciones médicas, especialmente cuando los patrocinadores son farmacéuticas y empresas de dispositivos médicos. Los estudios clínicos que reciben financiación de la industria tienen resultados favorables con mucha más probabilidad que los estudios independientes, incluso cuando se tiene en cuenta la calidad de los estudios. En ocasiones, esto ocurre porque las empresas no tienen interés en publicar artículos negativos para sus productos. Un ejemplo ilustrativo de ello es la revisión de 74 ensayos clínicos sobre antidepresivos: 37 de los 38 estudios positivos fueron publicados, mientras que 33 de los 36 estudios negativos no se publicaron o se publicaron de forma que transmitieran un resultado positivo. En otros casos, el diseño de los ensayos clínicos se adaptaba para tener más probabilidades de tener un resultado favorable.
¿Cómo actuar para frenar los posibles sesgos, distorsiones e incluso malas prácticas motivadas por estas relaciones económicas conflictivas? La respuesta mayoritaria a esta cuestión ha sido, hasta ahora, la obligación de declarar CI en los artículos científicos. Si un investigador ha recibido dinero de una empresa y el estudio científico en el que participa y es autor trata sobre un producto de dicha empresa, este investigador debe declarar abiertamente dicha relación financiera como CI. En la actualidad, se trata de una obligación impuesta por la absoluta mayoría de las revistas médicas de mayor impacto.
Relaciones entre investigadores y empresas del sector
Esta obligación de declarar CI se ha generalizado entre las revistas biomédicas como un "aviso a navegantes" para que los lectores puedan distinguir entre los estudios médicos independientes y aquellos cuyos autores tienen lazos con farmacéuticas, muy interesadas en que los resultados de sus productos sean positivos. Sin embargo, ¿tiene esto un efecto en la calidad real de las investigaciones médicas? ¿Forzar a los autores a que muestren sus CI consigue que sean más honestos con sus investigaciones y mejora la objetividad y la fiabilidad de sus artículos científicos? Esto es un hecho que se había dado por supuesto, pero del que realmente no tenemos apenas evidencias científicas. De hecho, no hay apenas estudios sobre los posibles efectos al declarar CI.
Ser transparente con los CI es, desde luego, mejor que no serlo. Sin embargo, estos siguen estando ahí, y si se ocultan datos, los lectores no pueden adivinarlo, aunque sean conscientes de que los autores de un artículo tienen estos conflictos. Las investigaciones que están surgiendo sobre los efectos de la transparencia sugieren que esta obligación ética no soluciona per se las malas prácticas. Un reciente artículo publicado en noviembre en la revista The British Medical Journal observó que el hecho de declarar CI no tuvo ningún efecto a la hora de revisar la calidad real de los borradores que se evaluaban para ser publicados. Para ello se analizaron a 838 revisores de artículos científicos entre los años 2014 y 2018 que se dividían en dos grupos. En uno no de ellos se recibían declaraciones de CI y en el otro no.
Los autores del estudio se dieron cuenta del "autoengaño" que sufrían los revisores. Estos declaraban que mostrar los CI era importante y que gracias a tener esta información podían corregir la influencia sesgada generada por ellos. Los resultados del estudio muestran, sin embargo, que esto no es cierto. Casi ninguno de los revisores que recibió declaraciones de CI informó de haber cambiado considerablemente su texto en la revisión como respuesta a estas declaraciones. En otras palabras, tal como se publican los CI en la actualidad, los revisores, que deciden si los artículos científicos se publican o no y los corrigen, no reciben la información y la guía necesaria para juzgarlos correctamente y los sesgos potenciales permanecen tras su publicación.
Ante este y otros hallazgos, parte de la comunidad médica (investigadores, clínicos, reguladores y ciudadanos) plantea atajar este problema de raíz: separar la atención e investigación sanitaria de las influencias comerciales. Si declarar conflictos de intereses no es suficiente para evitar los sesgos y manipulaciones, quizás lo que se debería evitar son esos mismos conflictos de intereses.
